Horas de intensos contactos entre el Gobierno y los agentes sociales para intentar llegar a un punto en común sobre el salario mínimo interprofesional (SMI). Cuando han pasado 12 días desde que Pedro Sánchez anunciase una subida "inmediata" y una semana exacta desde que se diera por concluida la negociación en la mesa del diálogo social, distintos miembros del Ejecutivo se han involucrado personalmente en estos acercamientos informales para tratar de convencer al líder de la CEOE de que se sume al acuerdo. Desde el propio presidente del Gobierno hasta la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han contactado con Antonio Garamendi en las últimas horas, según ha podido saber La Información por fuentes conocedoras de estos movimientos.
El Gobierno confía en alcanzar un acuerdo 'in extremis'. Aunque todo apunta a que los empresarios se mantendrán en su posición de rechazo a subir el SMI en 2021, tanto Sánchez como Díaz e incluso la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, no tiran la toalla con la patronal. No sería la primera vez que la CEOE se suma a un pacto tripartito en el último minuto (ya sucedió con la ley del teletrabajo, que tanto rechazo provocó de inicio en el mundo empresarial). En el otro flanco, respecto a los sindicatos, los esfuerzos son menores, porque el pacto pasaría por rebajar sus exigencias sobre la cuantía de este año y mostrar un compromiso expreso de darle un fuerte impulso a esta referencia salarial a partir del 1 de enero de 2022, cuando tendría que alcanzar los 1.000 euros mensuales, para avanzar en la senda de consecución del 60% del salario medio al final de la legislatura.
La prioridad ahora, por tanto, es arrastrar a los empresarios al pacto. Fuentes conocedoras de los contactos que se han estado produciendo a lo largo de estos días revelan que es la propia vicepresidenta Díaz quien ha levantado el teléfono para buscar el consenso con Garamendi. También el presidente del Gobierno tuvo ocasión de hablar con el líder empresarial la semana pasada, en una conversación informal durante un acto público, según desvelan las fuentes consultadas. ¿La intención? Apurar al máximo los plazos para conseguir un acuerdo tripartito sobre el SMI, que se sumaría a la docena de pactos sellados en lo que va de legislatura (la única norma que no contó con el visto bueno de los empresarios y se aprobó con la connivencia única de los sindicatos fue la ley de igualdad retributiva).
Es un hueso duro de roer. Como reveló en exclusiva La Información, Garamendi reunió a su Comité Ejecutivo de manera extraordinaria el pasado miércoles para fijar un posicionamiento común contra la subida del SMI. Según detallaron fuentes presentes en el cónclave empresarial, el acuerdo fue unánime: la patronal no apoyará un alza de los costes salariales para lo que queda de este año, aunque se mostrará favorable a dialogar sobre la senda de crecimiento para 2022 y 2023. Pero la CEOE no hizo público este posicionamiento interno de sus órganos de gobierno y fuentes del diálogo social interpretan ese silencio a nivel oficial como una puerta abierta a seguir negociando entre bambalinas. De ahí que distintos miembros del Ejecutivo hayan comentado públicamente durante los últimos días que el acuerdo tripartito, aunque es difícil, no está descartado por completo.
En el Ministerio de Trabajo consideran que la CEOE se está moviendo en "posiciones políticas", no técnicas, de ahí que la vicepresidenta Díaz esté priorizando el acuerdo social antes que las cantidades en las que debería subir el salario mínimo y todavía atisbe margen para atraer a los empresarios. Garamendi ha sido cuestionado dentro de su propia organización en no pocas ocasiones en el último año y medio por los acuerdos alcanzados con el Gobierno de coalición en materia económica y laboral y necesita alejarse de ese pactismo. Cuenta con unanimidad interna para hacerlo en esta ocasión, pero la ausencia de un posicionamiento oficial de la CEOE en contra de la subida del SMI supone una vía abierta a la negociación 'in extremis', insisten fuentes del diálogo social.
El Gobierno está jugando sus cartas ante la cerrazón de los empresarios. Fuentes de la cúpula de la patronal aseguran que desde distintos ministerios se está presionando con la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que va a empezar a negociarse este jueves, con apenas dos semanas de margen para alcanzar un acuerdo. La propia Calviño declaraba en los micrófonos de Onda Cero que "no parece lógico que dentro de tres días empecemos una negociación en la que los representantes empresariales nos van a decir que hay que extender las bonificaciones, hay que extender las prestaciones... cuando no haya habido un acuerdo (con el salario mínimo)", afeando a la patronal su negativa a pactar un aumento de los sueldos más bajos mientras pide más ayudas al Estado para los ERTE.
'Contaminación cruzada'
El rechazo de la patronal a la subida del salario mínimo no supondría, en cualquier caso, la negativa del Gobierno a la prórroga de los ERTE. Fuentes conocedoras del contenido de la conversación mantenida entre Pedro Sánchez y Antonio Garamendi el pasado lunes aseguran que hubo absoluta complicidad sobre este asunto: los ERTE se mantendrán hasta el 31 de diciembre para los sectores que los necesiten. Sin embargo, fuentes del diálogo social advierten de que las negociaciones de las distintas materias (SMI, ERTE, reforma laboral...) no son aisladas, ya que la relación tripartita es continua y el juego de equilibrios se libra en varias mesas al mismo tiempo, por lo que la 'contaminación cruzada' resulta inevitable.
El calendario apremia. A los contactos informales para conseguir un acuerdo, aunque sea bipartito entre el Gobierno y los sindicatos, para el SMI de 2021 se suma este miércoles la reapertura de la mesa de diálogo social para la "modernización de las relaciones laborales", que quedó en stand by antes de las vacaciones de verano tras tachar la patronal de "marxista" la propuesta de Trabajo. Un día después, el jueves, se empezará a debatir sobre los ERTE. Para el SMI todavía hay margen, ya que aunque se aprobase en alguno de los dos últimos consejos de ministros del mes podría aplicarse ya en la nómina de septiembre, aunque no se descarta incluso que fuera efectiva desde octubre, como sugirió Calviño (sería otro guiño a CEOE). La pelota en este asunto está, en todo caso, en el Gobierno, concretamente en el tejado de Pedro Sánchez, que anunció una subida "inmediata" hace ya doce días.
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