El Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho hoy efectiva la 'compensación' a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) por su apoyo, determinante, a los Presupuestos Generales del Estado para 2022 con la aprobación del proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que incluye una cuota del 6% de contenido del catálogo de las plataformas en lenguas cooficiales del Estado, y la cesión de la recaudación al País Vasco de la 'tasa Tobin', la 'tasa Google' y la gestión del IVA correspondiente al comercio electrónico.
Con la Ley Audiovisual, el Ejecutivo concede a Esquerra Republicana uno de los 'caballos de batalla' que planteó para dar su visto bueno a las cuentas públicas, también durante su trámite en el Senado. La creación y difusión de material audiovisual en lenguas cooficiales fueron también demandadas por Bildu. Por su parte, los responsables del PNV logran aumentar su capacidad de recaudación, en lo que podría suponer unos ingresos de alrededor de 200 millones de euros, según las estimaciones del Gobierno vasco.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que "España es, sin duda, una potencia en toda la cadena de valor de la industria audiovisual (...) un mercado en crecimiento y en profunda transformación derivado de los cambios tecnológicos, la multiplicación de los canales de distribución de las formas y los dispositivos en los que se consumen los productos audiovisuales", ha apostillado, sin descartar "mejoras" y "ajustes" en el trámite parlamentario.
La nueva ley incorporará al Derecho español la Directiva europea de Servicios de Comunicación Audiovisual (2018) que extiende la regulación que hasta ahora existía para la radio y la televisión a los servicios y contenidos audiovisuales de internet, en especial las plataformas para compartir contenidos (redes sociales) y de vídeo a la carta (Netflix, HBO Max, Movistar+). Así, la propuesta prevé que las plataformas prestadoras de servicio de catálogo tendrán que ofrecer, como mínimo, un 6% de su oferta en catalán, euskera o gallego, según recoge una disposición incluida en el texto 'in extremis' en el marco de las negociaciones del Gobierno con ERC, informa Europa Press.
Según Calviño, el proyecto de ley "ilustra el fuerte compromiso de nuestro Gobierno con el impulso del español y del resto de lenguas cooficiales en el ámbito audiovisual. Tras un conjunto de encuentros y de intercambios, hemos logrado un buen equilibrio". En concreto, del 30 % de obra europea que deben emitir, la mitad de este porcentaje (15%) habrá de ser contenido audiovisual en lenguas oficiales del Estado español y, de esta parte, el 40% tendrá que ser en catalán, euskera o gallego, lo que da lugar al mencionado 6%, según establecerá la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual.
La norma "no prefija" una distribución concreta de contenidos ofertados en cada una de estas lenguas. Además, la ley contempla un régimen de sanciones para los operadores que no cumplan esta obligación de mantener en su catálogo la cuota de producción en lenguas cooficiales, cuyo coste deberán asumir dichas empresas. Aún hay dudas respecto a si España puede pedir a las plataformas internacionales que cumplan con esta medida. Preguntada por esta cuestión, Calviño no ha aclarado esta circunstancia.
Por otro lado, gracias a este acuerdo entre Gobierno y ERC, el contenido doblado o subtitulado en lenguas cooficiales deberá ser ofertado por las plataformas, pero no será considerado como cuota de obra en catalán, euskera o gallego. "Hay una cierta obligación que está sujeta a que sea posible tanto técnicamente como por la propia calidad del doblaje o el subtitulado. Es una obligación con algunas limitaciones", recalcaban. También se incrementa del 0,9% al 3,5% el porcentaje de catálogo correspondiente a productoras independientes.
Con la nueva ley, las plataformas internacionales de vídeo en 'streaming' como Netflix, HBO Max, Prime Vídeo, también deberán cumplir esta previsión, y deberán ayudar a financiar a Radio Televisión Española. En cambio, la norma elimina la obligación de financiar a la televisión pública que tenían anteriormente los operadores de telecomunicaciones. El Gobierno ha aprobado también una adaptación del Concierto Económico Vasco, que incluye la concertación del impuesto del IVA OSS, el impuesto de transacciones financieras, denominado 'tasa Tobin', o el impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como 'tasa Google', que pasarán a recaudar las Haciendas vascas. De esta forma, el Consejo de Ministros ha materializado el acuerdo suscrito en la Comisión Mixta del Concierto Económico (CMCE) el pasado 30 de julio. Previsiblemente, el anteproyecto de Ley se votará en diciembre en el Congreso de los Diputados.
La CMCE dio luz verde en julio a la concertación de las tres figuras impositivas que estaban pendientes, los impuestos sobre Transacciones Financieras, Servicios Digitales y los nuevos regímenes de ventanilla única del IVA) que pasarán a recaudar las tres Diputaciones vascas. En aquel encuentro también se acordaron las tasas de referencia de déficit y deuda para 2022 del Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y se renovó la Junta Arbitral del Concierto Económico, órgano en el que se dirimen los conflictos que puedan surgir entre administraciones, en cuanto a los puntos de conexión del Concierto Económico.
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