Lunes, 19.08.2019 - 01:19 h
Ofensiva de decretos del Gobierno

Sánchez negocia para blindar por decreto la subida de la pensión con el IPC en 2020

Cerrada la opción de que el Pacto de Toledo avalara la maniobra, el Gobierno se trabaja el apoyo de sindicatos, PDeCAT y PNV para resolver el asunto.

Pedro Sánchez con Aitor Esteban
El Gobierno de Pedro Sánchez necesita el apoyo del PNV de Aitor Esteban (foto) y del PDeCAT para blindar la subida de las pensiones con el IPC en 2020.

Al Gobierno se le acaba el tiempo y se le acumulan las tareas a abordar para concurrir a las elecciones del próximo 28 de abril con la confortable sensación del deber cumplido...o al menos con la tranquilidad de que sus potenciales votantes así lo perciban. En Moncloa han concluido que hay tres compromisos de gobierno que se les han quedado en el tintero en sus ocho meses de gestión 'ordinaria' y no están dispuestos a que la disolución de las Cortes suponga un obstáculo para su cumplimiento. Los sacarán adelante en los próximos días y los aprobarán a golpe de decreto: revertir los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP, regular la lucha contra la brecha salarial en las empresas y el tema de las pensiones.

Con los dos primeros asuntos encarrilados, el Gobierno ha acelerado en los últimos días las negociaciones con los sindicatos - CEOE se ha desentendido de este último arreón legislativo que pretende ejecutar el Gobierno con las elecciones ya convocadas - con un objetivo claro: alcanzar un acuerdo en el ámbito social que le permita llevar al Congreso con ciertas garantías un Real Decreto Ley que, como mínimo, garantice que las pensiones subirán en 2020 conforme al IPC real y, en el caso de obtener respaldo mayoritario para ello, le permita derogar el controvertido Índice de Revalorización de las Pensiones introducido por el Gobierno del PP en 2013 que preveía una subida máxima del 0,25% en tanto el sistema público de pensiones estuviera en números rojos.

Fuentes sindicales confirman que el Gobierno ha puesto sobre la mesa del diálogo social varias propuestas en materia de pensiones para sacar adelante por la vía urgente, con la revalorización de las pensiones con el IPC, al menos, en 2020 entre ellas. Los sindicatos interpretan este gesto del Ejecutivo como una manera de "poner la venda antes de la herida" ante el escenario muy probable de ingobernabilidad que se puede abrir después del 28-A y que podría abrir un periodo de incertidumbre difícil de sostener socialmente sobre la evolución futura de las prestaciones de nueve millones de pensiones. Un argumento, por otra parte, que bien serviría para garantizar la urgencia y la necesidad del Real Decreto Ley.

El alcance final del Real Decreto Ley gubernamental e incluso su presentación dependerá del respaldo que el Gobierno recabe estos días. Desde el Ministerio de Trabajo se asegura que todavía no está tomada de forma definitiva la decisión de presentarlo. Según fuentes del diálogo social, la intención inicial trasladada por el Gobierno en ese foro pasaba por derogar el Índice de Revalorización de las Pensiones, de modo que el sistema volviera a la revalorización automática en función del IPC anterior a 2013; y por modificar los parámetros del Factor de Sostenibilidad fijados por el Gobierno del PP en su reforma de pensiones: la esperanza de vida y la situación de las arcas de la Seguridad Social. Es decir, por borrar de la legislación sobre pensiones la huella de la reforma de pensiones del Partido Popular.

Buscando el consenso necesario en el Congreso

Fuentes parlamentarias aseguran, sin embargo, que el Gobierno ya ha sido persuadido de las incertidumbres jurídicas que se pueden abrir si se aborda una reforma de ese calado en la Ley General de Seguridad Social por la vía de un Real Decreto de urgencia y sin consenso político, lo que lo ha animado a decantarse por la vía política para acordar en el Parlamento un Real Decreto Ley que no sufra ningún revés durante su trámite hacia la Diputación Permanente. Ahí se enmarca el intento del Grupo Socialista de apresurar la aprobación de las recomendaciones del Pacto de Toledo y, fracasado éste, su última maniobra 'in extremis' para pactar al menos dos recomendaciones - entre ellas la acordada en septiembre para vincular de manera general la subida de las pensiones al IPC - en busca de un aval político definitivo para lanzar ese Real Decreto en que están trabajando desde hace semanas. 

Los movimientos del Grupo Socialista en el Pacto de Toledo han aclarado al menos que el Gobierno no tendrá especiales dificultades para sumar a PNV y PDeCAT al consenso parlamentario necesario para sacar adelante el Real Decreto, al menos si éste se limita a garantizar que las pensiones suban también en 2020 en función del IPC, como se admite desde ambas formaciones. Más problemas habrá si el Ejecutivo opta por la versión más agresiva de su planteamiento: la reversión de la reforma de 2013. Y no sólo porque pueda plantear una mayor dificultad técnica o porque abra dudas sobre su viabilidad jurídica, sino también porque no convence del todo en el Ministerio de Economía, cuya titular, Nadia Calviño, es la encargada de dar el último visto bueno en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno.

El necesario aval previo de los sindicatos

En este estado de cosas, el Ministerio de Trabajo ha intensificado los contactos con los sindicatos para disponer al menos del respaldo social que pueda 'engrasar' la gestión parlamentaria de la iniciativa. Fuentes del PDeCAT advierten de que ésta sí será una condición necesaria para retocar cualquier aspecto referente a las pensiones. Según aclaran fuentes de la negociación, ésta se está desarrollando 'in extremis': "los temas no están completamente cerrados y se siguen enviando propuestas". El diálogo social tiene concertadas ya varias citas a lo largo de la semana que viene para terminar de cerrar los últimos flecos.

El pasado mes de diciembre el Gobierno envió una propuesta a los agentes sociales para que las pensiones se revisen cada año con la media del IPC anual de los últimos doce meses, tal y como se ha calculado para este ejercicio. El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, explicó que este mecanismo pretendía sustituir oficialmente a partir de 2020 al índice de revalorización actual por el cual las pensiones suben un 0,25% siempre que la Seguridad Social esté en déficit. En lugar de volver a tomar como referencia el IPC de noviembre, como se hacía antes de la reforma de 2013, se tiene en cuenta la media anual entre noviembre del año corriente sobre diciembre del ejercicio anterior.

Los sindicatos han elevado la presión al Gobierno para que apruebe sí o sí cambios sustanciales tanto en materia laboral como en pensiones antes de disolver las Cámaras. Es su opción preferida, pues tanto desde CCOO como desde UGT manifiestan serias dudas en torno a la capacidad del Ejecutivo para sacar adelante según qué cuestiones a través de la Diputación Permanente que asumirá después las facultades del Parlamento, entre ellas, las relacionadas con los Decretos-leyes que atribuye al Congreso de los Diputados el artículo 86 de la Constitución.

Por el lado contrario, la patronal también ha intensificado su labor de 'lobby' para intentar hacer cambiar de opinión a un Ejecutivo que se ha mostrado partidario de hacer lo imposible por sacar adelante todo lo que pueda en el 'sprint' final de la legislatura. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, considera que la reforma de las pensiones es necesaria, pero no extraordinaria ni de urgente necesidad, como exige un real decreto. Por ello, recomienda esperar a la conformación del nuevo Gobierno para abordar las reformas con la aportación de todos los grupos políticos y de los agentes implicados, entre ellos los empresarios, porque, a su juicio, "no se puede gobernar en solitario".

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