Horas clave en la negociación del salario mínimo interprofesional. Los agentes sociales se han citado el próximo lunes a la que está prevista que sea la última reunión sobre el asunto, ya que el Gobierno quiere poner en marcha la subida de manera inmediata. La patronal no se mueve del 'no' a apoyar un acuerdo que incremente el SMI en 2021, por lo que todo apunta a que en esta ocasión no habrá 'Triple Entente' y el Ejecutivo adoptará la medida por la vía unilateral o con el respaldo único de los sindicatos. Lo que no significa que los empresarios abandonen las negociaciones. Al contrario, la CEOE está maniobrando para convencer al Ministerio de Trabajo de que promueva dentro del Consejo de Ministros la tramitación de la norma como Real Decreto-ley para que tenga que someterse al Congreso de los Diputados.
Según explican fuentes de la organización empresarial a La Información, esa vía permitiría amortiguar en parte el impacto del incremento de los costes laborales en algunos de los sectores más afectados por la subida del SMI, abriendo la posibilidad a introducir modificaciones durante la tramitación de la norma como proyecto de ley. La extraordinaria necesidad quedaría justificada si lo que aprobase el Consejo de Ministros fuese finalmente no solo el alza de 2021, sino también una senda de crecimiento hasta 2023, trayectoria de la que la CEOE sí está dispuesta a hablar, según matizan estas fuentes. Sería la primera vez que la norma incluyera un alza plurianual.
También sería excepcional que la actualización del salario mínimo se aprobase por la vía del Real Decreto-ley, algo que solo sucedió con José Luis Rodríguez Zapatero recién llegado al Gobierno en el año 2004, cuando empleó esta figura para acometer algunos cambios en la normativa para la desvinculación del salario mínimo interprofesional de otros efectos distintos de los laborales, como la sustitución del SMI por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que desde entonces sirve como requisito de acceso a determinadas prestaciones. En el resto de los años la revisión del suelo salarial legal se ha llevado a cabo siempre con la herramienta del Real Decreto, ya que el SMI es potestad exclusiva del Gobierno (la consulta a los agentes sociales no es vinculante) y por tanto lo aprueba el Consejo de Ministros sin interferencia del poder legislativo.
Es una de las ideas que ronda en estas horas en Diego de León. Según ha podido saber La Información, durante la mañana de este mismo viernes los socios de la CEOE han mantenido una reunión en la que han fijado posiciones de cara al encuentro previsto el próximo lunes con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. Lo primero que se ha puesto sobre la mesa durante el 'conclave' empresarial es que el Gobierno va a aprobar la subida del SMI para los cuatro últimos meses de 2021 con o sin el beneplácito de la patronal, tal y como ha advertido la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que este mismo viernes ha afirmado que habrá subida del SMI, con independencia de que haya acuerdo o no con los agentes sociales, aunque ha expresado su "absoluta confianza" en el diálogo social.
El problema es que el Gobierno está buscando un pacto trianual (en principio, ha planteado subidas de 15 euros en 2021, 31 euros en 2022 y otros 31 euros en 2023) y la CEOE no está por la labor de apoyar un aumento para este año debido a la grave crisis que arrastran las empresas con motivo de la pandemia. Pero eso no significa que no existan flecos para la negociación. La patronal se está esforzando por convencer al Ministerio de Trabajo de que el impulso a los costes salariales tendrá un impacto negativo en el empleo de colectivos como los jóvenes, los trabajadores del campo o las empleadas del hogar, así como en sus empleadores, y le ha pedido a Yolanda Díaz que estudie algunas bonificaciones y compensaciones para las empresas.
En concreto, en el caso de la masa laboral más joven, la CEOE ha mostrado su preocupación por la elevada tasa de desempleo y le ha pedido al Ministerio que aplique políticas activas eficientes a través de la garantía juvenil para incentivar su contratación. Para los trabajadores del sector agrario, los empresarios demandan que se recuperen las ayudas a la transformación de temporales en indefinidos y bonificaciones a la contratación por parte del Estado para un colectivo conformado principalmente por jóvenes, inmigrantes y empleados de baja cualificación profesional. Y para la empleadas del hogar, reclaman ayudas fiscales para las familias que las contraten para evitar así la pérdida de afiliación que el Banco de España ha relacionado directamente con las recientes subidas del SMI.
Pero no solo eso. Entre la cartera de demandas de la CEOE aparece una vieja conocida de las negociaciones del SMI y es la modificación de la Ley de Desindexación de la Economía para poder repercutir las subidas salariales en los precios de las contrataciones públicas, de modo que las empresas privadas que prestan servicios a las distintas Administraciones no vean más limitados su márgenes e incluso incurran en pérdidas, como está sucediendo debido a la empinada escalada del SMI en los últimos años. Se trata, a juicio de la patronal, de una situación injusta que supone un importante revés para las contratistas, especialmente para aquellas con concesiones de varios años, habitualmente pequeñas empresas de mano de obra intensiva, que han visto incrementados sus costes de manera considerable en ejercicios consecutivos.
Debate en el Gobierno
Fuentes de las negociaciones aseguran que durante la reunión del pasado miércoles el Ministerio de Trabajo se mostró de acuerdo con las necesidades planteadas por la CEOE e incluso partidario de estudiar las vías para paliar el impacto de la subida del SMI en estos colectivos y también en la contratación pública, sin embargo dejaron patente que hay asuntos que no son de su competencia y que debían debatirse a nivel interno en el seno de la coalición. De hecho, el asunto de la desindexación ya ha sido trasladado por Trabajo a Hacienda y Economía para su estudio, según las mismas fuentes. Mientras, otras cuestiones como las bonificaciones a la contratación de jóvenes o a trabajadores del sector agrícola podrían articularse directamente a través de las políticas activas de empleo y del plan de garantía juvenil, de modo que serían competencia directa del departamento de Yolanda Díaz.
Se avecina un fin de semana de intensos contactos entre los agentes sociales. Todos liman posiciones de cara a la reunión del lunes, que se espera que sea la definitiva. El Ministerio de Trabajo tendrá que acudir con una cifra cerrada, que será la finalmente consensuada entre la vicepresidenta Díaz y Pedro Sánchez tras un arduo debate en el seno de la coalición. Y está por ver si cede a alguna de las peticiones de la CEOE en aras de amarrar un nuevo pacto social, con el que ya sumarían doce. En principio, la norma no sería aprobada inmediatamente, sino que tardaría todavía unos días en llegar al Consejo de Ministros, pues tendría que pasar aún los trámites de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, explican fuentes gubernamentales.
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