La negociación para la subida del salario mínimo ha empezado con mal pie. El Ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales un incremento de unos 15 euros mensuales en 2021, cantidad que resulta insuficiente para los sindicatos y excesiva para la patronal, que rechaza cualquier alza de los costes laborales con una recuperación todavía incipiente. Los empresarios no van a firmar un acuerdo para subir el SMI este año, pero sí están abiertos a debatir sobre la senda de crecimiento de 2022 y 2023. En cualquier caso, le han pedido al Gobierno que estudie una serie de vías para paliar el impacto que el eventual aumento tendrá sobre las empresas más afectadas, unas demandas que han sido asumidas por el departamento que dirige Yolanda Díaz, según confirman a La Información fuentes de las negociaciones.
La CEOE ha puesto sobre la mesa una serie de problemáticas que considera que el Gobierno no debe eludir en caso de llevar a cabo una subida del SMI sin acuerdo en el seno del diálogo social tripartito y particularmente sin el beneplácito de las organizaciones empresariales. Los representantes de la patronal aclararon durante la reunión de este miércoles al Ministerio de Trabajo y a los sindicatos que el salario mínimo no es un asunto del Ibex. Más bien al contrario, el incremento de esta franja de los costes laborales afecta especialmente a las pymes, a las microempresas y a los autónomos y existen una serie de colectivos y una parte no menor del tejido productivo a los que hay que prestar especial atención a la hora de aplicar una subida por la repercusión que pudiera tener en la recuperación económica y el empleo.
Para empezar, la patronal ha planteado la situación de tres colectivos concretos: los jóvenes, los trabajadores del sector agrario y las empleadas del hogar. En el caso de la masa laboral más joven, la CEOE incide en la elevada tasa de desempleo y pide al Ministerio que aplique políticas activas eficientes a través de la garantía juvenil para incentivar su contratación. Para los trabajadores del sector agrario, los empresarios demandan que se recuperen las ayudas a la transformación de temporales en indefinidos y bonificaciones a la contratación por parte del Estado para un colectivo conformado principalmente por jóvenes, inmigrantes y empleados de baja cualificación profesional. Y para la empleadas del hogar, reclaman ayudas fiscales para las familias que las contraten para evitar así la pérdida de afiliación que el Banco de España ha relacionado directamente con las recientes subidas del SMI.
Pero no solo eso. Entre la cartera de demandas de la CEOE aparece una vieja conocida de las negociaciones del SMI y es la modificación de la Ley de Desindexación de la Economía para poder repercutir las subidas salariales en los precios de las contrataciones públicas, de modo que las empresas privadas que prestan servicios a las distintas Administraciones no vean más limitados su márgenes e incluso incurran en pérdidas, como está sucediendo debido a la empinada escalada del SMI en los últimos años. Se trata, a juicio de la patronal, de una situación injusta que supone un importante revés para las contratistas, especialmente para aquellas con concesiones de varios años, habitualmente pequeñas empresas de mano de obra intensiva, que han visto incrementados sus costes de manera considerable en ejercicios consecutivos.
La organización empresarial exige al Ejecutivo que tenga en cuenta todos estos asuntos a la hora de acometer la senda de subida del SMI para el resto de la legislatura. La patronal rechaza de plano apoyar un incremento de esta referencia salarial para lo que queda de 2021, si bien no descarta debatir sobre los incrementos de 2022 y 2023, siempre partiendo de estas demandas que son condición "sine qua non", en boca de un alto cargo de la CEOE. Fuentes de las negociaciones aseguran que el Ministerio de Trabajo coincide con las necesidades planteadas por la CEOE y que durante el encuentro de este miércoles se mostraron partidarios de estudiar las vías para paliar el impacto de la subida del SMI en estos colectivos y también en la contratación pública, sin embargo dejaron patente que hay asuntos que no son de su competencia y que debían debatirse a nivel interno en el seno de la coalición.
De hecho, el asunto de la desindexación ya ha sido trasladado por Trabajo a Hacienda y Economía para su estudio, según las mismas fuentes. Mientras, otras cuestiones como las bonificaciones a la contratación de jóvenes o a trabajadores del sector agrícola podrían articularse directamente a través de las políticas activas de empleo y del plan de garantía juvenil, de modo que serían competencia directa del departamento de Yolanda Díaz, aunque también tendría algo que decir el ministro José Luis Escrivá. En el caso de las empleadas del hogar, el Ministerio no comparte el análisis del BdE que determinó que la subida del SMI ha lastrado la afiliación en el colectivo, pero sí la necesidad de fomentar el empleo regular. En cualquier caso, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se comprometió con la representación de la CEOE en el encuentro de este miércoles a estudiar todas estas medidas para poder articular una posible propuesta en estos días.
La intención del Gobierno la ha dejado clara el propio presidente, Pedro Sánchez, durante la apertura del curso político este primero de septiembre y es aplicar una subida del SMI de manera inmediata. Para ello, Trabajo ha emplazado a los agentes sociales a un nuevo encuentro el próximo lunes. Y antes, el viernes, la patronal mantendrá una reunión interna para valorar la propuesta del Ejecutivo. Los empresarios esperan que en los próximos días el Ministerio concrete tanto la cuantía definitiva como el paquete de medidas que vendrían a amortiguar el eventual impacto negativo de la subida en determinados sectores. Aunque la CEOE ya ha dejado claro que no va a apoyar un incremento del SMI en 2021, sí está dispuesta a debatir la senda para los próximos dos años, una vez consolidada la recuperación económica.
El presidente de la confederación empresarial, Antonio Garamendi, ha venido reiterando que "no es el momento" de subir el salario mínimo, pero a la vez se ha mostrado abierto a hablar de temas como la senda de incremento más a largo plazo, los jóvenes o la situación del campo. Tanto CEOE como la patronal de las pequeñas y medianas empresas Cepyme defienden que el tejido empresarial está muy endeudado tras la crisis de la Covid y no dispone de colchón suficiente, por lo que la prioridad debe ser recuperar márgenes, no aumentar los costes. Igualmente, los trabajadores autónomos se han mostrado en contra de la subida del SMI porque conllevará a su vez un incremento de las cuotas de entre 3 y 12 euros que se activará directamente cuando entre en vigor, debido a que esta medida estaba prevista en los Presupuestos de 2021 y quedó paralizada hasta la actualización del SMI.
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