Moncloa quiere garantizarse la 'paz social' para hacer frente al complejo proceso de reconstrucción económica que se avecina. Para ello, Pedro Sánchez está dispuesto a primar el diálogo con la patronal y los sindicatos sobre cualquier otra consideración y a este fin está dedicando importantes esfuerzos. El objetivo es demostrar que cada acuerdo cuenta. Tanto es así que este viernes recibe en el Palacio de La Moncloa a los líderes de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, básicamente, para escenificar su entendimiento. Está previsto que los primeros espadas de las organizaciones empresariales y sindicales sellen con el Gobierno una declaración a favor de la reactivación económica y del empleo. Algo que puede sonar muy genérico pero que es capital para el Ejecutivo de cara a negociar nuevas medidas que contengan la sangría laboral que se prevé en el segundo semestre del año.
Tanto los empresarios como los trabajadores se encuentran revueltos y el Gobierno lo percibe. No son ajenos a las advertencias que dibujan un panorama cuando menos turbulento a partir de septiembre, una vez finalice la cobertura especial de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Los peores augurios avisan de que más de 50.000 de las empresas acogidas a los ERTE los convertirán en ERE definitivos antes de que acabe el año, lo que supondrá la pérdida de otros 300.000 puestos de trabajo. Pero más allá de las previsiones, la industria ya ha puesto sobre la mesa cerca de 5.000 despidos que han despertado una gran inquietud en el Ejecutivo, según revelan fuentes gubernamentales que se basan en temores fundados de que otras grandes empresas puedan sumarse a esta oleada de rescisiones de contratos en los próximos meses.
Nissan acapara más del 50% de los recortes de plantilla anunciados, con 2.525 despidos tras el cierre de sus plantas barcelonesas. La clausura de la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao (Galicia) supondrá la pérdida de 534 puestos de trabajo. Por su parte, Siemens Gamesa ha anunciado el fin de la planta de energía eólica de Aoiz (Navarra) donde trabajan 239 empleados y Airbus recortará 889 empleos en España entre Getafe, Illescas y Puerto Real. "El efecto arrastre de esta sangría es preocupante", advierten fuentes del Gobierno que adelantan que se está trabajando en un paquete de impulso a la industria nacional para evitar que esta crisis se prolongue en grandes compañías y sectores estratégicos.
Este mismo viernes llegarán las primeras medidas en un Consejo de Ministros extraordinario que pretende dar luz verde al Plan Renove de 250 millones de euros para fomentar la renovación del parque automovilístico. También se pondrá en marcha una nueva línea de avales públicos para reactivar la economía en el medio y largo plazo. En concreto, se prevén otros 40.000 millones del ICO y 10.000 millones adicionales para rescatar a empresas en problemas, vinculados a la solvencia. También pretende formar parte de este paquete para el sector industrial un plan de ayudas para las aerolíneas, especialmente castigadas por la paralización del turismo.
El Gobierno quiere con este primer paquete de estímulos para la reconstrucción -los anteriores se centraron en paliar el 'shock' inicial de la Covid- evitar tomas de decisiones que califican de erróneas en sectores considerados estratégicos. El propio Sánchez utilizó este término ayer en una entrevista en La Sexta: "La decisión de Nissan, que ya tenía decidido ir desinvirtiendo en Europa antes de la pandemia, me parece que es un error, primero porque este es un país competitivo en la fabricación de automóviles y en segundo lugar porque mantienen una fábrica en el Reino Unido, que sale del mercado único, por tanto parece bastante irracional". El presidente insistió en que el Ejecutivo "no se desentiende" del presente y el futuro de los trabajadores afectados por los cierres.
Sobre Airbus, Sánchez calificó la decisión adoptada por el fabricante aeronáutico de "dramática", como consecuencia de una caída de la cifra de negocio del 40%. Lo que sí adelantó es que el Gobierno de España, ya desde antes del anuncio de esta decisión, ha puesto en marcha un grupo de trabajo conjunto de distintos ministerios implicados, también con presencia de la compañía, para garantizar la presencia de Airbus en nuestro país "y de una manera significativa". En esta línea, la sección sindical estatal de UGT FICA-AIRE de Airbus ha reclamado la implicación directa del Ejecutivo en este proceso porque "es necesario acometer con urgencias un paquete de medidas por parte del Gobierno que salvaguarde de esta crisis a las aerolíneas y a toda la cadena de valor española".
En cuanto a Alcoa, el líder socialista pidió directamente a la compañía que reconsidere su decisión y que ofrezca una respuesta distinta capaz de mantener las capacidades productivas en las comarcas gallega y asturiana, sobre todo después de haber recibido "una cantidad de millones de ayudas" por parte del sector público en los últimos años. El presidente adelantó que el Gobierno ya está hablando con los sindicatos y con la multinacional productora de aluminio para solicitarle, en el caso de que no se comprometa con las comarcas españolas donde está presente, que deje paso a otras empresas para que inviertan e inyecten capital en el mantenimiento de las capacidades productivas y el empleo.
El Gobierno también mira de reojo a Abengoa, en plenas negociaciones para su reestructuración. Fuentes del área económica del Ejecutivo insisten en que "se está siguiendo de cerca cómo se puede reorientar una situación financiera que ya era delicada con anterioridad a la pandemia". El Gobierno, de hecho, ya está inmerso en conversaciones con la banca para sacar adelante la totalidad del proceso, que implica un complejo entramado de 250 millones de liquidez y 300 millones en avales, además de quitas de deuda y capitalizaciones. El grupo de ingeniería y energías renovables se ha dado hasta el 14 de julio para cerrar un acuerdo a su plan de rescate y evitar el concurso. Están en juego nada menos que 15.000 empleos (2.500 en España).
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