El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este sábado para anunciar las nuevas medidas que irán incluidas en el segundo decreto contra los efectos de la guerra. Tras unos días previos cargados de tensión entre la coalición -con tiras y aflojas entre los de Díaz y Sánchez, que no se han solucionado hasta el mismo día del Consejo de Ministros extraordinario-, el Ejecutivo ha presentado una batería de normas con las que 'capear' este fenómeno monetario inédito en España en lo que llevamos de siglo. Así, y tras tres horas de reunión esta mañana, el presidente ha confirmado frente a los medios que el Gobierno aprobará un futuro impuesto a las eléctricas (que no irá incluido en el decreto) o un cheque social de 200 euros, entre otras medidas.
La tensión entre los dos partidos de la coalición ha sido constante a lo largo de la semana. La gran disputa estaba en torno a el cheque de ayuda de 300 euros para las familias vulnerables, propuesto por Yolanda Díaz, y la forma en la que gravar el impuesto a las eléctricas (si hacerlo por medio de un proyecto de ley o un decreto). La primera -y única- victoria de los morados ha sido prorrogar este decreto hasta el próximo 31 de diciembre (seis meses en lugar de tres). Por otro lado, el cheque se ha reducido 100 euros a lo que pedía la vicepresidenta Yolanda Díaz.
"Le damos una gran importancia", este ha sido el mensaje que ha trasladado el presidente del Gobierno tras su reunión con los ministros. "Gracias a este decreto -y al anterior- hemos contenido en 3,5 puntos el alza de los precios. Si no fuera por estas medidas que hemos acometido estaríamos hablando de hasta una subida del 15%. El Estado se ha dejado 15.000 millones de euros entre gastos y rebajas fiscales. Es más de un punto del PIB del país". Por otro lado, Sánchez ha asegurado que se prorrogan todas las medidas del anterior decreto, pero con novedades. "Queremos incentivar el transporte público y vamos a llevar a cabo una reducción del 50% del precio de todos los abonos de transporte que competen al Estado y un 30% para los abonos de transporte prestados a las CCAA y las entidades locales".
Además, el presidente ha añadido otras medidas, como el aumento de un 15% de las pensiones no contributivas (lo que supondrá un ahorro de 60 euros al mes y de 370 euros de aquí a final de año), la limitación al precio de la bombona de butano, la reducción del IVA de la electricidad del 10 al 5% (como ya anunció el miércoles), se prorroga hasta septiembre el pago de las cuotas a la Seguridad Social tanto para el sector pesquero como el del transporte y se amplían todas las ayudas contra la sequía".
No obstante, uno de los anuncios más relevantes del sábado ha sido el diseño de un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las eléctricas por la subida de los precios. Una medida que ya pedían instituciones como la Comisión Europea o la OCDE. El presidente lo ha justificado. "Las cargas de esta situación deben distribuirse con justicia, deben aportar más quienes estén en mejores condiciones y aquellos que tengan más réditos indirectos de esta subida; para proteger a la clase media y trabajadora del país. Este impuesto será presentado en las próximas semanas como proposición de ley para que entre en vigor el 1 de enero de 2023".
El último decreto, aprobado gracias a Bildu
El 28 de abril de este año, el Gobierno consiguió la mayoría suficiente para sacar adelante el decreto contra los efectos de la guerra gracias a un apoyo de última hora -e imprevisto- de la formación abertzale, Bildu. La votación estuvo marcada por la incertidumbre después de que ERC -socio directo de la coalición- anunciara su voto en contra tras conocer la información publicada por The New Yorker, que acusaba a España de haber espiado (entre 2017 y 2020) a políticos independentistas a través del software israelí Pegasus.
El decreto se dividió en cuatro puntos: energía (regular los llamados beneficios caídos del cielo -el ingreso 'extra' que ganan las eléctricas que producen energía barata con las renovables y la venden al precio caro del gas- o mantener la rebaja fiscal del 60% en la factura de la luz), transporte (ayudas directas de 450 millones), apoyo a las pymes y autónomos (10.000 millones en avales y subvenciones al sector primario: 169 millones para productores de leche, 193 millones para los agricultores y 68 millones para los pescadores) y, por último, el apoyo a los trabajadores vulnerables (20 céntimos de descuento por cada litro de combustible, 300 millones de anticipo para las estaciones de servicio, límite de subida de los precios de alquiler al 2%, prohibición de despedir a empresas que han recibido ayudas públicas, subida del 15% del Ingreso Mínimo Vital y ampliación del bono eléctrico a casi dos millones de ciudadanos).
"La inflación tumba gobiernos". Este vaticinio, que auguran algunos, no para de retumbar entre las paredes de La Moncloa. El Gobierno se lo cree. En cada comicio celebrado, los dos partidos de la coalición han sufrido fuertes desgastes electorales. Este escenario empujó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a anunciar un Consejo de Ministros extraordinario para este sábado, con el objetivo de dar luz verde a la prórroga del decreto antiinflación (aprobado en el Congreso el pasado mes de abril), pero con el añadido de nuevas medidas ambiciosas que relancen el 'mensaje social' que el Ejecutivo siempre ha buscado enarbolar, pero que el frágil contexto económico ha absorbido y, en muchas ocasiones, ha dejado sin efecto.
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