El Gobierno no podrá decir que no estaba avisado. El comisario europeo de Asuntos Económicos, el francés Pierre Moscovici, aprovechó el pasado mes de julio una pregunta parlamentaria formulada por la diputada europea socialista, Inmaculada Rodríguez Piñero, para recordar a España dos principios básicos: que abordar un nuevo impuesto como el planteado para los gigantes de la economía digital desde una perspectiva meramente nacional podía contribuir a fragmentar el Mercado Único y a distorsionar la competencia entre países, y que si la Comisión Europea se había embarcado en la farragosa tarea de configurar un impuesto de escala europea era precisamente para evitar ese tipo de situaciones.
El Gobierno no parece haber atendido mucho a estas advertencias. Y no solo porque este viernes tenga previsto aprobar en el Consejo de Ministros los anteproyectos de ley que sustentarán jurídicamente y activarán la tramitación parlamentaria del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y del Impuesto sobre Servicios Digitales - las dos principales figuras de la nueva fiscalidad europea que la Comisión viene impulsando desde hace meses - sino porque lo va a hacer sin esperar a los socios que lo han acompañado en la definición de este nueva fiscalidad - el denominado G-5 (Italia, Francia, Alemania, España y Reino Unido) - y de espaldas a la Comisión Europea que todavía sigue peleando en Bruselas por encontrar una solución de escala europea.
Fuentes de Bruselas han reconocido a La Información que el Gobierno ha definido el paquete fiscal que se llevará este viernes al Consejo de Ministros sin someterlo a la consideración de la Comisión Europea. Un formalismo, recuerdan, que no es preceptivo, ya que los países tienen plenas competencias para la definición de su política fiscal, pero que sí podría resultar procedente a la vista de que la definición tanto del impuesto a las grandes compañías digitales como el de transacciones financieras se han trabajado en el marco de la Comisión.
Los garantes del adecuado cumplimiento de la normativo fiscal han advertido de que la aplicación del impuesto será compleja, de que su seguimiento para garantizar que se cumple en toda su magnitud sera más que difícil y que su definición deberá estar muy afinada para evitar litigios y potenciales problemas de doble imposición.
El Gobierno de España ha optado por desarrollarlo por su cuenta, siguiendo los parámetros generales definidos en Europa, pero acelerando su aplicación en España, una decisión no exenta de riesgo, como ha puesto de manifiesto el colectivo de inspectores de Hacienda.
Una solución recaudatoria...a la espera del consenso en la UE
Y esto solo en lo que se refiere a su aplicación práctica. Respecto a sus posibles efectos económicos, no sólo Moscovici sino también la OCDE advirtió de que una aplicación unilateral por parte de un país podría tener efectos económicos sobre éste. El Gobierno, al menos, se ha cuidado de especificar en la información remitida a Bruselas que la formulación del impuesto digital en España "se ajusta en gran medida al propuesto por la Comisión Europea en la propuesta de Directiva de 21 de marzo de 2018, y que se adaptará a la solución que se adopte a nivel europeo tan pronto como ésta esté aprobada".
Algo similar ha dicho sobre el Impuesto a las Transacciones Financieras, cuya activación atribuye a la tardanza en definir una solución europea y con el que también se compromete a "no abandonar el
procedimiento de cooperación reforzada, de forma que, en el momento en el que se aprobase el impuesto armonizado, España adaptaría su impuesto para evitar cualquier descoordinación". Explicaciones que suenan a un "lo siento mucho, pero necesitamos el dinero". El Gobierno confía en obtener nada menos que 2.000 millones por esta vía, una parte de los cuales - los 850 millones que se esperan del impuesto sobre las transacciones financieras - irán a financiar las pensiones.
Un plan de lucha contra el fraude
La tercera pata que llevará este viernes el Gobierno al Consejo de Ministros es un plan de lucha contra el fraude, cuya medida más novedosa es el compromiso de regular las especificaciones técnicas de los programas informáticos de contabilidad y gestión que utilizan las empresas para desterrar los 'software de doble uso' que permiten enmascarar parte de las ventas realizadas o de los ingresos obtenidos, abriendo la puerta de hecho a una contabilidad B.
El plan incluye otra serie de medidas como la creación de una unidad específica de control de grandes patrimonios dentro de la Agencia Tributaria, la explotación sistemática de la información que han empezado a remitir otras administraciones tributarias dentro del plan de cooperación reforzada impulsado por la OCDE, la reducción de 2.500 a 1.000 euros del techo para realizar pagos en efectivo o la reconfiguración de la lista de morosos para extenderla a los contribuyentes con deudas superiores a 600.000 euros y a los administradores y directivos responsables de las empresas con deudas con el Fisco.
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