El relato oficial dicta que las Administraciones Públicas españolas arrastran unos números rojos de unos 22.000 millones de euros (2,1% PIB) en el saldo anual (previsión de 2019) entre la cuenta de ingresos y la de gastos, y que acumulan una deuda pública que supera holgadamente el billón de euros, pero que se sitúa dentro de los umbrales de lo asumible (98% del PIB). Lo que no dice es que detrás de esas cifras -ya de por sí preocupantes- hay una factura latente que no se muestra en los Presupuestos y que tampoco se cuantifica en la cuenta de deudas pendientes del Reino de España. Bruselas, muy consciente de esta situación que no solo afecta a España sino a todos los países de la Unión Europea, emitió allá por 2011 una Directiva sobre Gobernanza Económica que obligaba a sacar a la luz esos riesgos latentes para ofrecer una foto lo más precisa posible de la realidad financiera de los países miembros de la Unión. Sin ocultismos, con toda la crudeza.
El Gobierno de Mariano Rajoy en una de sus últimas decisiones desarrolló la adaptación a la normativa española de esa directiva europea y decretó que a partir del segundo semestre de 2018 los ministerios de Economía y Hacienda deberían incluir en la información que presentaran sobre sus presupuestos y sus cuentas el efecto de las "deudas de las Administraciones Públicas de todos los organismos y fondos que no formen parte de los presupuestos ordinarios", es decir, la que no se computa a efectos del Procedimiento de Déficit Excesivo que rastrea Bruselas, pero que sí condiciona las perspectivas financieras de las AAPP.
Hablamos de la deuda de las empresas públicas, los crédito, avales y garantías concedidos por el Estado a otros agentes económicos públicos y privados y que están pendientes de devolución, y otra serie de compromisos contingentes, que, sin alcanzar el estatus de deuda pública, sí comprometen en alguna medida las cuentas del Estado porque implican algún riesgo de impago y sobre las que el Estado tiene la obligación de responder. Las aproximaciones al respecto realizadas por el Banco de España y Eurostat han situado tradicionalmente esa 'cuenta oculta' en el entorno del 30% del PIB, es decir, en el entorno de los 300.000 millones de euros.
La información sobre el asunto que proporciona el Gobierno es parcial e insuficiente, como se ha encargado de poner de manifiesto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su último Informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de las AAPP. El organismo presidido por José Luis Escrivá afea al Ejecutivo que el Plan Presupuestario remitido a Bruselas incorpore únicamente el valor total de las garantías otorgadas por el total de las AAPP para 2018 a unidades que no son del sector público, obviando así capítulos que se cuentan con decenas de miles de millones de euros como las garantías del Frob o el Fondo de Titulización del déficit del sistema eléctrico.
Una amenaza latente de más de 110.000 millones de euros
La Autoridad Fiscal, cuyos técnicos están embarcados estas semanas en la complicada tarea de identificar y estimar el inventario de riesgos fiscales que amenazan a las cuentas públicas, ha avanzado en el mencionado informe una primera estimación sobre la cuantía de los que afectan al Estado. ¿El resultado? Más de 110.000 millones de euros.
El Gobierno que agarre las riendas del país tras las próximas elecciones generales del 10-N heredará un presupuesto bajo estrés, con una inercia de gasto que como se ha encargado de recordar Bruselas al Gobierno por carta hace apenas unos días exigirá ajustes por 6.500 millones de euros, con dificultades para cumplir la regla de gasto europea y con una serie de amenazas externas que como avanza la Autoridad Fiscal "podrían dificultar la reducción del déficit estructural" de las AAPP domésticas.
Las más relevantes por volumen tienen relación con los avales y garantías concedidas por el Estado en una serie de cuestiones críticas que, a día de hoy, lo exponen según la estimación de Airef a riesgos por un valor superior a los 100.000 millones de euros. Ahí figuran por ejemplo los más de 35.000 millones de euros que Sareb -el llamado 'banco malo'- tiene pendientes de reintegrar sobre las obligaciones con garantía del Estado que financiaron en su día la adquisición de los activos tóxicos del sector bancario y que según muchos analistas sólo se podrán enjugar en parte ante la evidencia de que la Sareb ya ha colocado en el mercado sus activos más apetitosos.
También engrosan esa cuenta los 23.700 millones de euros que el Estado tiene pendientes de devolver a los mecanismos europeos de estabilización financiera por el llamado 'rescate bancario', cuya devolución parece asegurado, o los 15.400 millones de euros que el sistema debe a las grandes eléctricas y que se tendrán que enjugar bien sea a través de la factura eléctrica (consumidores) o bien por otro cauce (contribuyentes).
Luego están lo que se conoce como 'pasivos contingentes', que no tienen tanto que ver con deudas contraídas o garantizadas pendientes de devolución sino con situaciones -normalmente litigios judiciales- cuya resolución se puede convertir en un coste para las arcas del Estado. La Autoridad Fiscal estima en más de 12.000 millones de euros la factura potencial a la que el Estado debería hacer frente si estos pleitos se resuelven en contra de sus intereses, como ha ocurrido recientemente con el caso de las retenciones aplicadas sobre la prestación por maternidad tras la sentencia desfavorable del Tribunal Supremo.
La Airef ve aquí como principales amenazas la resolución de los arbitrajes internacionales por los recortes aplicados en 2010 a la retribución de proyectos de energías renovables, que podrían llegar a costar hasta 8.870 millones de euros, y la batalla judicial abierta en los tribunales a cuenta de la decisión del Ejecutivo de resolver los contratos de concesión de las autopistas radiales y revertir su gestión al Estado a cambio de una compensación que los afectados consideran insuficiente, en la que Airef estima que el Estado se juega otros 2.000 millones de euros. En esa cuenta asoma también el conflicto a cuenta de la paralización del almacén de gas del proyecto Castor por el que Caixabank, Bankia y Santander exige 1.350 millones de euros al Estado.
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