Moncloa ha activado la maquinaria para cerrar la ley de vivienda lo antes posible. Esta medida es uno de los puntos pendientes del acuerdo de Gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, tras tres años de legislatura, y ambos socios quieren que se concrete antes del inicio del periodo electoral. Sin embargo, el lado socialista busca incorporar al texto precauciones frente a las aspiraciones del grupo morado, para evitar que la nueva normativa de vivienda se traduzca en una avalancha de demandas motivadas por los actores implicados en ese mercado. Después de que el impuesto a la banca, las eléctricas y las grandes fortunas haya suscitado movimiento en los despachos de abogados.
"Lo que siempre dijimos es que queríamos aprobar una ley que no tuviera grietas jurídicas, que fuera una ley que nos diera la máxima seguridad para que luego no se viera llena o rodeada de numerosos recursos judiciales que pudieran hacer debilitar la eficacia que tengamos de la ley", ha sostenido la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. La titular de esta cartera se había desplazado hasta Nuevos Ministerios para presentar los abonos gratuitos para Cercanías, Rodalies y Media Distancia, sin embargo, ha avanzado en qué punto se encuentra la negociación de la ley que ultima el Gobierno en declaraciones a medios.
Sánchez ha recordado que se trata de una propuesta que salió del Consejo de Ministros y, por tanto, es una iniciativa consensuada por las dos fuerzas que componen el Ejecutivo. No obstante, ha enfatizado este límite que hace alusión a las precauciones ante una posible judicialización a la materia, al ser preguntada por críticas o reticencias que han manifestado otros grupos parlamentarios del ala progresista. "Vamos a respetar las competencias de las comunidades autónomas. Este Gobierno lo ha manifestado siempre así. Es la línea roja que nos autoimponemos", ha manifestado.
La ministra de Transportes ha señalado que la negociación con los grupos parlamentarios se encuentra en la recta final tras incorporar mejoras aportadas por varias formaciones. "Confío en que seamos capaces de ultimar las últimas cuestiones que puedan quedar pendientes de negociación", ha apuntado. "Tenemos una gran responsabilidad para con la ciudadanía. Creo que debemos aprobar una ley que es absolutamente fundamental para garantizar a todo el mundo el derecho a la vivienda", ha defendido Sánchez, haciendo alusión al especial problema que presenta el acceso a una residencia para los jóvenes, las clases medias y las personas vulnerables.
En este sentido, ha insistido en que los diferentes grupos llevan meses haciendo un "trabajo ingente" y que por parte del Gobierno no va a quedar en su mano por aprobar esta ley "en las próximas semanas". De hecho, como ha adelantado El Periódico de España, la Secretaría de Relaciones con las Cortes ha solicitado a la presidencia del Congreso de los Diputados que los órganos parlamentarios "que sean necesarios para la tramitación y aprobación" de la ley de vivienda durante el periodo de pausa del periodo de sesiones, para tratar de cerrarla en enero.
Sánchez también ha hecho referencia a otros puntos de la norma. Como el establecimiento de un mecanismo de índices de referencia para las zonas que las comunidades autónomas califican de tensionadas o incentivos fiscales para los pequeños propietarios. "Ambos sistemas pretender controlar, limitar o regular ese incremento de los precios del alquiler", ha indicado, algo que preocupa especialmente en estas zonas, como Madrid y Barcelona, donde el alquiler en zonas céntricas se ha vuelto prácticamente inaccesible para la mayoría de los trabajadores.
Además, ha recalcado que el Gobierno, a la par que busca frenar el alza de los precios de los alquileres, quiere priorizar la construcción de vivienda pública, con proyectos como el de la 'Operación Campamento' en Madrid, para el que ha asegurado que casi han ultimado los trámites administrativos de compra y se encuentran trabajando en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Sánchez ha criticado las políticas de vivienda llevadas a cabo hasta el momento que han "dinamitado" el parque público de vivienda, que además de resultar insuficiente, acabó incluso en manos de fondos buitre.
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