El último Consejo de Ministros antes de la disolución del Parlamento se presenta con un gran maremágnum de reales decretos de todo tipo, muchos de ellos de pura intendencia, pero se dejará fuera cuestiones tan importantes y esperadas como los cambios “urgentes” de la reforma laboral o la revisión de las pensiones con el IPC en los próximos ejercicios, dos de los anuncios estrella del Ejecutivo de Sánchez que, al final, van a quedar pendientes de la campaña electoral y de lo que ocurra tras el 28-A. Además de la necesidad de justificar cualquier nueva medida con la “urgente necesidad” de su aplicación, fuentes cercanas a Moncloa aseguran que el Gobierno se ha topado con la obligación de adaptar la capacidad de gasto que les ofrece la prórroga de los Presupuestos a las nuevas iniciativas que se vayan a tomar, algo que se presenta muy complicado si se trata de cambios de largo alcance, como es el caso de la revalorización de las pensiones a partir de 2020 o afrontar el coste de la ampliación de la baja por paternidad a 16 semanas dentro de dos años.
El mismo planteamiento se ha dado a la hora de negociar con la patronal y los sindicatos los cambios básicos que se querían hacer en la reforma laboral del PP. Por un lado, la CEOE ha sido muy dura a la hora de advertir al Gobierno sobre la trascendencia que supone para muchas empresas la vuelta a la ultractividad de los contratos (su permanencia mientras no haya acuerdo de renovación, ahora eliminada), el control obligatorio de las horas trabajadas y su difusión, las medidas sobre los trabajadores de subcontratas o la prevalencia del convenio sectorial frente al de empresa. Son cambios planteados por el equipo de Magdalena Valerio que cambiarían de manera importante la situación actual y supondrían un coste para las empresas que tendría su reflejo a medio y largo plazo en forma de cotizaciones o de empleo para toda la economía, por lo que desde la patronal se entiende una “irresponsabilidad” aprobarlo en el último minuto y con prisa, sin saber si el Gobierno que se va seguirá al frente del país.
Es seguro que este viernes se aprobará en el conocido ya como “consejo escoba” de la legislatura un paquete amplio de medidas sociales entre las que estará el anunciado real decreto sobre Igualdad, destinado sobre todo a frenar la brecha laboral entre hombres y mujeres. Una de las consecuencias de ese decreto será la obligación de las empresas de hacer auditorias de salarios dentro de sus organizaciones, algo que también ha levantado la voz de alarma en la patronal. Lo que será más difícil será incluir entre ese paquete normativo la ampliación de la baja por paternidad a tres años vista, estimada en un coste de más de 300 millones de euros, que no están contemplados en las cuentas prorrogadas y sin saber quién hará las de los próximos ejercicios.
Desde la parte de los sindicatos llevan toda la semana advirtiendo de la falta de decisión final del Gobierno de Sánchez para imponer los cambios que tanto ha criticado en la reforma laboral. Más allá del coste que pueden tener esas medidas para las arcas públicas, fuentes cercanas a la negociación aseguran que el Ejecutivo se ha dejado ganar por la patronal y tiene las miras más puestas en lo que ocurrirá en campaña o tras el 28-A, que en la validez de los cambios para todos los trabajadores. “El apoyo de la patronal puede ser necesario para una negociación con la derecha si los resultados electorales no ofrecen una mayoría clara para el PSOE, y no es lo mismo ir con las medidas contra la reforma laboral tomadas 'in extremis', que habiéndolas perdonado”, aseguran.
Ni Sanidad ni Justicia
Desde el Gobierno advierten que, aunque este sea el último Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cortes, quedan todavía algunos más antes de la cita electoral, incluso hasta que se forme gobierno tras los comicios, si bien en ese caso se deberá contar con la aprobación de la Diputación Permanente. En principio, ese órgano se debiera utilizar para temas urgentes sin el calado que tienen las reformas pendientes en materia de empleo que surgen en el periodo en el que el Gobierno está en funciones, si bien podría darse el caso de llevar a su pleno las tareas pendientes, si se cuenta con el suficiente respaldo político. El bloque de izquierdas y partidos autonómicos que aprobó la moción de censura contra Rajoy tiene 33 representantes, frente a los 32 del bloque más de derechas.
Una de las cuestiones que sí que podrá ir a la Diputación Permanente es el acuerdo sobre vivienda. Este acuerdo, el cual gozaba de un consenso inicial entre Podemos, PDeCAT, ERC, los nacionalistas vascos y el Gobierno a través del Ministerio de Fomento, finalmente ha entrado cuando casi se esperaba lo contrario. La medida que negociaban las distintas formaciones estudiaba varios aspectos del sector, que finalmente han sido suavizados, como la posibilidad de implantar una serie índices de precios para cada ciudad y así aliviar el mercado de la vivienda, que finalmente se ha descartado.
A primera hora de este viernes, se ha confirmado un acuerdo que, precisamente, evita lo más peliaguado, como ese mismo índice, y pospone la decisión a ocho meses vista. Pese a que Podemos sigue poniendo pegas y tildando de insuficiente el pacto alcanzado, la formación morada ha preferido acabar la legislatura dando su apoyo a un texto que fueron ellos los que tumbaron cuando se intentó aprobar el primer decreto de vivienda en el Congreso.
Lo que seguro que no será posible eliminar en lo que queda de legislatura es el copago farmacéutico ni, previsiblemente, sacar adelante un reglamento que garantice la aplicación plena de la sanidad universal, una demanda de más de 300 organizaciones de médicos, científicas y humanitarias. El actual texto, que impulsó en julio la anterior ministra de Sanidad Carmen Montón, no ha cumplido con el objetivo de dar cobertura médica a todos los inmigrantes, ya que las comunidades han aprovechado las numerosas lagunas legales que tiene para aplicar con discrecionalidad la ley dejando fuera del sistema siete meses después a buen número de personas.
Ambas medidas formaban parte del paquete 'estrella' de iniciativas sociales que el Ejecutivo socialista pactó con Podemos, pero la actual ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ya ha dejado claro que, pese a que han explorado todas las vías para que vean la luz, el frenazo los Presupuestos obliga a tirar la toalla y dejar estos dos proyectos para la próxima legislatura. El Gobierno se había comprometido a suprimir el copago que puso en marcha el PP para dos colectivos: los pensionistas más vulnerables y las familias con rentas bajas e hijos a su cargo.
En el ámbito de la Justicia, como en la mayor parte de los ministerios, la mayor parte de los reales decretos que se aprobarán en el consejo de este viernes irán dirigidos a garantizar el funcionamiento básico de sus servicios e iniciativas comprometidas a corto plazo, para aguantar la gestión mientras el Ejecutivo esté en funciones, ya sea antes o después de la cita del 28-A. En ese periodo de tiempo, el Ministerio de Hacienda debe supervisar y aprobar cada gasto para justificar que es necesario hacerlo a pesar de no haber un Gobierno formado. Los ministerios se quieren cubrir así la espalda, dado que ese control siempre le da la opción a Hacienda de frenar lo que se considere que puede esperar al nuevo Ejecutivo.
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