El Gobierno de la coalición de las izquierdas de España dejará que sea el mercado el que regule la absorción del previsible 'shock' hipotecario que seguirá a la paralización de la actividad económica en España y a la pérdida temporal de su principal fuentes de ingresos de cerca de un millón de trabajadores y trabajadoras del país. El Real Decreto de medidas de emergencia para paliar los efectos del coronavirus sobre empresas y trabajadores ha dispuesto un 'escudo social' en forma de moratoria para las personas más vulnerables bien porque tienen pocos recursos o porque la hipoteca se lleva buena parte de sus ingresos, pero también ha dejado al diálogo de tú a tú entre entidades y clientes la flexibilización de las condiciones de los préstamos hipotecarios que tengan en común.
El Gobierno, al menos, ha aprobado un pequeño incentivo para que las entidades financieras tengan menos reservas a la hora de abrir esa negociación y ha establecido que, en tanto dure la situación de excepcionalidad creada por la crisis del coronavirus, la banca no tendrá que soportar el coste fiscal de "las escrituras de formalización de novaciones contractuales de los préstamos y créditos hipotecarios" que se produzcan para adaptarse a la singular situación económica y social creada por el Covid-19. Hablamos del célebre impuesto sobre las hipotecas que hace algo más de año y medio generó un tremendo enredo a nivel del Tribunal Supremo, que el Gobierno resolvió por la vía rápida legislando para que finalmente lo pagara la banca y no el ciudadano.
La 'congelación' de las cargas por la aplicación del impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentados (AJD) impedirá que la renegociación de posibles suspensiones temporales en el pago de las hipotecas tenga coste fiscal para las entidades financieras, que sobre el papel ya tendrán que asumir un cierto deterioro de sus expectativas de cobro por esta situación y por la decisión del Gobierno de obligarlas a conceder moratorias a las personas en situación de especial vulnerabilidad.
El equipo de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha optado por no sobrecargar por decreto el perfil de riesgo de la cartera hipotecaria de las entidades, obligando a éstas a asumir una moratoria generalizada sobre el pago de los préstamos hipotecarios de todos los afectados por la crisis. El argumento del Gobierno, que también ha pesado para no intervenir en los contratos de alquiler entre arrendadores y arrendatarios, es que se trata de una situación temporal, que se prolongará únicamente durante un puñado de semanas -según su escenario central- y que hay margen suficiente para que las partes alcancen un acuerdo sin necesidad de que intervengan los poderes públicos en esa relación bilateral.
Es probable que también pese en el ánimo del Ejecutivo o en de sus los roces de sus negociaciones con el sector financiero, que sí se han producido según reconocen fuentes del área económica del Gobierno, el hecho de que la banca va a tener que asumir un porcentaje de riesgo superior al de los bancos de otros países en los créditos al sector productivo, ya que la intención del Gobierno es no asumir mucho más del 50% del riesgo dentro de esa línea de avales públicos de hasta 100.000 millones de euros que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la reunión del Consejo de Ministros de este martes.
El pago del gravamen por ADJ sobre las escrituras hipotecarias supone un porcentaje marginal en la factura total de la compra de una vivienda, pero según fuentes financieras tuvo un coste agregado de 600 millones de euros para la banca española en el ejercicio de 2019, algo por encima del inicialmente previsto porque buena parte de las comunidades autónomas aprovecharon la decisión del Gobierno de cargarlo sobre las entidades para desactivar las bonificaciones sobre su pago e incluso subir el tipo aplicable a las operaciones para sacar tajada del nuevo escenario.
La decisión del Gobierno se hace con cargo a los ingresos de las comunidades autónomas, que son los que reciben la recaudación por AJD y que se quedarán sin los ingresos fiscales derivados de esas novaciones más o menos masivas que se puedan producir en los próximos días. Desde el Ministerio de Hacienda se asegura que las medidas incluidas en el Real Decreto se han consultado con las comunidades autónomas, pero se desconoce si ésta en concreto cuenta o no con su aval o si, en aplicación del principio de autonomía tributaria, será el Estado el que asuma la potencial pérdida recaudatoria derivada de esta medida.
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