La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado este jueves en el Congreso que el convenio para la compra de los terrenos al Ministerio de Defensa correspondientes a la 'Operación Campamento' en Madrid se firmará el próximo mes de septiembre. Preguntada durante una intervención ante los medios de comunicación al concluir la sesión plenaria, Sánchez ha asegurado que el convenio que deben firmar la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y Defensa se formalizará "en los próximos días".
"A partir de ahí iniciaremos la tramitación, que como viene de lejos está ya avanzada", ha abundado la titular de Transportes. Este proyecto urbanístico fue recuperado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el Debate sobre el estado de la nación, en el que anunció un desbloqueo "inmediato" para construir 12.000 viviendas en la capital, el 60% de ellas públicas.
El Gobierno pretende utilizar el ladrillo para financiar parte del crédito extraordinario de 1.000 millones para cubrir los gastos militares en apoyo a Ucrania, cumplir el acuerdo suscrito con la OTAN junto al aumento el gasto en defensa al 2% del PIB y desarrollar su programa de vivienda social. La inyección económica y el giro social que necesitaba el discurso del Gobierno resultarán en la construcción de un barrio con un 60% de vivienda pública en una ciudad asfixiada por el alto precio del alquiler.
Para ello ha sido necesario firmar un nuevo acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el de Transportes -el anterior databa de 2009 y se extinguió a los cuatro años- con el fin de que SEPES, la empresa pública de suelo, pudiera adquirir los terrenos al Instituto de Vivienda de Defensa, titular de los mismos. El valor de estos terrenos en el año 2011 era superior a los 300 millones, cifra que se prevé superior en este nuevo acuerdo.
Sánchez impone así su agenda a la de su Gabinete, y obliga a revivir una operación que ni Margarita Robles ni María Dolores de Cospedal, actual ministra de Defensa y su antecesora, quisieron liquidar anteriormente: "Solo mostraron un interés económico en la venta de los terrenos, ya que permitía hacer caja", afirma José Manuel Calvo, exconcejal de urbanismo de la capital, quien explica que ese terreno "estaba imputado como ingreso patrimonial y Defensa no puede renunciar a estos ingresos". El equipo de gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) planteó a ambas una revisión del convenio urbanístico firmado en 2009, pero no llegó a tramitarse.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios