El Gobierno se está curando en salud y está plagando de cláusulas de revisión las grandes reformas comprometidas con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los cambios que se están introduciendo en ámbitos tan relevantes como el sistema público de las pensiones o la legislación laboral son de gran calado y, para garantizar la consecución de los objetivos adquiridos con Bruselas, el Ejecutivo está introduciendo mecanismos de fiscalización temporal en las medidas más controvertidas. Se trata, en definitiva, de dar la máximas garantías a los 'hombres de negro' que vigilan escrupulosamente desde la capital belga el cumplimiento de los hitos vinculados a los fondos europeos.
Para empezar, la reforma laboral incorpora un "compromiso de reducción de la tasa de temporalidad" que establece que el Gobierno efectuará una evaluación de las medidas adoptadas ahora en enero de 2025 y, a partir de ese momento, cada dos años, para analizar su impacto. El objetivo comprometido con la Comisión es que la tasa española se aproxime a la del entorno europeo, que está unos diez puntos por debajo. El texto también fija que, en el caso de que los resultados de esa evaluación demuestren que no se avanza en su reducción, el Ejecutivo elevará a la mesa de diálogo social una propuesta de medidas adicionales que permitan la consecución de dicho objetivo para su discusión y eventual acuerdo con los interlocutores sociales.
No es la única cláusula que deja abierta la reforma laboral a incorporar más medidas adicionales en el futuro. El real decreto ley publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y pendiente aún de la tramitación parlamentaria define el nuevo Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, la novedosa herramienta que acompaña a los ERTE tradicionales en el marco legislativo y contempla la creación de un fondo para su financiación que estará adscrito al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el texto legal no especifica cuándo se creará esa hucha y de cuánto dinero dispondrá, y consultados al respecto, desde el departamento que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tampoco lo aclaran.
Este asunto no es baladí, porque la Comisión Europea ha pedido al Gobierno español un informe previo sobre el mecanismo de financiación del fondo tripartito con el que se pretende costear el nuevo mecanismo RED de flexibilidad interna en las empresas, "asegurando la sostenibilidad fiscal en el medio y largo plazo" e incluyendo en la evaluación "diferentes opciones y escenarios". Así figura en el 'Operational Arrangement' (OA) rubricado por el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, donde consta que el Ejecutivo español remitió la información solicitada a la capital belga el pasado mes de octubre vía email. Sin embargo, tal y como se informó en estas páginas, el Gobierno se niega a hacer públicos este y otros informes ex ante exigidos por la Comisión.
Otra de las evaluaciones previas que pidió Bruselas a Madrid, en este caso sobre la reforma de las pensiones, se refería al impacto del bautizado como 'Mecanismo de Equidad Intergeneracional' y sus efectos. En concreto, se pedía al Ejecutivo español que probase que, tras la sutitución del Factor de Sostenibilidad por esta nueva herramienta, la equidad intergeneracional está "garantizada". De nuevo, el Gobierno se niega a poner en conocimiento de la opinión pública este informe, pero lo que sí ha puesto negro sobre blanco en la primera parte de la reforma de las pensiones publicada en el BOE es que el MEI (la cotización adicional finalista que operará entre 2023 y 2032) estará sujeto a partir de ese momento a una verificación, con periodicidad trienal, en función de las previsiones de gasto del sistema proyectadas para 2050.
En la reforma de las pensiones hay más válvulas de escape. El texto pactado entre el ministro José Luis Escrivá y los agentes sociales (la CEOE se descolgó después de la parte referente al MEI) establece que los coeficientes reductores para la anticipación de la edad de jubilación serán objeto de revisión cada diez años, con sujeción al procedimiento que se determine reglamentariamente. Y también fija que el Gobierno abordará en el marco del diálogo social una revisión de los criterios para la determinación de las cuantías de las pensiones mínimas e impulsará, en el plazo máximo de un año, las modificaciones normativas necesarias para establecer reglas relativas a la evolución de las pensiones mínimas que tengan en cuenta la evolución del salario mínimo interprofesional, garantizando la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.
Todo ello, sin olvidar que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene pendiente todavía la segunda parte de la reforma de las pensiones, que será la más dolorosa para las cuantías de los futuros pensionistas. Las negociaciones con los agentes sociales han comenzado con el nuevo sistema de cotización por ingresos reales para trabajadores autónomos y aquí, nuevamente, nos encontramos con una cláusula de fiscalización temporal, ya que en su propuesta inicial, el Ministerio no solo ha introducido un plazo transitorio de nueve años para el despliegue total del nuevo sistema, sino que ha determinado que los nuevos tramos de cotización que se establezcan para este colectivo serán revisados cada tres años.
Son algunos ejemplos de mecanismos de control a medio plazo que ha introducido el Gobierno en las principales reformas comprometidas con la Comisión para dar garantías a la capital belga. Aunque desde el Ejecutivo defendieron en un principio que, a diferencia de lo que sucedió tras el rescate financiero de 2012, en esta ocasión no habría 'hombres de negro' que vigilen el cumplimiento de los compromisos adquiridos con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, lo cierto es que ahora fuentes gubernamentales sí admiten que las autoridades comunitarias están ejerciendo un control estricto sobre los hitos y objetivos pactados a la hora de desembolsar los fondos, con visitas in situ cada tres meses y videoconferencias entre medias. Y así queda patente en los elementos más críticos del Plan, como son las reformas laboral y de pensiones, de las que depende un nuevo desembolso de fondos de 12.000 millones de euros, el más cuantioso de todos los tramos.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios