Viernes, 20.09.2019 - 06:22 h
Se compromete a acabar con el déficit en 2022

Sánchez confiesa a la UE que los nuevos ingresos fiscales no llegarán hasta 2020

El Gobierno le comunica a Bruselas que no dispondrá de los 5.000 millones de euros en ingresos extra que esperaba obtener con sus reformas fiscales.

Fotografía Pedro Sánchez y Jean Claude Juncker / EC
Pedro Sánchez con el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker / EC

Ni los 1.516 millones de euros de la reforma del Impuesto de Sociedades, ni los 1.200 millones del nuevo impuesto digital, ni los 850 millones del nuevo Impuesto a las Transacciones Financieras, el Gobierno ha comunicado a Bruselas que, en contra de lo que se transmitió el pasado mes de octubre, no contará este año con los más de 5.000 millones de euros en nuevos ingresos fiscales que esperaba para cuadrar sus presupuestos del año 2019 y que los recursos de esas medidas fiscales no se ingresarán hasta el año 2020.

Dos noticias, por tanto. La primera de ellas es que el Ejecutivo no apurará los plazos para activar ese nuevo paquete fiscal ya en 2019, lo que parece alejar la posibilidad de que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez intente tramitar una vez más el proyecto presupuestario que el Congreso de los Diputados tumbó el pasado mes de enero. La segunda, que el futuro o futura titular del Ministerio de Hacienda contará con un puñado de cientos de millones de euros menos para tratar de alcanzar el objetivo de déficit al que el Gobierno se ha comprometido con la UE este año: un 2%. 

El Gobierno confía en la prórroga presupuestaria y en la buena marcha del ciclo económico para generar los ingresos que necesitará para ello. Apenas 48 horas después de que los españoles decidieran renovar su confianza al Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno ha enviado a Bruselas un mensaje de compromiso con la estabilidad presupuestaria. La actualización del Plan de Estabilidad que el Ejecutivo remitió a la Unión Europea a media tarde, pero que no difundió a los medios de comunicación hasta las diez de la noche -en una práctica que se ha convertido en tristemente habitual y que arrambla con los principios de transparencia y conciliación que dicen defender en el documento-, compromete la eliminación del déficit público en el curso de la próxima legislatura con la siguiente secuencia: déficit del 2% en 2019, del 1,1% en 2020, del 0,4% en 2021 y equilibrio presupuestario en 2022, en el último año de la legislatura y un año después de lo que preveía la senda de Cristóbal Montoro y el Gobierno de Mariano Rajoy.

Para conseguirlo, ajustará la evolución del gasto público a la del PIB, que se estabilizará en el 41%; y, eso sí, impulsará los ingresos para elevarlos desde el 39% del PIB en el que están ahora hasta el 41% del PIB. Eso son más de 20.000 millones de euros en ingresos por impuestos, que se conseguirán por una parte con subidas fiscales y por otra con la evolución normal de un ciclo con crecimiento económico.

El Gobierno desgrana las medidas que ha adoptado o que tiene previsto adoptar para resolver los desafíos a los que se enfrenta la economía española y que están en la agenda de asuntos pendientes de Bruselas. En el núcleo de las mismas, la reducción del desempleo. El Gobierno actuará reduciendo el menú de contratos del sistema, impulsando un nuevo Estatuto de los Trabajadores y recuperando la idea de la 'mochila austriaca', "a través de la creación de un Fondo que permita a los trabajadores hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en los supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación", una idea que los sindicatos rechazan y que los empresarios tampoco miran con buenos ojos.

Llevar "a medio plazo" el Salario Mínimo al 60% del sueldo medio

El Gobierno menciona también el Salario Mínimo. No compromete ninguna subida concreta, pese a que llegó a negociar con Unidas Podemos la extensión de la subida del SMI para llevarlo a los 1.000 euros en 2020, pero sí reconoce que su objetivo es situarlo en el 60% del salario medio "a medio plazo".

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