El Ministerio de Trabajo y el Banco de España firman la paz tras la contienda que desencadenó la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2019. Después de un rifirrafe sin precedentes en el que el Gobierno puso en duda la legitimidad del supervisor bancario por emitir los peores augurios sobre el impacto que el sueldo base legal de 900 euros tendría en la creación de empleo, el departamento que dirige Magdalena Valerio ha enterrado el hacha de guerra y ha pedido al BdE su colaboración para evaluar los efectos de manera conjunta. También participará la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que si bien fue pesimista en un primer momento sobre los efectos del nuevo SMI, después admitió que se había pasado de frenada.
Según ha podido saber La Información por fuentes del Ministerio, a iniciativa de la Seguridad Social, los tres organismos implicados (Trabajo, BdE y Airef) han alcanzado un principio de acuerdo para concretar una metodología única y común que permita determinar si la fuerte subida del SMI del 22% que entró en vigor el 1 de enero de 2019 ha perjudicado al mercado de trabajo o, por el contrario, no ha afectado a la contratación.
A principios de este año el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos aseguró que el impulso del SMI a 900 euros (desde los 736 euros de 2018) aprobado por el Gobierno socialista tras un pacto con Unidas Podemos podría destruir hasta 125.000 puestos de trabajo. La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, exigió al supervisor bancario que dejara de lado los malos augurios y pidiera perdón. El BdE, sin embargo, se mantuvo firme en su pronóstico preliminar y se remitió a la evaluación que harían los técnicos una vez transcurrido el año.
Ahora, fuentes de Trabajo confirman que se va a elaborar un informe conjunto con el Banco de España y la Airef que verá la luz a lo largo del primer trimestre de 2020. Por el momento, se ha acordado una metodología común –que aún no especifican– en base a los criterios aportados por las tres instituciones, que trabajan con bases de datos distintas para este análisis. La Seguridad Social se basa en las altas y bajas de afiliados que registra a diario cada sector productivo, mientras el BdE utiliza los microdatos de la Muestra Continua de Vidas Laborales del INE y elabora previsiones en base a la experiencia de años anteriores.
"Será un informe más exhaustivo y fiable, que recogerá el impacto en todo el año, del 1 de enero al 31 de diciembre, y podrá publicarse en febrero o marzo", matizan las mismas fuentes. De momento, Trabajo ya ha puesto sus cartas sobre la mesa. Ayer mismo el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, comunicó que el Gobierno en funciones ya ha remitido un informe a la Airef en el que se descarta una afectación negativa del SMI en el empleo. Según sus datos, con la información disponible a estas alturas del ejercicio, el número de trabajadores que cobran el salario mínimo ha aumentado en 87.250 en el último año, pasando de 1.606.649 en 2018 a los 1.693.899 que hay ahora.
Granado aseguró que el Gobierno no ha detectado un gran impacto en la evolución del número de personas afectadas por el SMI. Al contrario, "el impacto es parecido al que hubiera tenido una elevación del SMI menor", dijo. Por tanto, "no somos capaces de detectar que la subida se haya traducido en destrucción de empleo", zanjó. Eso sí, reconoció que se han detectado "problemas" en sectores como el de empleadas del hogar, que ha encajado el nuevo salario mínimo pasando al mercado negro a 13.000 trabajadoras, y el agrario, donde se ha producido una caída en el número de horas declaradas y, por tanto, se han dejado de cobrar las horas extraordinarias como compensación por la subida del sueldo base.
Ese es, en síntesis, el documento remitido a la Airef, que por el momento no es público. La Autoridad Fiscal que comanda José Luis Escrivá pidió al Ejecutivo que evaluase el impacto de la subida del SMI "basándose en las metodologías más rigurosas". Eso fue en octubre, en la revisión del Plan Presupuestario que el Gobierno remitió a Bruselas el día 15 de ese mes. Antes, a principios de año, la Airef había estimado un golpe al mercado laboral que restaría 40.000 empleos en 2019. Después, en el mes de mayo, admitieron que "se pasaron de negativos". Tras analizar datos de afiliación, contratos y demandantes de empleo por nivel formativo, sexo, edad, comunidades autónomas... concluyeron que no se apreciaba un efecto a corto plazo. No obstante, matizaron que serían necesarios análisis más extensos en el tiempo, y con más datos.
La intención ahora es llevar a cabo ese estudio más exhaustivo, una vez estén disponibles los datos de cierre de ejercicio, en base a una metodología conjunta acordada a tres bandas. Los esfuerzos se centran en despejar la incógnita sobre si la mayor subida del SMI de la historia ha frenado la contratación (o no) o si ha afectado en particular a determinados colectivos. La depuración de los datos es fundamental en un momento en el que el empleo está frenando por sí solo al compás de la ralentización de la economía. De momento, muchos análisis dan la razón a Hernández de Cos: la EPA revela caídas de la ocupación entre los trabajadores con un nivel formativo más bajo y en el sector agrícola, tal y como se explicó en estas páginas y se resume en el siguiente gráfico:
La subida para 2020, en marcha
Mientras tanto, el Gobierno en funciones trabaja ya en la subida del SMI para 2020. A menos de un mes de que acabe el año, el Ministerio de Trabajo ha activado el proceso para dar luz verde a la actualización del salario mínimo desde el 1 de enero. Pero es un procedimiento complejo. Con la investidura en el aire, estos momentos, al no contar con plenos poderes, tienen dudas sobre si podrán aprobar la subida por real decreto antes del 31 de diciembre y, para resolverlas, han abierto consultas con la Abogacía del Estado, que es la autoridad competente en este caso para determinar si puede o no puede hacerse en base a las restricciones que establece la Ley del Gobierno a un Ejecutivo en funciones. Tal y como adelantó ayer Valdeolivas, en cuanto solucionen esta cuestión contactarán con los agentes sociales.
La cuantía que alcanzaría ese nuevo SMI es otra incógnita. En Trabajo se resisten a concretarla, sobre todo porque la mesa de negociación con Unidas Podemos para el Gobierno de coalición sigue abierta, y esta y otras cuestiones no han terminado de cerrarse. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias coinciden en que quieren avanzar hacia el 60% del sueldo medio (unos 1.200 euros). La duda es cuánto subirá en el primer año. La patronal ya se prepara para encajar en 2020 un alza de 100 euros, hasta los 1.000 mensuales. Tal y como reveló La Información, los empresarios se opondrán, argumentando la baja inflación y el frenazo del PIB y el empleo. Pero se trata de una consulta meramente preceptiva, por lo que el Gobierno tiene la última palabra, previa aprobación de la Abogacía.
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