Los contratos que diseñó el Partido Popular para dar un impulso al empleo joven en lo peor de la crisis económica crearon casi 1,5 millones de puestos de trabajo en los últimos seis años. Hasta finales de 2018, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez aprovechó un megadecreto en materia de Seguridad Social para acabar con estas medidas estrella de la reforma laboral de 2012.
La caída de la tasa de paro por debajo del 15% animó al Ejecutivo a suprimir el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, el de formación y aprendizaje para menores de 30 años, el de primer empleo joven, los incentivos a los contratos a tiempo parcial con vinculación formativa y a la contratación indefinida de jóvenes por microempresas y empresarios autónomos, así como a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven y a los contratos en prácticas.
En total, todas estas modalidades llegaron a generar 1.472.916 contratos entre 2012 y 2018, de acuerdo con una respuesta por escrito del Gobierno al Grupo Parlamentario de Ciudadanos que ha consultado La Información. En su pregunta, los diputados de la formación naranja pedían al Ejecutivo el detalle de todos estos tipos de contratos en todos los meses desde su entrada en vigor, tras la derogación ejecutada aprovechando el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
En aquel texto, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al día siguiente, el Gobierno suprimió los contratos e incentivos y la mayoría de medidas ligadas a la tasa de paro superior al 15%, con el argumento de que se debe "garantizar la seguridad jurídica y evitar la incertidumbre de empresarios y trabajadores sobre la vigencia de dichas medidas", dada la caída del desempleo.
Por tipo de contrato, el grueso se concentró en los indefinidos de apoyo a emprendedores, con 1.099.082 en seis años (la mitad de ellos solo entre 2017 y 2018). Este contrato, que podía suscribirse en negocios de menos de 30 trabajadores para la contratación de personas menores de 30 años o mayores de 45 años, ofrecía diferentes incentivos, desde los 1.200 euros para contratar a menores de 30 años hasta los 1.500 euros en caso de mujeres de más de 45 años, con un período mínimo de tres años.
Este tipo de contratación estaba en el punto de mira de los sindicatos, que lo han venido criticando, sobre todo, por su periodo de prueba de un año, al fin del cual el empresario podía prescindir del empleado sin ningún tipo de indemnización. El Gobierno socialista anunció que eliminaría esta modalidad contractual por considerarla poco efectiva por el número de contratos firmados, entre otros motivos. Sin embargo, los datos que ahora ha hecho públicos el Ejecutivo reflejan una evolución creciente en los últimos años, hasta rozar los 300.000 solo en 2018.
La siguiente bonificación más relevante por el número de contratos suscritos es la referida a los contratos de formación y aprendizaje para trabajadores de entre 25 y 29 años, con 202.049 firmas. A diferencia del anterior incentivo, este se concentró principalmente entre los años 2014 y 2015 (con 48.966 y 59.338 contratos, respectivamente), año a partir del cual se redujo sustancialmente su uso. En 2018 se registraron 13.852 contratos de este tipo.
Le siguen las bonificaciones a los contratos en prácticas (121.569 bonificaciones desde 2013), los incentivos en contratos a tiempo parcial con vinculación formativa (27.823), contratos indefinidos a jóvenes contratados por microempresas y autónomos (21.005), contratos de primer empleo joven (1.002) y contratos en nuevos proyectos al emprendimiento joven (386), seguidos de los de formación y aprendizaje para trabajadores de 25 a 29 años (202.049) y de los contratos de prácticas (121.569).
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