Así ha calculado Sánchez el SMI: precios y empleo al alza y productividad en barrena

La subida del salario mínimo la pactaron personalmente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el que ahora es su vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, a finales del año pasado, en el marco de las negociaciones de la coalición progresista y del programa de acción conjunto para esta legislatura. Un acuerdo político que después fue ratificado con la patronal y los sindicatos y que ya ha sido validado por el Consejo de Ministros. Para ello el Ejecutivo ha tenido que poner negro sobre blanco la 'fórmula mágica' que le ha permitido llegar a esa cifra de los 950 euros. Aunque no se trata de una operación matemática, en la memoria que acompaña al real decreto se ha realizado una "valoración global" de un conjunto de indicadores en los que merece la pena detenerse. ¿En base a qué elementos se ha fijado la subida del 5,56%?

Pues bien, en la 'Memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de real decreto por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2020', un documento elaborado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se explica que el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores establece que el Gobierno, a la hora de fijar el SMI, debe tener en cuenta la evolución de cuatro factores: el Índice de Precios de Consumo (IPC), la productividad media nacional, la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.

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Respecto al IPC, el estudio recuerda que "tras un largo periodo de inflación negativa" entre 2013 y 2016, el índice retornó a tasas positivas que alcanzaron el máximo a principios de 2017. Desde entonces se ha mantenido al alza, hasta cerrar 2019 con un incremento anual del 0,7%, y las previsiones de la Comisión Europea dibujan que el encarecimiento de los precios se acelerará con mayor intensidad en 2020, cuando el avance del IPC alcanzará de media anual el 1,1% para escalar al 1,4% en 2021.

De este modo, los técnicos del Ministerio recuerdan en su análisis que si entre los años 2010 y 2013 el IPC había crecido más que el SMI, a partir de 2014 la tendencia se invierte. En 2018 la inflación fue sensiblemente menor al alza aprobada para el sueldo mínimo legal (4%), mientras que en 2019 la diferencia entre el IPC y la subida sin precedentes del SMI del 22,3% es "significativamente más elevada". Y concluye que el incremento del salario mínimo aplicado en 2020 supondría de nuevo una subida por encima de la inflación del 1,1% prevista. En la siguiente tabla, recogida en la memoria, se aprecia la ganancia o pérdida de poder adquisitivo en los últimos 20 años.

Una vez analizado el impacto de la inflación en la renta del colectivo remunerado con el sueldo mínimo legal, el documento entra a valorar la evolución de la productividad. Y aquí el Gobierno reconoce que "el crecimiento intenso en creación de empleo" en el último año se acompaña de aumentos de la productividad "muy inferiores". Es más, lo que pronostican a medio plazo es un estancamiento de la productividad aparente por ocupado en una tasa de apenas el 0,1% anual en el periodo 2019-2022 y una caída en barrena de la productividad por hora trabajada, el indicador más ajustado, que sufrirá un desplome de hasta el -0,4% en el mismo periodo. 

La literatura económica ha analizado ampliamente la relación entre la creación de empleo y la productividad, y coincide, como el último informe trimestral del Banco de España, en que la economía española presenta un comportamiento contracíclico en esta variable que tiende a ser procíclica en la mayoría de las economías avanzadas. Es decir, en nuestro país la productividad suele reducirse en épocas expansivas y  aumenta en episodios recesivos.

Estudios recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han demostrado que las subidas de los salarios mínimos no solo mejoran la calidad de vida de los trabajadores más precarios, sino que también pueden contribuir a lograr una mayor productividad del trabajo. Sin embargo, el análisis del Gobierno parte de la premisa de que la productividad del mercado laboral español va a seguir estancada e incluso va a retroceder en los años venideros. 

"No se esperan grandes cambios en los próximos periodos", advierte el texto elaborado por el departamento que dirige Yolanda Díaz. "Se mantendría una productividad aparente por ocupado prácticamente estable, acompañada de una creación de empleo de entre el 1,5% y el 2% anual en los próximos años", concluye. Esto implica que, según los cálculos del Ejecutivo, España generará alrededor de 1,5 millones de puestos de trabajo equivalente a tiempo completo hasta 2022, cuando se superará la ambiciosa cifra de los 21,4 millones de ocupados. 

Respecto a la participación de la remuneración de los trabajadores en la renta nacional, de acuerdo con este análisis, "presenta un ritmo de crecimiento moderado en el último año, después de un comportamiento estable durante los anteriores 12 meses". Si en 2008 el peso de los salarios representaba alrededor del 50% de la renta nacional, en los últimos trimestres se sitúa en torno al 46%. Es decir, después de perder en el periodo 2008-2018 casi cinco puntos porcentuales a consecuencia de la crisis económica, en el último año ha empezado a recuperarse. Y esto es gracias tanto a la subida del SMI como a los mayores incrementos salariales pactados en el ámbito de la negociación colectiva. 

En su análisis el equipo del Ministerio de Trabajo concluye que "la coyuntura económica española es positiva". Recuerdan que el PIB ha crecido un 2% en 2019, lo que reconocen que supone "una cierta desaceleración respecto a los años anteriores". También admiten que el ritmo de creación de empleo se ha moderado, aunque seguirá creciendo, y que la tasa de paro cercana al 14% "continúa siendo relativamente elevada". Por eso –se resignan– "todavía queda camino por recorrer para alcanzar los niveles previos a la crisis".