El Consejo de Ministros aprueba hoy la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros mensuales a iniciativa de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. La máxima responsable del área laboral del Gobierno ha negado por activa y por pasiva cualquier daño que esta medida pudiera suponer para el empleo, incluido el sector agrario. Pero el propio Ejecutivo reconoce en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo del proyecto de real decreto que el fuerte incremento de 2019 ya ha afectado negativamente al mercado laboral de comunidades autónomas especialmente vinculadas a las actividades agrícolas como Castilla-La Mancha y Extremadura.
Las patronales del campo han puesto el grito en el cielo por este nuevo incremento del SMI de más del 5,5% porque, según denuncian, todavía no se han recuperado del fuerte aumento del 22,3% aplicado en 2019. "Fue un palo importante y llegamos a perder hasta 55.000 empleos en el sector", advertían recientemente desde la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja). El propio presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández-Vara, exigió en público una reunión con Yolanda Díaz apenas minutos después de conocer la EPA del cuarto trimestre de 2019 y apuntar directamente a la subida del salario mínimo como la principal causa del retroceso del empleo en su región.
Pese a estos avisos, la titular de Trabajo siempre ha sostenido que las modificaciones en el SMI no afectan al empleo en el sector agrario y que, por contra, el campo sufre "problemas estructurales". Sin embargo, en la 'letra pequeña' del meticuloso análisis de impacto que acompaña al proyecto de real decreto por el que se fija el salario mínimo para 2020 sí se contempla esta afectación. El texto, que estuvo hasta ayer en consulta pública, admite que aunque el porcentaje de centros de trabajo que no cubren vacantes por un elevado coste laboral es bajo (un 4,5%), "se observa un pequeño aumento en aquellas autonomías con mayor número de trabajadores afectados por el incremento del SMI".
Es en este punto en el que el Gobierno reconoce que las empresas que dejan de contratar por no poder incurrir en mayores costes de personal se han incrementado en comunidades autónomas como "Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura, en las que supera el 6% y en las que podría haber una mayor proporción del total de trabajadores de la región que se ven afectados por la subida del SMI". En efecto, los datos del INE revelan una caída de más de 28.000 trabajadores en el empleo agrario en 2019 y en el sector alertan de que será muy superior si no se arbitra alguna medida para atenuar el impacto de la nueva subida en 2020.
En este sentido, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ya ha abierto la puerta a la posibilidad de adoptar medidas complementarias de bonificación o incentivo para el vapuleado sector agrario si se consideran necesarias tras analizar el efecto del SMI. Pero a estas alturas el Gobierno parece ya tener evidencia empírica de estos daños. A finales del año pasado el anterior secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ya admitió un impacto negativo contra colectivos vulnerables como las empleadas del hogar y los trabajadores del campo. Lo hizo en un informe preliminar que tienen previsto ampliar con la colaboración del Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
Precisamente, en su análisis el Ejecutivo recuerda que el supervisor bancario advirtió de que la subida del SMI en 2019 tendría un impacto negativo en el mercado laboral (llegó a cifrar la pérdida de empleo neto en 125.000 puestos de trabajo). También hace hincapié en que la Airef, que entonces presidía el actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en un principio aseguró que el nuevo SMI destruiría empleo y después admitió que no disponía de información suficiente para hacer tales estimaciones y que tendría que esperar a que estén disponibles los microdatos para un análisis exhaustivo.
Y es que "en un mercado de trabajo como el español, con tasas de temporalidad tan elevadas, es previsible que el posible efecto sobre las bajas se produzca más a través de la finalización de los contratos temporales en vigor que mediante despidos por lo que necesariamente tendrá lugar con un decalaje", recoge ahora el análisis del Gobierno sobre el informe de la Airef, que efectivamente apostaba porque los efectos más perniciosos de la subida del SMI se trasladarían al medio plazo.
Los colectivos vulnerables, los más perjudicados
Durante la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social realiza un amplio recorrido por la teoría económica y el debate académico en torno al potencial impacto del incremento del SMI. De un lado, quienes consideran que es negativo porque destruye empleo y del otro, los que defienden que se trata de una medida necesaria para la redistribución de la renta y la reducción de la pobreza, mediante el refuerzo de la posición negociadora de los trabajadores más vulnerables frente a los empleadores.
La Seguridad Social recaudará 247 millones de euros más
La Seguridad Social incrementará sus ingresos en al menos 247 millones de euros por la subida de las bases mínimas de cotización asociada al aumento del SMI, según los cálculos expuestos en la memoria del real decreto. Queda por determinar cómo se modificarán las bases máximas y la afectación al régimen de autónomos, cuestiones que dependen del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Fuentes de ese departamento aseguran que hablarán "con todos los implicados antes de tomar decisiones". De cualquier manera, estos cambios no se incluirán hoy en el Consejo de Ministros que dará luz verde al alza del SMI.
Trabajo concluye que "la literatura económica no ofrece resultados concluyentes entre estas dos posturas". "La mayoría de los estudios –admite el análisis del Ministerio– encuentran efectos negativos del SMI sobre el empleo, si bien estos efectos son en general pequeños y concentrados en determinados colectivos (trabajadores con salarios bajos, jóvenes, trabajadores con baja cualificación)". De nuevo, asumen que el 'golpe' se lo lleva el sector más vulnerable del mercado laboral.
Es más, ante la falta de consenso los técnicos del Ministerio se fijan en dos metaanálisis que recopilan más de 200 estudios sobre cómo responde el empleo a cambios en el salario mínimo en diferentes economías, periodos y grupos poblacionales, y constata que dos terceras partes de los estudios analizados encuentran efectos negativos y un tercio encuentra efectos nulos o positivos. De este modo, el informe de Trabajo pone negro sobre blanco que "el promedio de elasticidad del SMI sobre el empleo está en torno a -0,1, es decir, un crecimiento del SMI del 10% provocaría una reducción de la ocupación del 1%.
Con todo, en el documento que acompaña al real decreto que aprueba hoy el Consejo de Ministros se asegura que "parece existir mayor evidencia empírica entre aquellos que sostienen que existe un efecto positivo del aumento del SMI en la reducción de la desigualdad y la pobreza de los trabajadores". Sobre las subidas de 2017 (8%), 2018 (4%) y 2019 (22,3%) se afirma que "no parecen haber tenido efectos negativos significativos en el ritmo de creación de empleo". Al contrario, dice, España ha seguido creando empleo "a un ritmo elevado", incluso entre las personas de bajo nivel formativo, y la caída del paro se ha concentrado en desempleados de muy larga duración, "un colectivo en principio más expuesto a los potenciales efectos negativos de un alza de salarios".
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