El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asumido este miércoles en la tribuna del Congreso de los Diputados que el conflicto bélico desatado en suelo europeo por la invasión de Ucrania por parte de Rusia va a tener importantes consecuencias sobre la economía española. Entre otras, ha citado la inevitable ralentización del crecimiento económico y una escalada de la inflación más duradera de lo inicialmente previsto. Y en este contexto, ha pedido a los agentes sociales un gran pacto de rentas en el que se acuerden subidas salariales moderadas que no deriven en espirales inflacionistas que provoquen los temidos efectos de segunda ronda.
Durante su intervención en el Parlamento para defender la postura de España ante la guerra en Ucrania, Sánchez ha orientado la acción de su gobierno en dos vías y para ambas ha pedido respaldo parlamentario unánime. Por un lado, en el marco europeo, ha anunciado que además de contribuir a la respuesta coordinada, España va a enviar material militar ofensivo directamente a la resistencia ucraniana. Y en el plano económico, ha defendido medidas en la dirección de lograr la independencia energética de Rusia, promoviendo, entre otras, el desacople temporal de los precios del gas y la electricidad para reducir la volatilidad de los precios y el fomento de contratos de largo plazo entre los agentes para evitar especulaciones en los mercados de CO2, además de compras conjuntas de gas y la creación de reservas estratégicas entre varios países.
Y en el plano nacional, Sánchez ha anunciado que el Gobierno tiene diseñado ya un "Plan Nacional de Respuesta a la Guerra" que incorpora, entre otras medidas, la prórroga de las medidas fiscales vigentes para reducir la factura de la luz hasta el próximo 30 de junio, así como los descuentos en el bono social eléctrico para las familias más vulnerables. También se prorrogará la minoración temporal de los denominados "beneficios caídos del cielo", así como la reducción de peajes a los consumidores electro intensivos y las medidas de flexibilidad habilitadas en el suministro de gas natural para consumidores industriales, también hasta el 30 de junio.
En paralelo a las medidas puramente energéticas, el jefe del Ejecutivo ha anunciado otro paquete de medidas destinadas a mitigar el impacto económico de la guerra ruso-ucraniana en España. En particular, para evitar despidos masivos en empresas que atraviesen dificultades por la subida de los precios energéticos, del gas, la luz y los carburantes, o por problemas en las cadenas de suministros, se va a poner en marcha el mecanismo RED, la herramienta de flexibilidad interna que incorpora la reforma laboral recién aprobada para crisis cíclicas y sectoriales. Sánchez ha confirmado así la noticia publicada en La Información esta misma mañana.
El presidente del Gobierno ha hecho un llamamiento a todos los grupos para alcanzar un "pacto de unidad" en la respuesta frente a la invasión y mitigar el impacto económico de la guerra. Sánchez ha calificado como "más que probable" que el cruce de sanciones tenga impacto sobre las exportaciones e inversiones españolas en Rusia y sobre los flujos de turistas rusos en España, así como interrupciones de importaciones de Ucrania. Pero el impacto "más importante y previsible" se va a producir sobre los mercados energéticos, ha advertido, para avisar de que aunque los efectos en nuestro país son más limitados que en otros del entorno por la menor dependencia de importaciones de petróleo y gas rusos y el suministro está garantizado, "el impacto será importante en la economía".
Sánchez ha hecho referencia a la elevada incertidumbre en torno a las consecuencias de la guerra, pero sí ha señalado que ya está provocando importantes subidas de los precios energéticos en los mercados. En este sentido, ha señalado que la escalada del IPC en España se va a prolongar más de lo inicialmente estimado y que esta tensión inflacionista va a provocar una "ralentización del crecimiento económico" y "menores inversiones" en un momento clave para la recuperación tras la pandemia. Y en este contexto, en el marco del Plan Nacional de Respuesta a la Guerra, que ha definido como abierto (a las aportaciones de grupos parlamentarios y agentes sociales) y dinámico (porque las consecuencias del conflicto todavía son impredecibles), ha pedido el respaldo de todos los grupos.
El primer eje de ese plan de choque, según ha señalado el presidente, pasa por la consecución de "un gran pacto de rentas" para hacer frente a los riesgos que implica el incremento de los precios de la energía y de las materias primas. Se refiere al Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que patronal y sindicatos van a empezar a negociar este mismo jueves. Sánchez ha señalado el "ejemplo de patriotismo" que han dado los agentes sociales durante la pandemia y les ha invitado a que alcancen un gran pacto de rentas, "un acuerdo de país que proporcione estabilidad" tanto desde la perspectiva de los costes salariales como desde la contención de los beneficios empresariales, eso sí, evitando "caer en una espiral inflacionaria que ponga en riesgo la recuperación", ha advertido el presidente del Gobierno, en referencia al peligro que implica ligar los sueldos al IPC.
Listado de las medidas
- Extender hasta el 30 de junio las medidas fiscales que afectan a la factura eléctrica: rebaja del IVA de la electricidad del 21 % al 10 %, suspensión del impuesto de generación eléctrica y bajada del impuesto especial de la electricidad.
- Prórroga hasta el 30 de junio de la minoración temporal del beneficio que obtienen las centrales eléctricas no emisoras de carbono.
- Reducción en un 80% de los peajes de más de 600 consumidores electrointensivos y prórroga hasta el 30 de junio de las medidas de flexibilidad de los contratos de suministro de gas natural de los consumidores industriales.
- Impulsar un pacto de rentas con los agentes sociales para la moderación de los márgenes empresariales y los salarios para evitar que la subida de precios desemboque en una "espiral inflacionaria que mine el poder de compra de las familias".
- Prórroga hasta el 30 de junio del descuento del bono social eléctrico, del 60 % para colectivos vulnerables y del 70 % para colectivos vulnerables severos.
- Activación del plan de reducción de consumos energéticos en los edificios e infraestructuras de la Administración General del Estado asociados a climatización, movilidad y alumbrado.
- Dotación de 100 millones para sustitución alumbrado público que permitirá reducciones consumo del 70 %.
- Dotación de 500 millones para acelerar el autoconsumo eléctrico. Eliminación de barreras ligadas a la conexión eléctrica.
- Convocatoria de una subasta de energía renovable adicional en el primer semestre del año.
- Nueva partida de 1.000 millones para el PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento con el objetivo de desarrollar nuevos proyectos renovables y de almacenamiento, así como fabricación de sistemas fotovoltaicos, eólicos y suministros básicos para la transición energética.
- Acelerar la aprobación y puesta en marcha del mecanismo RED, que sustituye a los ERTE.
- Promoción turística de los destinos más expuestos para compensar la ausencia de turistas rusos si el conflicto se alarga.
- Solicitud a la Unión Europea de utilizar todos los medios para facilitar la oferta de cereales y oleaginosas en los mercados internacionales, así como, si fuera necesario, pedir la activación del mecanismo de la organización común de mercados agrarios.
- Promover la inclusión de Rusia en el listado de paraísos fiscales, avanzar en las interconexiones energéticas y adaptar las reglas fiscales de déficit y deuda para asegurar la recuperación económica.
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