Miércoles, 01.04.2020 - 08:42 h
Ana Pastor se queja del gasto que supone

Sánchez desafía al Congreso y prepara nuevos 'viernes sociales' tras el 28-A

El Gobierno contempla un posible bloqueo para una investidura y ultima una batería de medidas de calado social pero con escaso impacto normativo.

Sánchez con su programa de 100 medidas PSOE
Sánchez aprobará más decretos pese a las quejas de Pastor por elevar el gasto. / EFE

Los 'viernes sociales' del Gobierno continuarán más allá de las elecciones del 28 de abril. No habrá tregua, por tanto, a pesar de que el Consejo de Ministros entrará en funciones en menos de un mes. Este afán por seguir aprobando reales decretos ya ha chocado con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que no está dispuesta a comprometer los gastos de la Cámara Baja para convocar a la Diputación Permanente (DP). Moncloa está estudiando a fondo qué medidas puede aprobar ante la posibilidad de un bloqueo tras los comicios que impida una investidura.

"La clave es controlar el calendario", afirman en la sala de máquinas del sanchismo. Por eso la orden impartida a los ministerios es seguir trabajando con normalidad más allá de la cita con las urnas, confirman fuentes gubernamentales. El único 'pero' es que a partir del 28-A el Ejecutivo no puede comprometer el presupuesto, por lo que en Moncloa hablan de una "reestructuración" del gasto para poder sacar adelante más medidas, aunque se encuentre en funciones. 'Quito de esta partida y lo pongo en esta otra' es la estrategia a seguir en vista de un posible Gobierno en funciones 'sine die'. 

La decisión de Sánchez ya ha generado polémica con la presidenta del Congreso, la encargada de convocar la Diputación Permanente que debe convalidar los decretos-ley que salen del Consejo de Ministros. Ana Pastor es la responsable de reunir a los 65 integrantes del órgano de gobierno temporal de la Cámara Baja y lo que no quiere es ampliar el gasto que supone reunir en la capital a diputados de toda España. "Hay que pagar avión, tren y dietas (transporte y manutención), y ese dinero es de todos los españoles", afirman fuentes de su entorno.

Pastor, por tanto, no va a convocar a la DP de forma regular sino que agrupará los reales decretos en una convocatoria unificada. Es lo que hará este 3 de abril (11:30 de la mañana) con los aprobados en el último mes: el del alquiler de viviendas, el de igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral, el de medidas sociales y para la empleabilidad y el que diseña un plan de contingencia en caso de Brexit sin acuerdo. La presidenta del Congreso ha llegado a afirmar que "no parece razonable, salvo que las cosas sean de urgente necesidad, que se pueda hacer un uso partidista de las instituciones" y que "ningún Gobierno puede ir dopado a unas elecciones".

Existen precedentes de reales decretos aprobados en la Diputación Permanente una vez celebradas las elecciones generales. Así, el 24 de junio de 1986 se convalidó un Real Decreto-Ley cuando los comicios habían sido el 22 de junio. El 23 de junio de 1993 se convalidaron hasta cinco reales decretos-leyes habiéndose celebrado la cita con las urnas el 6 de junio. Y el 25 de marzo de 1996 se dio el visto bueno en la DP a otra norma con rango de ley, cuando las elecciones fueron el 3 de marzo.

'Marketing' desde Moncloa

Los 'viernes sociales' del Gobierno han pasado a formar parte de la estrategia electoral del PSOE. De hecho, Ferraz está empleando sus diferentes tentáculos para presumir de lo conseguido por el sanchismo en apenas diez meses en el poder. Sin embargo, algunos de los decretos-ley que salen del Consejo de Ministros no dejan de tener lagunas, corriendo el riesgo incluso de quedar en papel mojado.

Es el caso de la estrategia de lucha contra el paro de larga duración, que verá la luz en los próximos días. El bautizado como 'Plan Reincorpora-T' incluye dos medidas que, de hecho, ya se han aprobado por decreto ley. Se trata del subsidio para mayores de 52 años y las bonificaciones a empresas que contraten parados de larga duración mayores de 45 años. Ambas dependen ahora del visto bueno de la DP, toda vez que el plan en su conjunto ya se ha ganado las críticas de los sindicatos por considerar que supone meras recomendaciones para las comunidades autónomas y, en definitiva, se queda corto.

La propia 'contrarreforma' laboral también ha sido edulcorada. Ante las presiones de la patronal, Magdalena Valerio acabó por diseñar un decreto 'light' que renunciaba a entrar en la ultraactividad, la subcontratación y la prioridad aplicativa del convenio de sector sobre el de empresa. La ministra de Trabajo optó por remitir determinadas cuestiones, como el registro obligatorio de la jornada, a la negociación colectiva, una maniobra que no gustó nada a los sindicatos porque, en la práctica, los empresarios no están obligados a controlar los horarios.

Algo similar ocurre con la oferta de empleo público que salió del Consejo de Ministros este pasado viernes. Se trata, en su mayoría, de plazas de reposición con el objetivo de cubrir puestos de funcionarios que se jubilan y, de paso, rejuvenecer las plantillas. Además, la medida llevaba pactada meses con los sindicatos, incluso durante la etapa del anterior Gobierno del PP. Sánchez, por tanto, se va a llevar el titular de haber aprobado la mayor oferta de empleo en la administración, pero la letra pequeña indica que no son empleos netos. Nada nuevo, por tanto.

En otro 'viernes social', el del pasado 22 de marzo, el Gobierno presentó la 'Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2019-2023', una hoja de ruta con muchas declaraciones de intenciones, pero sin un presupuesto concreto. Entre las medidas más destacadas, la implantación del "ingreso mínimo vital", una suerte de renta básica que el PSOE ha incluido en su programa electoral de cara al 28-A, que los partidos del centro derecha miran con escepticismo y formaciones como Unidas Podemos consideran poco ambiciosa, al concretarse inicialmente en la mejora de la prestación por hijo a cargo.

Tampoco gusta del todo al grupo morado el decreto del alquiler. Podemos ya rechazó en el Congreso una primera versión que acabó por tumbar la norma. Después negociaron un segundo texto que han expresado su disposición de apoyar en la DP, sin embargo, el 'sí' de los de Pablo Iglesias no está garantizado al no incluir su principal exigencia: el control de los precios de los alquileres en las zonas más tensionadas.

En conclusión, medias tintas con más calado social que impacto normativo. El Gobierno tenía un plan, su 'Agenda del Cambio', pero la debilidad parlamentaria no le ha permitido llevarlo a cabo en diez meses y ahora aprovecha el último aliento de la legislatura para sacar adelante todo lo que pueda. Sánchez dijo que se aseguraría de llevar a la DP solo aquellos decretos que tuvieran todas las garantías de prosperar, pero en el Parlamento 'de guardia' se reproduce proporcionalmente la composición del Congreso, por lo que la aritmética seguirá siendo compleja hasta la constitución de las nuevas Cortes. Tampoco hay que dejar de lado que, según indican las encuestas, el PSOE elevará su número de diputados a partir del 28 de abril y, por tanto, será para Sánchez algo más sencillo aprobar medidas sociales en la próxima legislatura.

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