Sánchez y Macron afrontan el reto de las pensiones en plena crisis inflacionaria

La peligrosa tendencia del envejecimiento de la población que se está dando en la demografía europea desde los años 70 ha forzado a los gobiernos de la UE a tomar medidas y decisiones un tanto polémicas, como en el ámbito de las pensiones. Mientras en España el Gobierno tiene pendiente aprobar la segunda parte de la reforma comprometida con Bruselas, la vecina Francia afronta la entrada en vigor de cambios como el retraso en la edad de jubilación que amenazan con desatar una nueva ola de protestas en la calle. Son dos casos similares y diferentes al mismo tiempo.

Según el Centro Internacional sobre el Envejecimiento, en 1950 solamente el 12% de la población europea tenía más de 65 años. Actualmente, una de cada 5 personas que residen en España superan esa edad. Según las estimaciones de la ONU, en 2050 un 25% de la población de la región europea será mayor de 65 años.

Si al envejecimiento de la población, causado por una esperanza de vida cada vez más alta (81 años en 2019) le sumamos la baja natalidad de la región, con un número de nacidos vivos por cada 1.000 personas de 9,1 en 2020, y la baja población joven (0-19 años), que según el estudio ‘Demografía de Europa’ elaborado por Eurostat apenas era del 20% en 2020, damos con un colapso en el relevo generacional que deja el futuro de las pensiones en vilo. Ante esta encrucijada política y socioeconómica, tanto el gobierno francés como el español han iniciado un proceso de reformas decisivas en el modelo de pensiones que Bruselas exige.

El Gobierno español, por su parte, ha comenzado este 2023 incumpliendo uno de sus compromisos clave con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR): cerrar la segunda parte de la reforma de pensiones para el 31 de diciembre, de forma que pudiera entrar en vigor desde el 1 de enero.

La segunda parte de la reforma de pensiones se retrasa

La reforma de pensiones llega en un año en que estas se revalorizan un 8,5% ante la disparatada subida de los precios tras la pandemia y por la crisis energética desencadenada por la invasión rusa en Ucrania. La inflación se ha moderado cinco puntos desde el máximo de julio, pero permanecía en niveles muy elevados, en el 5,7% al cierre del año pasado.

Sin embargo, ante la revalorización de las pensiones, el Gobierno tendrá que realizar alguna modificación para poder recortar gastos, ya que el Sistema de la Seguridad Social registró en 2021, por décimo año consecutivo, un desequilibrio en sus cuentas. El déficit alcanzó el equivalente al 0,9% del PIB, con un total de 11.192 millones de euros. Este desequilibrio presupuestario ha causado la disminución del fondo de reserva de la Seguridad Social. Así, la conocida como 'hucha de las pensiones' ha menguado desde los 66.800 millones de euros acumulados en 2011 hasta los poco más de 2.000 millones de euros con que contaba a finales de 2021.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y Eurostat el peso en la evolución del saldo de la Seguridad Social del factor demográfico, definido como la ratio entre la población mayor de 65 años y la población de entre 16 y 64 años (en edad de trabajar), aumentará considerablemente en los próximos años. En concreto, esta ratio crecería desde el 30% actual hasta una horquilla entre el 58% y un 61% en 2050.

A la luz de esta situación, el sistema de pensiones queda en manos del Gobierno que tendrá que poner en marcha reformas para garantizar la sostenibilidad y la viabilidad financiera del sistema de pensiones del futuro. Detrás de esta reforma se está formando un murmullo quejoso de la población, que cada vez sube más el volumen al prever cambios nada favorables en su futura jubilación.

El principal miedo de los trabajadores españoles es que la reforma del gobierno sanchista obligue a tener que cotizar más años para obtener el 100% de la pensión correspondiente, una reforma que sigue en negociaciones con los agentes sociales, que se oponen a la propuesta de ampliar el periodo de cómputo de la pensión desde los 25 años actuales hasta los 30 años.

Una reforma que puede costarle el mandato a Macron

En Francia, los murmullos quejosos se han convertido en gritos de denuncia en las calles, ante la reforma de pensiones que desveló el pasado 10 de enero el gobierno francés. Con estos cambios, el Ejecutivo planea ahorrar 17.700 millones hasta 2030 para equilibrar el sistema de pensiones frente a los cambios demográficos.

Entre las principales medidas que han revolucionado a nuestros vecinos está el aumento de la edad mínima de jubilación de los 62 años a los 64 años. Los primeros afectados serán los nacidos el 1 de septiembre de 1961. En segundo lugar, entra en vigor la obligatoriedad de haber cotizado un mínimo de 43 años para cobrar la pensión completa, subiendo 1 año de la actual cotización mínima, que estaba fijada en 42 años.

Con todo esto, Macron ha puesto a todos los sindicatos franceses en su contra, y aunque ha tratado de amainar la tormenta con el aumento de las pensiones mínimas para los nuevos jubilados, hasta los 1.200 euros netos mensuales en 13 mensualidades, este caramelito no ha ayudado a reducir el descontento generalizado. Según un sondeo de Harris Interactive publicado el 2 de enero, un 54% se opondría a la reforma frente a un 44% favorable. Los sindicatos franceses llevan a la defensiva desde que se supo que Macron estaba tanteando el tema de las pensiones.

Las tensiones se han recrudecido cuando la primera ministra, Elisabeth Borne, presentó el 10 de enero todos los cambios realizados por el Gobierno. Tan solo unos minutos después de que desvelase los detalles de su propuesta de reforma del sistema de jubilaciones, los sindicatos anunciaron una jornada de huelga interprofesional y de manifestaciones para el próximo 19 de enero con el principal objetivo de que esta reforma, según ha comentado Laurent Berger, líder de la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT), “no entre en vigor”.

Los sindicatos franceses amenazan con paralizar el país

El principal sindicato del sector petrolero en Francia ya ha convocado una serie de huelgas sucesivas a partir de la semana próxima, además, la CGT ya ha lanzado una primera huelga de 24 horas en las refinerías el 19 de enero, coincidiendo con la primera jornada de movilización de todos los sindicatos franceses. A continuación, habría un segundo paro de 48 horas en las plantas de hidrocarburos a partir del 26 de enero y de 72 horas el 6 de febrero.

Emmanuel Macron afronta esta crisis en su segundo mandato con el temor de que un estallido como el de los chalecos amarillos (‘gilets jaunes’), que le obligó a dar marcha atrás en la subida anunciada del precio de los carburantes con el impuesto al diésel. El nombre del movimiento, que aglutinó a colectivos sociales de todo tipo, hacía referencia a las prendas fosforescentes que los automovilistas franceses debían colocarse en caso de incidencia en la carretera.

Históricamente, el pueblo francés ha tomado las calles con una fuerza que supera la de los movimientos españoles. Es por esta razón que mientras los sindicatos franceses ya se han puesto en marcha para intentar doblegar la medida impulsada por Macron, en el territorio español no se prevén más protestas que las que los jubilados han venido protagonizando en los últimos años para evitar una merma de sus derechos.