El Gobierno de coalición está perfilando la reforma fiscal que pondrá en marcha en los próximos meses para incrementar la recaudación y poder cumplir con los objetivos de estabilidad que está negociando en este momento con Bruselas. Las medidas pactadas por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se aprobarán utilizando diferentes mecanismos que estudia el Ministerio de Hacienda. La primera prueba de fuego serán los Presupuestos Generales del Estado de 2020, cuya aprobación en consejo de ministros está prevista para el mes de marzo o abril, según explican fuentes gubernamentales, y donde ya irán contempladas algunas de estas figuras para "mejorar la justicia social". Lo que Moncloa tiene claro es que tanto la tasa Google, como la que gravará las transacciones financieras (tasa Tobin), no podrán ir dentro del paquete presupuestario y tendrán que se aprobadas aparte en el Congreso a lo largo del año.
Los planes del Ejecutivo pasan por incluir en las próximas cuentas públicas una de las medidas que más polémicas van a provocar: la subida del diésel. Son conscientes de que les espera un importante ejercicio de pedagogía. Actualmente hay en España más de 13 millones de vehículos diésel pero desde el Gobierno quieren dejar claro que la subida no afectará a todos: quieren excluir a los profesionales que cada día recurren a uno de estos vehículos para trabajar. El impuesto en cuestión consiste en reducir la bonificación de la tasa especial sobre el gasóleo, algo que ya se contemplaba en los PGE fracasados de 2019 y que suponía un incremento del precio de 3,8 céntimos por litro.
Las fuentes gubernamentales consultadas indican que esta "fiscalidad verde" irá dirigida a particulares para penalizar comportamientos contraproducentes desde el punto de vista medioambiental. Recuerdan que las autoridades comunitarias llevan tiempo recomendando al Gobierno español acabar con esta bonificación del diésel, una medida que será finalmente una realidad si ERC da su visto bueno a los Presupuestos de este año. En los PGE de 2019 el Gobierno calculó que esta medida supondría unos ingresos de 670 millones de euros anuales.
La subida del impuesto al diésel está sorteando, eso sí, presiones de las firmas automovilísticas, reconocen las mismas fuentes. El sector ha visto desplomarse durante 2019 las ventas de este tipo de vehículos, según los datos de Anfac, la Asociación Nacional de Fabricantes de Coches y Camiones. Y eso que el Gobierno de Sánchez solo lanzó el "globo sonda" de acabar con este combustible. Durante 2019 se vendieron 1.258.260 turismos y todoterrenos, de los cuales únicamente el 27,9% fueron diésel. Desde el año 1994, hace 25 años, no se había registrado una cuota de mercado tan baja.
En 2050 no podrán circular coches que emitan CO2
La vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, afirmó hace unos días en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros que en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el que trabaja el Gobierno se "mantiene a rajatabla" lo establecido por la Unión Europea que contempla que desde 2050 no podrán circular vehículos que emitan dióxido de carbono (CO2). Además, indicó que el texto en el que trabaja el Ejecutivo recoge una modificación que ahora contempla la obligatoriedad de que todos los municipios de más de 50.000 habitantes creen zonas de bajas emisiones.
El Gobierno de PSOE y Podemos también contempla incluir en los próximos PGE, que esperan tener aprobados en junio, la subida del IRPF a las rentas más altas o el incremento del Impuesto de Sociedades al 15%, con el recargo especial para bancos y empresas de hidrocarburos. Con la primera medida calculaban recaudar 328 millones y con la segunda, 1776 millones. Esta última reforma afectaría a unas 10.000 empresas que representan el 0,7% de las compañías que tributan por Impuestos de Sociedades.
Las problemática 'tasa Google' y la 'Tobin'
Dos nuevos impuestos se encuentran en la agenda del Gobierno. El Ministerio de Hacienda trabaja en dos proyectos para activar la 'tasa Google' y la que grabará las transacciones financieras. Fueron dos nuevas figuras que ya aprobó el consejo de ministros en enero de 2019 con el objetivo de recaudar 1.200 y 850 millones de euros, respectivamente. Pero la convocatoria anticipada de elecciones truncó los planes del Ejecutivo socialista. Ahora la intención es recuperar ambos impuestos a lo largo de este año ya que las nuevas figuras fiscales no pueden incluir en los Presupuestos.
Ahora la intención del Gobierno es que ambas tasas reciban de nuevo el visto bueno en consejo de ministros y pasen a tramitarse en el Congreso de los Diputados como proyectos de ley. La más urgente sería la 'Tobin', pero la que penalizará a determinados servicios digitales no será inminente. Según transmitió el presidente Sánchez en el Foro de Davos la pasada semana España esperará a un acuerdo en el marco de la OCDE para lanzar este nuevo impuesto. Si no se cierra un pacto común Hacienda no descarta aprobar la tasa en solitaria siguiendo la estela de Francia, Italia o Reino Unido, entre otros.
En el lado opuesto, el Gobierno también está trabajando en una serie de reformas fiscales para reducir impuestos a determinados colectivos. Es el caso de una rebaja del tipo nominal del Impuesto de Sociedades para unas 350.000 pequeñas empresas o la reducción del llamado 'IVA rosa' a productos de higiene femenina. Estas medidas irán incluidas en los próximos Presupuestos.
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