La inclinación a elevar el gasto público del Gobierno de coalición de las izquierdas presidido por Pedro Sánchez no gusta en Bruselas. La Comisión Europea lo ha querido dejar claro en su informe de evaluación sobre el Plan Presupuestario remitido por el Gobierno el pasado mes de octubre. Bruselas subraya que, en efecto, ha suspendido la operatividad de sus estrictas reglas fiscales para que los gobiernos europeos gasten lo que sea necesario para amortiguar el impacto sobre sus sociedades y sus economías de la crisis sanitaria, pero detecta en España "una tendencia continuada a elevar el gasto subyacente (es decir, el que no tiene que ver con la respuesta a la Covid) por encima del crecimiento potencial de la economía y eso no le gusta.
Lo que ha hecho saltar las alarmas en Bruselas es la decisión del Gobierno de España de descolgarse con una subida a los funcionarios y los pensionistas en plena crisis pandémica, con los gobiernos reventando las costuras del gasto público, el déficit disparado y las autoridades políticas y monetarias europeas hacienda piruetas para que todo esto cuadre y no desemboque en una crisis financiera como la de hace una década.
El informe de la Comisión Europea sobre el plan presupuestario español no esconde su preocupación por estas medidas, el incremento detectado en el gasto corriente, la subida del gasto asociado a transferencias sociales y la decisión del Ejecutivo de volver a vincular la subida de las pensiones a la evolución del IPC, que tendrán, advierten los técnicos de la Comisión, consecuencias a medio plazo sobre las finanzas públicas españolas. Ante esta situación, los funcionarios de Bruselas advierten a España de que activarán una vigilancia estrecha sobre el impacto de estas medidas sobre el balance presupuestario de las Administraciones Públicas españolas, sobre cuya evolución son bastante más pesimistas que el Gobierno.
Mientras las previsiones oficiales apuntan a un déficit público del 11,3% del PIB que caería al 7,7% el año que viene a horcajadas de una poderosa recuperación económica - que todavía ningún instituto de análisis de económico ha avalado - y de la retirada gradual a lo largo de 2021 de las medidas de apoyo a trabajadores y empresas de los escudos social y económico habilitados por el Gobierno durante la crisis, el panorama que dibuja Bruselas es bastante más sombrío. No solo porque espera que el déficit se vaya este año hasta el 12,2% sino por que augura que su reducción será mucho menos briosa que la prevista por el equipo de María Jesús Montero y seguirá por encima del 9% no sólo en 2021 sino también en 2022.
Bruselas desconfía también de la cuenta de gastos que está realizando el Gobierno de España de su respuesta a la Covid. Los funcionarios de la Comisión Europea sospechan que la factura de 60.000 millones de euros (5,5% del PIB) que el Gobierno de España atribuye a las medidas específicas de respuesta contra el impacto de la crisis pandémica está inflada en unos 15.000 millones de euros, que se corresponden más con la operativa de los llamados estabilizadores automáticos - subida en la nómina del paro, por ejemplo- y que no desaparecerán automáticamente cuando el Gobierno retire los mecanismos de protección puestos en marcha sino que permanecerán lastrando el balance público algunos meses más...
Las reglas fiscales continúan vigentes
La Comisión Europea aprovecha el informe para reiterar que la suspensión temporal de las reglas fiscales activada en los primeros compases de la pandemia permite a los países exceder temporalmente los límites establecidos en la norma, "pero no suspende el procedimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento". En otras palabras, que cuando este lapso temporal finalice a los países se les va a exigir los mismos límites antes vigentes - salvo reforma previa, algo que también está en debate -: un déficit máximo del 3% del PIB y un tope de deuda pública del 60% del PIB. La previsión de Bruselas es que allá por 2022, cuando muchos sitúan la salida de la crisis, España tenga un déficit de en torno al 9% y una deuda del 120%.
El informe recomienda que en tanto eso no suceda los países miembros, incluida España, debe continuar proporcionando soporte financiero a sus economías pero eso sí de una forma selectiva y temporal, de forma que no se comprometa la sostenibilidad futura de las cuentas públicas.
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