Jueves, 24.01.2019 - 14:43 h
Cinco meses después de aprobar el real decreto

Sánchez pincha con la sanidad universal: 17 modelos autonómicos la impiden

Los médicos denuncian la ambigüedad del texto que hace que regiones como Madrid, Aragón, Extremadura y Murcia lo reinterpreten de forma restrictiva.

Pedro Sánchez
Sánchez pincha con la sanidad universal: 17 modelos autonómicos la bloquean. / Efe

La sanidad universal, uno de los proyectos 'estrella' de Pedro Sánchez en materia social, no ha logrado cumplir su principal objetivo apenas cinco meses después de su aprobación, en julio del año pasado. La ambigüedad del texto y la discrecionalidad concedida a los gobiernos regionales, que son los que deben fijar el procedimiento y los requisitos para poder obtener la tarjeta sanitaria, sigue dejando fuera del sistema a muchos extranjeros irregulares, algunos de ellos en situaciones muy vulnerables, como los menores de 18 años y las embarazadas. 

Ernesto, un peruano de 31 años y empadronado en Navarra desde hace varios años acude a un especialista para tratar un lipoma que ha crecido de forma exagerada. En el centro de salud le niegan la asistencia argumentando que tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Foral Navarra que garantizaba la universalidad de la sanidad se encuentran a la espera de instrucciones sobre cómo aplicar el nuevo Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno de Sánchez. Carolina, una venezolana en situación irregular que reside en Galicia, donde está empadronada desde hace cerca de un año, acude a urgencias por un atragantamiento durante la comida. La derivan a la sanidad privada, donde le cobran 140 euros por la cura, 260 euros menos que los que le exigían en los servicios de salud públicos por atenderla dada su 'situación excepcional'.

Son sólo dos de los casos reales facilitados por la plataforma Reder y ambos son posteriores al real decreto ley de Sánchez que pretendía devolver el acceso a la sanidad a decenas de miles de personas residentes en territorio español en situación irregular, derogando una ley del Partido Popular de 2012. El proyecto, que lideró la entonces ministra de Sanidad Carmen Montón, ha 'pinchado' fundamentalmente por la resistencia de algunas comunidades autónomas, que amparándose en las lagunas del texto, lo han reinterpretado y han emitido circulares y comunicados internos que siguen dejando fuera del sistema casi medio año después a un buen número de personas.

17 'reinos de taifas' sanitarios

Tras la norma aprobada por el Partido Popular hace más de seis años, la mayor parte de las autonomías adoptaron sistemas para cubrir a los extranjeros en situación irregular, pero sin poder llegar a todos los casos, debido a los límites legales existentes. La realidad es que en ningún momento se lograron equiparar los derechos de los nacionales españoles con los 'sin papeles', que recibían la protección sanitaria como un hecho solidario, casi de beneficencia. Incluso, algunas normas autonómicas aprobadas durante esos años, las más voluntariosas, como las del País Vasco, Comunidad Valenciana o Navarra, fueron suspendidas en los tribunales. En otras comunidades, como Cataluña, se han impulsado leyes autonómicas específicas.

Las decisiones autonómicas unilaterales, que se han tomado sin coordinación con el Estado, han facilitado 17 sistemas sanitarios muy distintos, que contemplan diferentes grados de cobertura y exigen distintos requisitos de entrada al sistema público de salud, un problema que tampoco subsana la actual norma, que no homogeniza las condiciones para poder reconocer el acceso a la sanidad a las personas extranjeras en situación irregular.

Normas anuladas en los tribunales

Desde la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), su vicepresidenta María Fernández asegura a La Información que, pese a que fue un buena noticia el real decreto de Montón tras seis años de restricciones, el Gobierno "debe impulsar de forma urgente un reglamento que acabe con las numerosas lagunas que han hecho que se retroceda a la situación de 2012". Además, apunta que texto del Ejecutivo socialista se olvida de las situaciones de los ascendientes y de la personas reagrupadas y que se debería trabajar para mejorarlo y "convertir la salud en un auténtico derecho de todos".

Fernández apunta que comunidades como Madrid, Extremadura, Murcia y Aragón han distribuido comunicados internos y protocolos para que se atienda solo a las personas que acudan a los centros de salud y hospitales que demuestren una estancia superior en España de 90 días, una exigencia que trata de evitar que los turistas se aprovechen del sistema público español. Este requisito, a menudo difícil de acreditar, deja fuera además a los colectivos más vulnerables, como menores y embarazadas, que la ley del PP contemplaba como prioritarios, teniendo garantizada la atención desde el primer momento, algo que la nueva norma no asegura.

"Existe un resquicio para evitar los 90 días acreditados de estancia en territorio español, pero resulta burocrático y también está abierto a interpretaciones. Se trata de un informe social, pero para conseguirlo primero hay que contactar con un asistente social, que se redacte el informe y que lo aprueben, un trámite que puede durar tiempo", asegura Fernández, que apunta que será necesaria una redacción más concisa de la ley que garantice la sanidad a todos los residentes en España.

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