La recta final del año está haciendo evidente el afán del Gobierno por materializar las mejoras prometidas a determinados colectivos. Primero fueron los trabajadores que cobran sueldos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y los empleados públicos. Y ahora les toca el turno a los pensionistas y a los autónomos. Será este viernes cuando el Ejecutivo eche el resto en un 'megadecreto' que, a pesar del gasto, tiene un trasfondo claro: incrementar los ingresos por cotizaciones en un momento especialmente tenso para la salud financiera de la Seguridad Social.
La sostenibilidad del sistema se encuentra en tela de juicio. La Seguridad Social apunta a un déficit de 20.000 millones de euros, una cantidad que, para hacernos una idea, supone que cada uno de los más de 19 millones de cotizantes que hay en estos momentos tendría que pagar algo más de 1.000 euros para sufragar estos números rojos. El Gobierno confía en el buen ritmo de los ingresos para financiar la imparable escalada del gasto en pensiones, pero en el departamento que dirige Magdalena Valerio son conscientes de que las aportaciones de los afiliados no son suficientes, por lo que ya han empezado a tomar medidas para mejorar las cuentas.
A falta de un acuerdo ambicioso en el Pacto de Toledo, las primeras decisiones llegarán este mismo viernes para su entrada en vigor a partir del 1 de enero. Valerio, por tanto, tendrá un gran protagonismo en el último Consejo de Ministros del año. Su departamento dará luz verde a un Real Decreto que pone patas arriba el sistema de cotizaciones sociales. Por un lado, se endurece la cotización para los contratos de corta duración, como ya adelantó La Información. Por otro, se eleva la base máxima un 7%, a lo que se suma el impulso del 22% que se da a la mínima como consecuencia del aumento del SMI. Y también se aprueba la subida del 1,25% de la base mínima de cotización del colectivo de autónomos.
Según el borrador del Real Decreto, difundido por Europa Press, la necesidad de luchar contra el abuso en la celebración de contratos temporales de corta duración requiere la adopción de medidas "urgentes". Así, el Ejecutivo va a modificar el artículo 151 de la Ley General de la Seguridad Social con el objetivo de elevar el incremento en la cotización por la celebración de este tipo de contratos del 36% al 40%.
Según el mismo borrador "esta medida va a tener una incidencia positiva en los ingresos del sistema de la Seguridad Social, ya que implica una mayor recaudación, a la vez que puede ser desincentivadora para que el empresario recurra a este tipo de contratos". "Este incremento de ingresos justifica también la adopción de esta medida mediante un Real Decreto Ley, ya que el importante déficit que mantiene el sistema de la Seguridad Social requiere la aprobación de medias urgentes que incrementen la recaudación", reconoce el propio Gobierno en el texto.
En paralelo, el Consejo de Ministros de este viernes va a aprobar la subida del 7% de la base máxima de cotización. Una medida que se ha ganado la oposición frontal de los empresarios, que temen un encarecimiento excesivo de los costes laborales. Según cálculos de la CEOE, y en palabras de su presidente, Antonio Garamendi, este "rejón" provocará "un problema de competitividad en el mercado global" porque supone "1.500 millones de euros más que van a tener que pagar las empresas, a 1.500 euros por cada trabajador de aquellos que cobran más de 45.000 euros". Además, la patronal calcula que las compañías tendrán que hacer frente a otros 2.100 millones de euros al año con el nuevo SMI de 900 euros.
Entre los empresarios que van a tener que pagar más en 2019 se incluyen los autónomos. El texto que rubricarán los ministros el viernes incorpora los cambios acordados con los representantes sindicales. Se trata de un alza en la base mínima del 1,25%, hasta los 944,35 euros al mes, y el tipo será del 30%, con lo que los autónomos personas físicas tendrán que pagar 5,36 euros más al mes (64 euros más al año) de lo que abonan actualmente. En el caso de los societarios, la base mínima subirá hasta los 1.214,08 euros mensuales, con lo que pagarán 364,22 euros al mes, 6,89 euros más (82 euros más al año) que en 2018.
A cambio, los autónomos recibirán más prestaciones y ganarán en derechos y protección social. Entre otras medidas, por ejemplo, podrán cobrar el paro hasta un máximo de 24 meses, desde los 12 actuales. Pero este colectivo de 3,2 millones de personas no será el único que reciba un regalo de Reyes adelantado este 28 de diciembre. El Gobierno también se ha guardado para su último día de trabajo un guiño a los más de 9 millones de pensionistas, que podrán respirar aliviados al contar con el reflejo legal de la subida de las prestaciones que garantiza su poder adquisitivo el próximo año.
Una cesión, esta última, que va a salir cara al Ejecutivo. Poco probable parece que el resto de medidas puedan compensar el gasto estructural que supone para el sistema la subida de las pensiones de acuerdo con el coste de la vida. Mientras, con las cuentas del Gobierno, las mejoras a los pensionistas costarán alrededor de 3.500 millones de euros al año, el Banco de España es menos optimista y eleva la factura a 7.800 millones de euros solo entre este año y el próximo, a razón de 2.500 millones en 2018 y más del doble, 5.300 millones, en 2019. A la vista de este augurio, la Seguridad Social está inevitablemente obligada a exprimir sus fuentes de ingresos para evitar un mayor desequilibrio en el sistema.
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