El plan contra el impacto socioeconómico de la guerra en Ucrania que ha desgranado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejará vencedores y vencidos, al menos, en lo que se refiere al sector energético. El líder del Ejecutivo ha despejado, al fin, las incógnitas sobre la batería de medidas excepcionales para paliar la meteórica escalada de luz, gas y petróleo, una hoja de ruta que el propio Sánchez lleva semanas negociando con sus homólogos europeos y con las principales energéticas del país.
Entre las medidas que se aprobarán este martes en el Consejo de Ministros se incluye la extensión a todos los consumidores de la rebaja inicialmente aprobada para el transporte profesional, de 20 céntimos por litro de combustible. Del total, 15 céntimos correrán a cargo de las arcas públicas y otros 5 los aportarán las petroleras, que en muchos casos se han anticipado a la imposición del Gobierno avivando una batalla comercial que ha gozado del reconocimiento del la propia ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Ante la iniciativa del lobby petrolero de bajar los precios por encima, incluso, de la rebaja impuesta por Moncloa, la vicepresidenta tercera instó a Iberdrola, Endesa o Naturgy a hacer lo propio. Tanto Ribera como Sánchez han sugerido en sus últimas reuniones con los primeros espadas del negocio eléctrico que, o bajaban voluntariamente sus tarifas para ayudar a aliviar la crisis energética, o habría consecuencias. A día de hoy, las principales eléctricas del país no han dado ningún paso en este sentido. En su discurso ante los líderes del Ibex 35 en el foro 'Generación de Oportunidades' organizado por 'Europa Press' y McKinsey, Sánchez no ha anunciado ninguna medida que, al igual que a las petroleras, fuerce al lobby eléctrico a contribuir a la bajada de la luz por la vía regulatoria.
El Ejecutivo dará luz verde a un ajuste anticipado del régimen retributivo de las renovables más antiguas, el llamado Recore (renovables, cogeneración y residuos), que garantiza a estas centrales una rentabilidad del 7,1%, cifra que, en muchos casos, se ha multiplicado en los últimos meses al calor de la subida de precios en el pool. Se trata de una iniciativa que la propia Ribera en persona lleva negociando con las empresas potencialmente afectadas desde el pasado noviembre y que llegó a soliviantar a gigantes del sector como Acciona, Iberdrola o Naturgy. El Ejecutivo prevé recaudar con este ajuste prevé recaudar alrededor de 1.800 millones de euros este año.
El plan de choque energético 'cerca', por tanto, a petroleras y renovables más antiguas, a las que Moncloa forzará por decreto a "arrimar el hombro". Se salvan las eléctricas, a las que el Ejecutivo no aplicará ninguna medida que minore sus beneficios, uno de los grandes temores que albergaba el 'lobby' eléctrico. Al contrario, el Gobierno ha anunciado que mantendrá las rebajas fiscales sobre el recibo de la luz ya en vigor. Así, hasta el 30 de junio, el IVA de la electricidad se mantiene en el 10%. De igual forma, el impuesto especial sobre la electricidad (IEE) seguirá siendo del 0,5% y el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica continuará suspendido.
El Gobierno recortará de tres meses a un mes el plazo de devolución del impuesto especial de hidrocarburos, "para aumentar la liquidez de los profesionales del transporte". Queda descartada, no obstante, la posibilidad de "revisar la fiscalidad" de los carburantes, tal como ya anticipó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Se trata de una medida que, tanto el sector gasista como la gran industria, que en algunos casos se ha visto obligada a frenar su actividad ante la escalada de los costes energéticos, vienen reclamando desde el comienzo de la crisis energética y que ha llevado a estos colectivos a criticar el "trato desigual" del Gobierno con el consumidores de gas frente al que ha concedido a los eléctricos.
Sánchez aterriza "la excepción ibérica"
Sánchez también ha explicado que esta misma semana, España y Portugal van a presentar una "medida excepcional y temporal" a la Comisión Europea para fijar un precio de referencia del gas que se utiliza para producir electricidad, esto es, fijar el precio máximo al que las gasistas pueden vender esta commodity a otros productores de electricidad, sin llegar a topar el precio al que el gas se vende finalmente en el pool. Con esta medida, Moncloa asume la iniciativa que ha impulsado el lobby eléctrico, al rechazar la imposición de un 'tope' a los precios finales en el mercado mayorista, una idea que soliviantó a los gigantes del sector.
Esta es la manera en la que Moncloa pretende aterrizar el margen que el presidente del Gobierno y su homólogo luso, Antonio Costa, lograron arrancarle al Consejo Europeo el pasado viernes para intervenir de forma autónoma el mercado eléctrico peninsular. Sánchez ha insistido en que esta medida, que impactará con mayor intensidad en Naturgy como primera gasista española, no irá acompañada de subvenciones al gas.
El inquilino de la Moncloa ha precisado la medida, que supone descartar un tope al gas en el mercado y esta mañana, bajo la atenta mirada de pesos pesados del sector como José Bogas (Endesa), Antonio Llardén (Enagás) o Beatriz Corredor (REE). Sánchez ha lanzado un mensaje de calma y ha asegurado que esta intervención del pool "no rompe los incentivos a las renovables y nos va a permitir rebajar de manera significativa los precios de la electricidad de forma inmediata". En este sentido, Sánchez ha dado por hecho que la propuesta ibérica recibirá el visto bueno de Bruselas, que impuso ciertas líneas rojas a los dos países vecinos a la hora de 'tocar' el pool. El optimismo de Moncloa es total. "La medida podrá aparecer en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado", ha augurado Sánchez.
Más créditos ICO y un 'macroplan' de ciberseguridad
Dentro del plan de choque, el Gobierno incluirá una nueva línea de créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de 10.000 millones de euros. Se trata de una medida que avanzó la semana pasada la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Este importe irá destinado a "cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles", en el contexto de los citados paros a los que han tenido que recurrir algunos sectores productivos al no poder asumir la factura. En cuanto a los ICO aprobados con motivo de la crisis del coronavirus, el Gobierno ampliará el plazo de vencimiento y el periodo de carencia, que se agotaba el próximo junio, para los sectores más afectados, aunque Sánchez ha evitado precisar de cuáles se trata.
Más allá de la crisis energética. El presidente del Ejecutivo ha anunciado un nuevo Plan Nacional de Ciberseguridad, presupuestado en 1.020 millones de euros, y que se enmarca en el cuarto punto del plan 'antiguerra'. El Gobierno se ha comprometido a la creación de un centro de operaciones de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. También en materia de ciberseguridad, Moncloa reforzará la seguridad de las nuevas redes de comunicaciones electrónicas 5G.
El Gobierno esta convencido de que el plan de choque que tiene previsto aprobar este martes, "va a servir para proteger a los ciudadanos y a los sectores, a repartir de forma justa el impacto de la guerra" y a garantizar que la economía continúa "la senda de crecimiento", tras la pandemia y la ofensiva militar de Moscú en Ucrania.
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