En paralelo al debate en la mesa del diálogo social, donde el Gobierno ya ha planteado la consulta sobre la revisión del Salario Mínimo Interprofesional para el próximo año a la patronal y los sindicatos, los técnicos del Ministerio de Trabajo están preparando el informe preceptivo de análisis de impacto que acompañará al real decreto por el que se fijará el SMI para 2021. Se trata de un trámite obligado en el que el Ejecutivo debe explicar cómo ha calculado la cuantía del indicador y sus posibles efectos sobre la economía y el empleo. Una 'fórmula mágica' que viene definida en el Estatuto de los Trabajadores y que se basa en la evolución prevista para cuatro índices concretos: el IPC, los salarios, la productividad y la coyuntura económica general.
Tras una primera reunión con representantes de la organización empresarial CEOE y los sindicatos CCOO y UGT, quedó patente la negativa de la patronal a subir el salario mínimo en un contexto de crisis como el actual. Los empresarios argumentan que no toca elevar los costes laborales en un momento en el que el tejido productivo está hundido por la Covid y cuando las tasas de inflación se sitúan en terreno negativo. Los representantes de los trabajadores, por su parte, defienden una subida de entre el 1,8% (es la propuesta de CCOO, en base al incremento previsto para las pensiones mínimas y a la evolución de los salarios pactados en convenio) y algo más del 5% (UGT quiere llegar a 1.000 euros, desde los 950 actuales).
El Ministerio de Trabajo no comparte la visión de los empresarios y descarta de plano congelar el SMI, hasta el punto de que Yolanda Díaz estaría dispuesta a plantear un real decreto al Consejo de Ministros sin el respaldo de la CEOE. La cuantía preferida por el Gobierno es una incógnita directamente proporcional a la magnitud de los choques internos entre los socios de Unidas Podemos, que apuestan por una subida a toda costa, y los del PSOE, que piden "prudencia" y "responsabilidad". Pero en cualquier caso, la responsable del ramo, que es Díaz, ya ha planteado una horquilla de subida que se situaría entre el 0,9% que aumentarán las pensiones y los sueldos de los funcionarios y el 1,5% que se viene firmando en los convenios, según las cifras que aportó la propia ministra en una entrevista en TVE.
Son solo algunos de los indicadores que se están teniendo en cuenta para cuantificar el alza definitiva, en paralelo a las conversaciones en la mesa de diálogo social, que volverá a reunirse el próximo lunes. El tiempo apremia y los técnicos deben elaborar su informe para sacarlo a audiencia pública antes de que uno de los dos últimos consejos de ministros del año den el visto bueno al real decreto (todo apunta a que será en el del día 29 de diciembre). Además de la evolución prevista para los precios o los salarios, también se deben ponderar otros aspectos como la productividad media por trabajador estimada o las previsiones de coyuntura macroeconómica. Así lo establece el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que también fija una revisión semestral en caso de que no se cumplan las proyecciones de inflación.
Al margen de lo que marca el ET, habitualmente el Ministerio de Trabajo de turno explica en la memoria de análisis de impacto del SMI que la fijación de la cuantía no es el resultado de una operación matemática, sino que se realiza mediante una valoración global de un conjunto de indicadores. "Algunos como la evolución del IPC o la participación de la remuneración de los trabajadores en la renta nacional están bien delimitados y se dispone de datos muy recientes", añade, "pero se podrán tomar distintos indicadores en relación a la evolución de la productividad", indica. Sobre la valoración de la situación económica "se debe atender a consideraciones que van más allá de las puramente cuantitativas". Por tanto, la fijación de la revalorización no responde a un cálculo matemático ni atiende a medidas puramente objetivas.
Si se tratase de una operación matemática exacta, los técnicos echarían mano del cuadro macro de 2021 para colocar en la fórmula el 0,9% de incremento previsto para el IPC; el 0,4% que esperan que suba la remuneración por asalariado; el avance del 5,6% que se proyecta para el empleo; el alza del PIB del 7,2%; o un impulso estimado de la productividad por trabajador del 1,5%. Todos los indicadores están al alza, por el efecto rebote tras el desplome generalizado en 2020 por la Covid, argumento que respaldaría la postura de subir el SMI el próximo año. Sin embargo, no hay que olvidar que las previsiones están sujetas a un elevado grado de incertidumbre por la evolución incierta de la pandemia y que organismos como el Banco de España han presentado augurios mucho más pesimistas.
El impacto en el empleo
En cualquier caso, Trabajo tendrá en cuenta estos y otros aspectos a la hora de justificar el SMI de 2021. Uno de los puntos clave del informe técnico es el potencial impacto sobre el mercado laboral, un controvertido tema que ya trató el actual equipo del Ministerio en la memoria del real decreto por el que se fijó el salario mínimo para este 2020. En ese documento se exponen los argumentos tradicionales de ambas partes del debate económico: los que defienden que la subida del SMI es buena para los trabajadores más vulnerables, favorece el consumo, la redistribución de la renta y la reducción de la pobreza; y los que cuestionan la medida por distorsionar los salarios óptimos a los que se llegaría en una situación de libre mercado y contribuir a aumentar el desempleo entre los trabajadores menos productivos.
Trabajo concluye en el citado informe que "la literatura económica no ofrece resultados concluyentes entre estas dos posturas". Aunque reconoce que "la mayoría de los estudios encuentran efectos negativos del salario mínimo sobre el empleo", apunta a que "estos efectos son en general pequeños y concentrados en determinados colectivos (trabajadores con salarios bajos, jóvenes, trabajadores con baja cualificación)". En cualquier caso, según su análisis, "parece existir mayor evidencia empírica entre aquellos que sostienen que existe un efecto positivo del aumento del SMI en la reducción de la desigualdad y la pobreza de los trabajadores".
El Ministerio también hace un repaso de las subidas del SMI en 2017, 2018 y 2019 y asegura que "no parecen haber tenido efectos negativos significativos en el ritmo de creación de empleo". Sí admite evidencias, no obstante, de un impacto negativo en comunidades autónomas con un mayor número de afectados por el salario mínimo por estar especialmente vinculadas a las actividades agrícolas, como Castilla-La Mancha y Extremadura. También recuerda que el Banco de España cifró la pérdida de puestos de trabajo en 2019 por la fuerte subida del 22,3% en 125.000 empleos, sobre todo de jóvenes, mujeres, trabajadores menos formados y empleados con contrato temporal (este informe está por revisar), pero que la Autoridad Fiscal acabó corrigiendo sus malos augurios (de hecho, a mediados de este año rebajó la pérdida de 40.000 empleos a una horquilla de entre 19.000 y 33.000).
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