La vicepresidenta económica Nadia Calviño adquirirá un papel protagonista en la gestión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que se pongan en marcha a partir de la nueva etapa de desescalada. Según explican fuentes gubernamentales a La Información, el Gobierno va a plantear la creación de una nueva comisión interministerial que se hará cargo de las futuras regulaciones para los planes de ajuste de plantilla en las empresas. Esta comisión quedará bajo la órbita de la número tres del Gobierno y, en la práctica, máxima responsable del área económica.
La decisión del Ejecutivo de coaliciónn rebaja el papel de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la gestión de los ERTE durante el proceso de desescalada que va a presentar este martes Pedro Sánchez en Moncloa. Hasta ahora la gestión de los ERTE pertenece en exclusiva a la ministra de Trabajo, que fue la que activó la política de flexibilización de este instrumento para contener la destrucción de empleo durante el 'shock' del coronavirus.
Las fuentes consultadas añaden que los asuntos que se aborden en esa comisión y que tengan impacto presupuestario pasarán a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que preside Nadia Calviño y que suele reunirse los viernes. De ahí irán al consejo de ministros. La creación de esta nueva comisión fue explicada a los agentes sociales, patronal y sindicatos, en la reunión que mantuvieron varios ministros con ellos el pasado jueves por videoconferencia.
En el Gobierno son conscientes, porque así se lo han advertido desde organizaciones empresariales y sindicales, de que existe la posibilidad, más que probable, de que muchos de los ajustes temporales de plantilla acaben convirtiéndose en definitivos, es decir, en despidos, y por eso están trabajando con los agentes sociales en el diseño de un plan de 'desconfinamiento' de la economía que permita mantener cierta flexibilidad en los ERTE cuando finalice el estado de alarma.
Gobierno, patronal y sindicatos están de acuerdo en que es necesaria una prolongación y flexibilización de las condiciones favorables de los ERTE para salir de esta crisis mitigando al máximo el golpe para el mercado laboral. No hay que olvidar que, tal y como está establecida la regulación en estos momentos, los expedientes por causa de fuerza mayor, que son los que conllevan la exención de cotizaciones a la Seguridad Social, deberán finalizar cuando acabe el estado de alarma. Pero todo indica que la recuperación de las empresas va a ser lenta, sobre todo en los sectores más afectados, por lo que el Ejecutivo está buscando las fórmulas para dar continuidad a los ERTE en los próximos meses, particularmente en los casos de actividades que van a seguir forzadas al cierre.
El plan de desescalada es el siguiente: el Gobierno contempla una primera etapa en la que se mantiene la excepcionalidad, aunque con carácter atenuado, y un segundo periodo de acercamiento progresivo a la normalidad, una normalidad también atenuada. Así lo explicó la ministra de Trabajo en el Congreso: "Los ERTE por fuerza mayor seguirán teniendo gran relevancia, por lo cual deberá mantenerse transitoriamente el mecanismo de apoyo establecido durante la etapa de crisis sanitaria aguda. Pero después, los expedientes evolucionarán para dar respuesta a las nuevas necesidades de las empresas, que serán fundamentalmente por causa económica, técnica, organizativa o de producción. También evolucionarán los mecanismos de exención de las cotizaciones sociales y la protección de desempleo durante el ERTE de acuerdo a estas nuevas situaciones".
Preservar el tejido productivo
La prioridad es preservar el capital humano y el tejido productivo necesario para tener músculo cuando empiece la etapa de recuperación económica. Para lograrlo, sobre la mesa están cuestiones como la atención específica a determinados sectores especialmente golpeados por esta crisis, sobre todo pequeños negocios dedicados al comercio, la hostelería, la restauración o el turismo en general. Y también la adaptación del régimen de exoneración de cuotas, que en este momento es del 100% para las pequeñas empresas y del 75% para las que tienen más de 50 trabajadores, y que evolucionará hacia descuentos parciales.
Si finalmente la solución pasa por permitir que los ERTE se justifiquen por causas de fuerza mayor más allá de la vigencia del estado de alarma, la Seguridad Social seguirá asumiendo los sueldos de los trabajadores al 70% que fija la prestación, si bien se está barajando rebajar el porcentaje de cobertura de la cuota patronal. Si, por el contrario, se opta por transformar la causa de esos ERTE en económicas, técnicas, organizativas o de producción, los empresarios están pidiendo al Gobierno que apruebe una exención similar a la que se ha facilitado para los ERTE por fuerza mayor. Fuentes de la CEOE admiten que "la exoneración total sería insostenible para las arcas públicas", pero aspiran a arrancar al Ejecutivo un descuento que "podría rondar el 50%".
Ahora el Gobierno deberá decidir, tras las conversaciones con los agentes sociales y bajo la dirección de Nadia Calviño, cuál será el futuro de los ERTE y a qué condiciones favorables podrán acogerse las empresas en el plan de desescalada que afectará, especialmente, a sectores como el turismo o la hostelería.
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