Entre los 110 planes de inversión y las 112 reformas que configuran el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno de España ha remitido a la Comisión Europea y sobre el cual pretende construir el futuro de una economía española más moderna, más sostenible y más próspera no sólo hay programas novedosos, reformas estructurales e ideas innovadoras, también hay algún que otro proyecto 'reciclado' que se ha hecho un hueco en la hoja de ruta del Ejecutivo hacia el nuevo modelo económico para el siglo XXI pese a haberse demostrado ya fallido en el pasado.
El Gobierno ha decidido rescatar para el Plan de Recuperación y regar con los cuantiosos fondos que llegarán de Europa en los próximos años, por ejemplo, la red de parques científicos y tecnológicos por la que apostó sin demasiada fortuna el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero hace cerca de tres lustros cuando las arcas del Estado estaban a rebosar y la prioridad de política económica era impulsar la innovación a golpe de gasto público.
La cosa no salió bien. El Gobierno socialista multiplicó por 30 la inversión de unos 10 millones de euros anuales que hasta aquel momento realizaba el Gabinete Aznar en este tipo de infraestructuras tecnológicas y les transfirió en apenas cuatro años 1.200 millones de euros en subvenciones y créditos blandos con la esperanza de generar ecosistemas innovadores en un puñado de ciudades españolas. La apuesta no terminó de cuajar. Los parques, impulsados por las administraciones públicas autonómicas o locales y las universidades, no generaron los retornos esperados y la llegada de la crisis les dejó en una situación precaria que les impidió hacer frente a la devolución de los préstamos recibidos. Así se generó un agujero financiero de 250 millones de euros que los sucesivos gobiernos fueron esquivando con moratorias anuales hasta que a principios de 2019 el Gobierno Sánchez reguló un plan de rescate financiero para reestructurar esas deudas.
El hecho de que una parte no pequeña de los parques científicos y tecnológicos de la red nacional esté involucrado en ese plan de rescate financiero no ha impedido al Gobierno incluir a estas infraestructuras entre los futuros beneficiarios del programa de impulso a la transferencia de conocimiento, que está dotado con más de 400 millones de euros y que se enmarca en el componente 17 del Plan de Recuperación, bajo el título 'Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación'.
Según la explicación que se da en el Plan de Recuperación, el plan pretende involucrar a todos los agentes del sistema científico nacional para "que el conocimiento científico y los resultados de la investigación se apliquen al desarrollo de nuevas tecnologías que afronten los retos de la sociedad", en otras palabras, para que ese conocimiento salga de la academia y se drene hacia las pymes o dé lugar a la creación de nuevas empresas de base tecnológica. La patronal de los parques científicos y tecnológicos (APTE) lleva años diciendo que el problema del sector no es que no sea viable o incluso rentable en la actualidad, sino que las deudas arrastradas en el pasado son las que comprometen su sostenibilidad a futuro. El sector da empleo de forma directa e indirecta a 170.000 personas - de los que 35.000 son investigadores -, alberga a 8.103 empresas y genera una inversión de más de 1.000 millones en I+D
Suelos comprados a precios de burbuja a la espera de un uso
El componente 2 del Plan de Recuperación de España detalla la estrategia gubernamental para impulsar lo que han dado en llamar su Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana, uno de los proyectos estrella del proyecto gubernamental para el que se ha reservado una dotación agregada de nada menos que 6.800 millones de euros. El plan aspira a renovar el envejecido parque inmobiliario español, mejorando su rendimiento energético, reduciendo las emisiones derivadas del consumo energético doméstico y generando de paso un parque de vivienda de alquiler a precios asequibles digno de tal nombre con medidas como subvenciones e importantes desgravaciones fiscales.
Uno de los elementos más emblemáticos del plan es el 'Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes', dotado con más de 1.000 millones de euros de fondos europeos y que pretende poner en el mercado alrededor de 100.000 viviendas de alquiler a precios asequibles en los próximos años a partir de promociones puramente públicas y también de actuaciones de 'derecho de superficie' que ofrecerán suelos públicos a la iniciativa privada para que levanten viviendas para alquiler a precios tasados.
La idea del Gobierno es priorizar "los ámbitos con déficit de vivienda pública o especial tensión en los precios de la vivienda como consecuencia de la insuficiencia de oferta asequible" e implicar a todos los Ministerios a la hora de poner en el mercado suelos de su titularidad que en la actualidad se encuentren en desuso o infrautilizados. El documento remitido a Bruselas subraya que parte de ese trabajo se ha realizado ya y que el Gobierno ha logrado identificar suelos propiedad de comunidades autónomas y municipios disponibles para esta finalidad, así como otros que a día de hoy figuran en la cartera de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES).
Estos suelos del SEPES ya estaban en el radar del antiguo Ministerio de Fomento antes de que el llamado Plan 20.000 se integrara en el Plan de Recuperación de España y se enganchara a la financiación proporcionada por Europa. En muchos casos provienen del plan de compra de suelo que el Ejecutivo Zapatero abordó en 2008 con el objetivo de compensar con la iniciativa pública el desplome de la actividad inmobiliaria privada en el país y que nunca llegaron a urbanizarse como consecuencia de la crisis.
El Gobierno invirtió entonces 300 millones de euros en adquirir suelos de propiedad privada y del Ministerio de Defensa, que cerca de tres lustros después habían perdido en torno a un 45% de su valor de mercado. La devaluación de los terrenos había abierto un agujero de más de 20 millones de euros en la cartera inmobiliaria de la sociedad estatal, que se revirtió en el balance contable de la entidad por la mera inclusión de los mismos en el Plan 20.000. Éste incluía una partida presupuestaria específica para, entre otras cosas, compensar el valor de esos sueldos. Pero el Plan 20.000 encalló y ahora el departamento que dirige José Luis Ábalos vuelve a mencionar los suelos titularidad de Sepes entre los que se pretenden movilizar, ahora con fondos europeos, para desarrollar un parque público de vivienda social.
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