La cúpula de la CEOE cierra filas sobre el salario mínimo interprofesional. Según ha podido saber La Información, Antonio Garamendi ha reunido a su Comité Ejecutivo en la mañana de este miércoles, en una cita extraordinaria, para fijar un posicionamiento común de los empresarios contra la subida del SMI que está planeando el Gobierno para 2021. De acuerdo con las fuentes consultadas, todos los sectores de la organización empresarial han manifestado su rechazo al incremento propuesto por el Ministerio de Trabajo, cerrando así un acuerdo unánime de la patronal.
El órgano de gobierno de la CEOE ha consensuado su postura en contra de las pretensiones del Gobierno de aprobar una subida del SMI de en torno a 15 euros para lo que queda de año. Eso sí, los empresarios han mostrado una clara disposición favorable a negociar una senda de incremento para los próximos ejercicios 2022 y 2023, una vez encarada la recuperación económica. De este modo, la patronal se desmarca de un eventual acuerdo tripartito en el marco del diálogo social y deja la decisión en manos del Gobierno, que podría contar con el apoyo único de los sindicatos.
En el cónclave empresarial han quedado patentes las posturas de los distintos sectores, alineadas en la dirección de rechazo al incremento de los costes salariales en un momento delicado para el tejido productivo, que todavía arrastra las consecuencias de la crisis Covid. En este sentido, sectores como la hostelería o la agricultura, así como las tecnológicas o el colectivo de trabajadores autónomos, representado por ATA, se han posicionado nítidamente en contra, según revelan a este medio fuentes conocedoras del contenido de la reunión celebrada este miércoles.
Asimismo, los sectores que trabajan para el sector público se han quejado de la imposibilidad de repercutir las subidas del SMI a los precios con las administraciones públicas, de modo que el Gobierno sube los salarios sin coste alguno para los servicios que percibe. Es una vieja reivindicación de la CEOE, que en varias ocasiones ha pedido al Ejecutivo la modificación de la Ley de Desindexación de la Economía para poder repercutir las subidas salariales en los precios de las contrataciones públicas, de modo que las empresas que prestan servicios a las distintas Administraciones no vean más limitados su márgenes e incluso incurran en pérdidas.
Los empresarios también han manifestado su preocupación por el incremento de las cotizaciones sociales. La asociación de trabajadores autónomos ATA lleva semanas advirtiendo de que la subida del SMI implicará un incremento automático de las cuotas de entre 3 y 12 euros, debido a que esta medida estaba prevista en los Presupuestos de 2021 y quedó paralizada hasta la actualización del salario mínimo. La patronal sostiene que cualquier alza de estos costes repercutirá de manera negativa en un momento de elevado endeudamiento empresarial y escaso o nulo colchón para invertir, tras meses de falta de ingresos.
La CEOE también considera que la subida tendrá efectos negativos en la creación de empleo en colectivos como los jóvenes, los trabajadores del campo o las empleadas del hogar. La patronal reclama políticas activas eficientes a través de la garantía juvenil, así como bonificaciones para incentivar su contratación. Para el sector agrario, demanda que se recuperen las ayudas a la transformación de temporales en indefinidos y bonificaciones a la contratación para un colectivo conformado por jóvenes, inmigrantes y empleados de baja cualificación. Y para la empleadas del hogar, reclaman ayudas fiscales para las familias que las contraten para evitar la pérdida de afiliación que el Banco de España ha relacionado con las subidas del SMI.
El Gobierno, por su parte, niega los efectos negativos del SMI en el empleo. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, aseguraba esta misma mañana que el impacto de una subida de esta referencia salarial hasta situarla en niveles "razonables y sensatos" es "pequeño y relativamente moderado" y pedía "sensibilidad y empatía" de los empresarios para que la respalden después de "todo el esfuerzo" que ha puesto el Gobierno en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y en las ayudas directas a las empresas para paliar el golpe de la pandemia.
Precisamente, está previsto que la próxima semana se abra la negociación entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos para determinar las condiciones en las que se prorrogarán los ERTE más allá del 30 de septiembre. Y también se reabrirá la mesa sobre la reforma laboral. Aunque desde varios ministerios se han negado interferencias entre las distintas mesas abiertas, fuentes de la patronal aseguran que el Gobierno está intentando presionar a los empresarios sobre el SMI con la negociación de los ERTE. En cualquier caso, todo apunta a que la CEOE no va a ceder en esta ocasión y el Ejecutivo tendrá que aprobar la subida del SMI en solitario o con el apoyo único de las organizaciones sindicales.
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