Jueves, 20.06.2019 - 13:29 h
Deberá aprobarse antes del 1 de julio

La bala de plata de Sánchez... tiene otra subida a los funcionarios en la recámara

Tras el alza del 2,25% de enero, los empleados públicos volverán a incrementar su nómina un 0,25%, gracias a que el PIB creció por encima del 2,5%.

Meritxell Batet y Pedro Sánchez (Archivo)
La bala de plata de Sánchez... tiene otra subida a los funcionarios en la recámara. / Ep

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se guarda, previsiblemente para antes de los comicios europeos, autonómicos y municipales que se celebrarán el próximo 26 de mayo, una 'bala de plata' para contentar a 2,5 millones de empleados públicos y que se traducirá en una subida salarial del 0,25%, que servirá para compensar una pequeña parte de la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido los empleados públicos durante la crisis.

Tras la subida del 2,25% del sueldo de los funcionarios de todas las administraciones en enero, el Gobierno socialista tiene ahora pendiente trasladar un nuevo incremento retributivo, en este caso del 0,25%, que estaba condicionado a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB). El compromiso suscrito en marzo de 2018 entre los sindicatos y los responsables del Ejecutivo 'popular' y que Sánchez se comprometió a respetar contemplaba diversas variables, pero se ha dado el mejor de los escenarios, un crecimiento de la economía por encima del 2,5%, que determina una subida del 0,25%.

La economía española creció un 2,6% en 2018, cuatro décimas menos que en 2017, según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado mes de marzo, un incremento que ha definido la máxima subida adicional, que deberá entrar en el día 1 de julio para todos los empleados públicos, aunque no tendrá efecto retroactivo, según los diferentes compromisos suscritos entre los sindicatos y los responsables del Gobierno.

La secretaría de Políticas Públicas de Comisiones Obreras (CCOO), Miriam Pinillos, asegura a La Información que una vez que el INE ha constatado el crecimiento del PIB por encima del 2,5% y tras exponérselo al secretario de Función Pública, José Antonio Benedicto, en la última comisión de seguimiento del acuerdo, la pelota está en el tejado del Ejecutivo socialista, que deberá ratificar el incremento retributivo en un Consejo de Ministros antes del 1 de julio.

El fondo para cubrir la subida está previsto y la medida está recogida en el Real Decreto 24/2018, aprobado en el último Consejo de Ministros del año pasado. El incremento retributivo por decreto tenía como objeto anticiparse a la no aprobación de los Presupuestos Generales de 2019 y a la necesaria prórroga de los de 2018 -los que elaboró Cristóbal Montoro-, algo que no se había materializado en ese momento, pero que era muy previsible debido a una situación política convulsa.

Y la tercera subida....

Además, una buena parte de los funcionarios podrá beneficiarse de una tercera subida, vinculada a fondos adicionales, que elevaría la total al 2,75%. El nuevo plus salarial no está previsto que se aplique de forma lineal como los otros dos y estará sujetos a negociaciones entre las organizaciones sindicales y los responsables de las distintas administraciones. El porcentaje -del 0,25%- tendría como objetivo la implantación de planes de mejora de la productividad y eficiencia.

Los guiños de Sánchez a los funcionarios

Pedro Sánchez, con un presupuesto prorrogado y en el tiempo de descuento, ha logrado sacar numerosas medidas que afectan de lleno a los funcionarios. Así, ha negociado una subida del salario mínimo del personal laboral de la Administración General del Estado (AGE) hasta 1.136 euros -200 euros más que los trabajadores del sector privado-; ha aumentado el sueldo de los funcionarios ya un 2,25%, el mayor incremento desde 2008; y ha puesto en marcha una histórica oferta de empleo público.

El pasado marzo, el Gobierno aprobó 33.793 plazas de funcionarios, incluyendo en esta cifra plazas ya aprobadas -como las 383 derivadas del Brexit- y otras que han sido autorizadas para estabilizar las plantillas en Justicia y Educación. Esta oferta de empleo público es casi un 10% superior a la oferta registrada en 2018, ya que cuenta con 2.949 plazas más que las ofertadas el año pasado. Además, es "la mayor registrada en los últimos 11 años", según quiso destacar el Ejecutivo con las elecciones ya convocadas.

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