La mejora de las rentas de un millón y medio de trabajadores es un deber prioritario para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y por eso está presionando en el seno del Gobierno –donde debate con sabidas voces contrarias a este enfoque- por subir el salario mínimo interprofesional para lo que queda de año. La discusión interna en la coalición está siendo intensa, según admitía el pasado viernes el propio Pedro Sánchez, quien no descartaba un incremento de esta referencia salarial en la recta final del ejercicio, pero sí enfriaba esta posibilidad inmediata al poner el foco en la recuperación de empleo. Y esta es, precisamente, la baza de Díaz, que ahora suma los buenos datos de empleo y paro del mes de junio a su argumentario para impulsar esta medida de gran calado social. En el escenario más favorable, la mesa de negociación con los agentes sociales se reabriría este mes de julio y el incremento podría entrar en vigor ya en agosto.
La vicepresidenta tercera del Gobierno está negociando con Sánchez de tú a tú. Como reveló La Información, la semana pasada ambos mantuvieron una reunión privada en Moncloa con el SMI como uno de los temas clave. Para Díaz, la subida es prioritaria, especialmente en un contexto de escalada de los precios, con la factura de la luz desbocada, en el que los perceptores del salario mínimo se han quedado atrás, en comparación con otros colectivos como los pensionistas, los funcionarios o los trabajadores cubiertos por convenios colectivos. "No puedo entender que los dejemos fuera [a los trabajadores más vulnerables] con un IPC que está en el 2,7%, subiendo la electricidad, la gasolina, prácticamente todo. Mi convicción es clara", subrayaba este domingo en una entrevista en El País. Pero no solo eso, la ministra de Trabajo defiende que la positiva evolución del mercado laboral y la mejora de las previsiones macroeconómicas avalan la subida. Mientras, el presidente pide calma. "Vamos a ver cómo se comporta el mercado de trabajo estos meses", comentaba en una entrevista en La Sexta el viernes.
Para Sánchez, la prioridad debe ser la recuperación de los puestos de trabajo perdidos como consecuencia de la grave crisis económica y laboral que ha provocado la pandemia de la Covid-19. "Estamos en una situación harto compleja, con un virus que afortunadamente estamos empezando a superar como consecuencia de la vacunación y de la disciplina social de la ciudadanía, pero hay dosis de incertidumbre que tienen los trabajadores y los empresarios y el Gobierno debe contribuir a clarificar y a generar confianza". Con esas palabras, el presidente enfriaba la posibilidad de una subida inmediata del SMI. En un intento de equilibrar la balanza entre la Vicepresidencia económica que ostenta Nadia Calviño y la Laboral, de Yolanda Diaz, Sánchez no dijo 'no', dijo 'todavía no'.
Fuentes gubernamentales dibujan el escenario más favorable para la ministra de Trabajo: convence al presidente, reabre en las próximas semanas la mesa de diálogo social que encalló en enero por la negativa de la patronal a incrementar los costes laborales en plena pandemia y logra persuadir a los empresarios. La subida podría entrar en vigor ya en agosto, porque se aprobaría en un Consejo de Ministros a finales de julio. Como la consulta a los agentes sociales es preceptiva y no vinculante, en un segundo escenario favorable para las aspiraciones de Díaz, el incremento del SMI también podría ver la luz sin consenso social, con un acuerdo bipartito con los sindicatos. En esos dos supuestos, el salario mínimo subiría para los últimos cinco meses. Otra posibilidad es que se dé algo más de margen para la recuperación al mercado laboral y que se retome el asunto en septiembre, con el chute del verano, para aprobar una subida en el último trimestre.
En cualquiera de los escenarios planteados, la subida del SMI no tendría carácter retroactivo. Es decir, no obligaría a las empresas a compensar a los trabajadores que cobran el sueldo mínimo por los meses transcurridos del año. Es otra de las bazas que va a jugar Yolanda Díaz en las negociaciones: en ningún caso, la decisión gubernamental podría suponer una avalancha de reclamaciones, tanto de los trabajadores en nómina como de aquellos que hubieran finalizado su relación contractual y estuvieran en esta referencia salarial en algún momento del año. Hay que recordar que, sin ir más lejos, en 2020, la subida del salario mínimo se aprobó en febrero, pero con efectos desde el 1 de enero, lo que dio lugar a reclamaciones salariales por las cuantías no percibidas por ese mes de retroactividad.
De este modo, el aumento de los costes salariales no tendría un impacto desmesurado en las empresas, ya que solo tendrían que actualizar las nóminas de los empleados que tengan en el nivel del SMI (actualmente, en 950 euros mensuales) a la nueva referencia para los últimos cinco meses del año. ¿Cuánto? Todavía es una incógnita. A finales del año pasado, cuando descarrilaron las negociaciones para la subida de 2021, la vicepresidenta Díaz planteaba un incremento de "apenas 9 euros al mes" (el equivalente al 0,9% que subieron las nóminas de pensionistas y funcionarios). Sin embargo, ahora se mueve en otra horquilla, pues el comité de expertos que ella misma designó a principios de año ha concluido que, para situarse entre 1.011 y 1.049 euros al final de la legislatura, en 2023, el SMI tendría que subir ya en 2021 entre 12 y 19 euros mensuales, hasta un máximo de 969 euros.
Desde que se ha reabierto el debate sobre la subida del salario mínimo (primero lo hizo el Banco de España, con la publicación de un informe sobre el impacto en el empleo y después los expertos del Gobierno, con el dosier que fija la senda adecuada de aumento) la vicepresidenta Díaz ha evitado en todo momento poner fecha al arranque de las negociaciones en la mesa de diálogo social o a la propia aprobación del eventual incremento. La ministra, comentan en su entorno, es partidaria de llevar las negociaciones bilaterales con el presidente con discreción, porque "lo que se persigue es conseguir los objetivos". Sánchez se comprometió con ella a retomar el asunto a mediados de año, una vez levantado el estado de alarma, y ha llegado el momento. Eso sí, le ha marcado una línea roja a Díaz: la medida debe ser consensuada con los agentes sociales. Esto supone un obstáculo importante porque la CEOE se ha posicionado radicalmente en contra de elevar los costes laborales.
La negociación no va a ser sencilla, en cualquier caso, ya no porque los empresarios rechacen el aumento del SMI, sino porque, en general, el ambiente en el diálogo social está tenso. La patronal y los sindicatos acaban de firmar con el Gobierno el décimo acuerdo social, en esta ocasión, en materia de pensiones, pero las declaraciones del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sobre un eventual recorte a las pensiones de la generación del baby boom ha hecho saltar por los aires la confianza de los interlocutores. En paralelo, la mesa para la reforma laboral está atascada. Después de tres semanas de parón, las negociaciones se retomaron el pasado miércoles, con un nuevo borrador del Ministerio de Trabajo que ha sido rechazado de plano por la CEOE. Se avecinan semanas intensas.
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