La ambiciosa 'contrarreforma laboral' que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba decidido a abordar pese al final precipitado de la legislatura y la dificultad extrema de una negociación política en la que tenía que poner de acuerdo los planteamientos próximos a los sindicatos de Podemos con los más próximos a los intereses empresariales de PDeCAT y PNV se ha quedado al final en una sola medida: la inclusión del Registro Horario obligatorio en las empresas dentro del Estatuto de los Trabajadores.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Decreto Ónmibus con medidas sociales y laborales -mucho menos ambicioso que el que se puso inicialmente sobre la mesa hace un mes-, en el que incluye algunas medidas de protección social que gozan del respaldo mayoritario del arco parlamentario, como la reinstauración del subsidio de desempleo para mayores de 52 años -el PP lo reconfiguró para que sólo se activara a partir de los 55 años- y la mejora de las prestaciones por hijo a cargo para familias con pocos recursos -que habían decaído por el rechazo a su proyectos de Presupuestos Generales del Estado-, pero solo una de las cuatro medidas de contrarreforma laboral que el Gobierno aspiraba a sacar adelante antes del 28-A para "remover los aspectos más dañinos de la reforma laboral del Gobierno del PP", en concreto la única sobre la que no actuó Rajoy, el registro horario obligatorio en las empresas.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, cuyo equipo estuvo trabajando hasta bien entrada la noche del jueves para componer un texto aceptable por todas las partes implicadas, confirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la renuncia del Gobierno a abordar la supresión de los aspectos que habían señalado como más incómodos de la reforma laboral del PP: la eliminación de la ultraactividad, la regulación excesivamente flexible de la subcontratación y la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el de sector. "Está claro que en este momento no hay el consenso político para hacerlo y, bueno, la vida sigue", ha concluido la ministra.
Según fuentes de la negociación, fuera de los focos el motivo alegado por la ministra fue el rechazo de Podemos a la 'versión light' de reforma acordada por el negociador del Grupo Socialista, Rafael Simancas, con PNV y PDeCAT en el marco de la ponencia para la reforma del artículo 42 el Estatuto de los Trabajadores y que, en apariencia, garantizaba la tramitación parlamentaria con éxito de la iniciativa.
Solo aparentemente, porque el asunto es que ese texto 'light' acordado en el Parlamento no sólo es rechazado ahora por Podemos y por los sindicatos, sino que tampoco era aceptado en el propio equipo del Ministerio de Trabajo, que llevó a la mesa del diálogo social una propuesta mucho más ambiciosa, que planteaba la recuperación de la ultraactividad bajo las mismas pautas anteriores a 2012 -es decir, sin ningún tipo de límite temporal-, la prohibición 'de facto' de subcontratar actividades asimilables a la actividad principal de la empresa contratista y la reimplantación de la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa.
Una propuesta, sin embargo, que no suscita el respaldo parlamentario suficiente para garantizar su aprobación en la Diputación Permanente y el Gobierno no se quiere exponer en plena precampaña electoral a otro revés de ese tipo tras el naufragio de los Presupuestos de 2019 y el varapalo que supuso el rechazo de Podemos a su decreto de alquiler.
Hasta este viernes, el mensaje oficial del Gobierno es que esas modificaciones se iban a tramitar como Real Decreto Ley antes del 28 de abril sí o sí. Las dificultades para poner de acuerdo al amplio abanico de socios que el Ejecutivo necesitaba para esta aventura han terminado por dar al traste con la tan cacareada contrarreforma laboral de Sánchez.
Registro control horario
El Gobierno sí ha cumplido con uno de sus compromisos en materia laboral: la reforma del Estatuto de los Trabajadores para implantar el Registro Horario Obligatorio en las empresas. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha justificado la necesidad de esta iniciativa por la avalancha de denuncias en la Inspección de Trabajo -que no ha cuantificado- sobre situaciones en las que trabajadores a jornada completa realizan un número de horas extra poco aceptable o en las que trabajadores a tiempo parcial hacen en realidad jornadas a tiempo completo con cierta regularidad.
Trabajo ha transigido con las empresas en que los mecanismos de control horario se definan en la negociación colectiva, pero obligará a que éstos establezcan de forma clara la hora habitual de entrada y salida de los trabajadores y que esos registros se conserven durante un periodo de cuatro años. Las empresas tendrán dos meses para adaptarse a esta modificación legal, que se introducirá a través del apartado séptimo del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores.
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