El Gobierno de coalición ha decidido prorrogar temporalmente, por primera vez desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa sin estar en funciones, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La decisión, impuesta por el propio presidente, según explican fuentes gubernamentales, llega tras un nuevo tira y afloja en el seno del Consejo de Ministros. Desde Unidas Podemos han presionado para que la medida se hubiera incorporado a la legislación a partir del 1 de enero de 2021 mientras el área económica del Gobierno, con Nadia Calviño a la cabeza y secundada por María Jesús Montero y Carmen Calvo, han ejercido también, alineadas con las tesis de la CEOE, su influencia para conseguir posponer la decisión al menos unas semanas. De hecho, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios celebrada este lunes fue "movida", apuntan las fuentes consultadas, por este rifirrafe. Moncloa hace valer su peso en la coalición y Unidas Podemos vela armas, de momento, para volver a poner encima de la mesa el asunto el próximo mes.
Sánchez, según indican fuentes de su entorno, no ha querido ver en el SMI una nueva escena del fuego cruzado entre ministros. La batalla por los desahucios y el corte de suministros de antes de Navidad ya se decantó del lado de Pablo Iglesias, no sin el apoyo de José Luis Ábalos, que ejerció con Calvo sus presiones internas para aprobar la medida. En esta ocasión el presidente ha decantado la balanza del lado de Calvo, Calviño y Montero, que ganan así unas semanas de margen en un diálogo social que se anticipa tenso. La evolución de la pandemia, con un mes de enero y febrero complicados, según adelantó este lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, marcarán el momento de retomar las conversaciones del SMI.
Para Unidas Podemos la batalla del SMI no está enterrada. Iglesias y la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, quieren que el Gobierno cumpla lo pactado. El acuerdo de coalición, firmado hace ahora un año, contempla subirlo hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, pero no se especifica que se hará anualmente a principios de año. Es la baza del PSOE para postergar la decisión. Una decisión que llega, por cierto, tras varias semanas de enfriamiento en las relaciones entre socialistas y morados. Un dato: Sánchez lleva sin celebrar los famosos maitines desde noviembre. Por diferentes motivos: festividades, el viaje a París o su cuarentena. Cuatro semanas sin reunirse en privado ese 'consejo de ministros paralelo' donde se desatascan asuntos delicados y se afianza la relación. Ese enfriamiento se está notando en el día a día.
Se aprueba una prórroga
En el Consejo de Ministros de este martes, por tanto, no se aprobará un real decreto para la revalorización del SMI, según confirman a La Información fuentes gubernamentales. Lo que se hará, de acuerdo con estas fuentes, es incluir en otro texto normativo -podría ser un decreto de Hacienda o un texto específico- una disposición adicional donde se especifique la prórroga del plazo de vigencia del Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo para 2020. "La fecha de caducidad de la norma es este 31 de diciembre, por lo que resulta necesario prorrogar sus efectos para que el SMI no decaiga el 1 de enero", explican las fuentes consultadas, que aducen cuestiones de "seguridad jurídica" para ejecutar este movimiento, tal y como se hizo a finales de 2019, en ese caso con el Gobierno en funciones.
Desde el Ministerio de Trabajo insisten en que la decisión de prorrogar el SMI responde a la necesidad de proteger a los trabajadores, evitando que la norma decaiga el 1 de enero. Pero en todo caso, no es la primera vez que se prorroga la cuantía del SMI vía decreto ley. El Gobierno de Mariano Rajoy ya lo hizo en los años 2012 y 2014, en sendos decretos aprobados en los últimos consejos de ministros de 2011 y 2013. En ambos casos, en plena crisis mundial, el Ejecutivo esgrimió que el "difícil contexto económico" aconsejaba la adopción de políticas salariales que pudiesen contribuir "al objetivo prioritario de recuperación económica y a la creación de empleo". De este modo, el Gobierno del PP decidió congelar el salario mínimo con motivo de la crisis económica, tal y como defiende en estos momentos el ala socialista del Ejecutivo de Sánchez.
Fuentes de Trabajo matizan, no obstante, que lo que se va a hacer en esta ocasión no es congelar el SMI para todo el ejercicio 2021, sino prorrogar temporalmente la cuantía de 2020 para que se siga negociando en el diálogo social. Se trata, de este modo, de una prórroga temporal. A diferencia con lo que hizo el PP en 2012 y 2014, a través de reales decretos específicos de fijación del salario mínimo, el Gobierno de coalición va a incorporar una disposición adicional en otro texto normativo, como ya hiciera a finales de 2019, para dejar claro que el asunto queda pendiente de la decisión de la mesa tripartita con patronal y sindicatos.
Al cierre de esta edición, no obstante, los distintos ministerios involucrados en la decisión todavía terminaban de perfilar la fórmula concreta. En cualquier caso, ahora se abren varios escenarios. La intención del Ministerio de Trabajo es seguir negociando el asunto del SMI en el marco del diálogo social, en enero, en paralelo a la mesa que se abrirá después de Reyes para abordar la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y a la que seguirá trabajando en la regulación de los riders. Esta es la opción preferida por los sindicatos, que asumen con resignación la decisión de Sánchez de congelar temporalmente la cuantía del salario mínimo y abogan por continuar con las negociaciones de manera inmediata, después de que el Gobierno no les convocase este lunes, como estaba previsto.
Otra opción que se está valorando, en este caso en el área económica capitaneada por Calviño y Montero, es la de posponer las conversaciones con la patronal y los sindicatos, al menos, hasta mediados de 2021, una vez se haya levantado el estado de alarma y la campaña de vacunación esté avanzada. Desde el departamento de Yolanda Díaz advierten de que, en cualquier caso, "la congelación para todo el ejercicio está descartada". El flanco de Unidas Podemos no está de acuerdo con que cerca de dos millones de trabajadores pierdan poder adquisitivo, mientras pensionistas o funcionarios -los otros dos colectivos cuyas rentas dependen directamente de decisiones gubernamentales- verán revalorizarse sus nóminas un 0,9%, en línea con la inflación prevista por el Ejecutivo para 2021. "Es una cuestión de justicia social", zanjan fuentes del Ministerio de Trabajo.
Todas las miradas se fijan ahora sobre Pedro Sánchez. Los socios morados de la coalición esperan que el presidente del Gobierno, que comparece en rueda de prensa tras el cónclave de ministros de este martes para hacer balance del año y presentar el informe de rendición de cuentas, se posicione oficialmente a favor de la subida del SMI para 2021. Más allá de recordar el objetivo firmado en el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para elevar progresivamente esta referencia hasta el 60% del salario medio (unos 1.200 euros por 14 pagas) o de hacer referencia al fuerte impulso de la cuantía del 30% desde 2018 (de 736 euros hasta 950 euros) los de Iglesias pretenden que el jefe del Ejecutivo dé garantías de que la congelación del salario mínimo será solo temporal y se remediará a lo largo de las próximas semanas en la mesa del diálogo social.
Por su parte, los sindicatos critican la decisión del Gobierno por considerar que, por iniciativa de Nadia Calviño, "están otorgando poder de veto a la CEOE". Lo cierto es que la patronal se siente respaldada por un amplio sector del Ejecutivo en su rechazo frontal a toda decisión que incremente los costes salariales en un momento muy delicado para las empresas. Aunque extraoficialmente la CEOE se ha puesto de perfil en este asunto -"la decisión corresponde exclusivamente al Gobierno", matizan fuentes empresariales- públicamente la patronal ha alertado de que una subida del SMI hasta los 1.000 euros (cifra que llegó a valorar el Ministerio de Trabajo) pasaría una factura en términos de puestos de trabajo no creados y potenciales despidos de entre 85.000 y 135.000 empleos entre 2021 y 2022. Es la advertencia que lanzaban este mismo lunes a través de un informe encargado por Cepyme a la empresa de recursos humanos Randstad.
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