Un patriota al que desea ver lo antes posible otra vez en la mesa de negociación del diálogo social. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó su tradicional alocución a los españoles de todos los sábados desde que comenzara la crisis del coronavirus para lanzar un guiño a Antonio Garamendi y empezar a limar asperezas con los empresarios después de que éstos decidieran el jueves abandonar soliviantados el diálogo social tras conocer que los dos partidos que sostienen al Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- habían pactado con Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral de 2012 en un acuerdo parlamentario a espaldas del diálogo social.
La ruptura difundida a los cuatro vientos desde CEOE no sólo ha generado un importante revuelo interno en el Ejecutivo, que ha profundizado esa percepción de división interna en bloques que arrastra desde su constitución, sino que le ha dejado sin uno de sus únicos instrumentos de legitimación en un contexto en el que las acusaciones de unilateralidad y autoritarismo afloran por igual desde las bancadas de oposición y socios del Gobierno en las últimas semanas. Según fuentes empresariales, en este contexto de ruptura ha sido la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la que ha tomado la iniciativa para tratar de mantener un canal de contacto directo con los empresarios e intentar recomponer los puentes 'volados' tras el episodio del pacto con Bildu.
Fuentes del entorno de CEOE relacionan de hecho el retraso en la aprobación del Ingreso Mínimo Vital en Consejo de Ministros, que había sido anunciado para este martes pero que finalmente irá el viernes, a las singularidades de esta fase de la relación Gobierno-CEOE y a un intento del bloque más próximo a la viceprsidenta de Asuntos Económicos de alumbrar una redacción algo más próxima a las posiciones empresariales como una señal de buenas intenciones. "No hay diálogo institucional con el Gobierno, la relación está rota, pero eso no quiere decir que no haya contactos a otros niveles para tratar cuestiones técnicas", asegura un alto directivo de la organización empresarial.
Desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social se asegura que el asunto estaba decidido desde la semana pasada. El ministro José Luis Escrivá dijo a principios de esa semana en una entrevista radiofónica que el Ingreso Mínimo se aprobaría en el último Consejo de Ministros del mes lo que todo el mundo, incluidos sindicatos y empresarios interpretaron como que se aprobaría este martes. Nadie contradijo esa interpretación generalizada y de hecho el presidente del Gobierno anunció el sábado que el asunto se aprobaría "la próxima semana" en la que sólo había un Consejo de Ministros previsto: el ordinario del martes. Este lunes trascendió que habría Consejo de Ministros extraordinario el viernes y que en este -el último de mayo, ciertamente- se aprobaría el Ingreso Mínimo Vital.
Fuentes sindicales consultadas por La Información anticipaban ya la semana pasada que el proyecto gubernamental podría experimentar algún retraso respecto a la fecha prevista -siempre en referencia a este martes- porque había aspectos técnicos importantes por concretar. Las fuentes consultadas de CEOE admiten que esperan ver reflejadas en el proyecto definitivo del Gobierno parte de sus reivindicaciones.
Como adelantó La Información, antes de abandonar el diálogo social CEOE estaba negociando con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la posibilidad de que el Ingreso Mínimo Vital fuera compatible con la percepción de un salario, de modo que los beneficiarios de esta ayuda asistencial la mantuvieran en los primeros meses tras incorporarse a un trabajo a modo de incentivo para su empleabilidad, del mismo modo que ya sucedía con la renta de 426 euros del Programa de Activación de Empleo (PAE).
"Ayudaría al trabajador, que cobraría el salario íntegro y además se activaría en el mercado laboral, motivándose, manteniendo habilidades y adquiriendo otras nuevas... y cotizando a la Seguridad Social", se argumenta desde el ámbito empresarial, "y ayudaría a la empresa, reduciendo sus costes, en tanto que seguiría pagando el 100% de las cotizaciones sociales". Las 'enmiendas parciales' de CEOE al proyecto iban en la línea de vincular la percepción de ese ayuda a algún programa de mejora de la empleabilidad de los perceptores, ya que en líneas generales el banco empresarial rechazaba el proyecto gubernamental por introducir un coste estructural a las cuentas públicas en un momento de crisis. La posición de CEOE es que no se oponen a un Ingreso Mínimo, pero siempre que sea coyuntural y vinculado a la crisis.
