Pedro Sánchez sorprendía en la mañana de este lunes anunciando la disolución de las Cortes y convocando elecciones generales para el próximo 23 de julio, después de una noche electoral desoladora para el PSOE, que solo conservará los gobiernos autonómicos de Castilla La-Mancha, Asturias y en función de los pactos, Navarra y Canarias. El presidente del Gobierno confirmaba que ya se había reunido con el Rey Felipe VI para comunicarle la noticia y en la tarde de este lunes, un Consejo de Ministros extraordinario hizo oficial la decisión. El Gobierno decidió no dar la rueda de prensa habitual tras el encuentro, ni tampoco se reunirá este martes. El Ejecutivo ha optado por resguardarse para comenzar a preparar una campaña electoral que buscarán centrar en la gestión económica de nuevo, aunque esperan poder sacar partido del miedo a que la formación de ultraderecha acceda a la Moncloa.
La economía es la clara apuesta del PSOE, grupo mayoritario en el Consejo de Ministros, que capitanea los ministerios de Asuntos Económicos, Hacienda, Seguridad Social y Transición Ecológica. La cúpula del partido confía en que la contención de la inflación, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de las pensiones -contributivas y no contributivas- y la caída del número de personas desempleadas van a propiciar un voto favorable a revalidar el gobierno de coalición. Y precisamente este será el principal reto que deben afrontar Moncloa y Ferraz en los menos de dos meses restantes hasta la nueva cita electoral, conseguir movilizar a un votante que decida mirando el bolsillo y no en función de los marcos que imponga la izquierda, como han sido los pactos con EH Bildu en las elecciones municipales y autonómicas.
El Gobierno buscó implementar esta misma estrategia de lucir gestión económica en la campaña del 28M, en la que Sánchez ha tenido un papel protagonista, capitaneando una gran consecución de anuncios, que en su mayoría tenían forma de ayudas directas a ciertos grupos de población, como los jóvenes o los mayores de 65 años. El PP estaba determinado a enfocar estas elecciones como una primera vuelta de las generales, un plebiscito al gobierno de coalición y muchos entienden que desde Moncloa también se compró este relato, aupados por el respaldo ofrecido por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de España, que habían mejorado las previsiones económicas para España y aprobado las cuentas del Ejecutivo.
Sin embargo, los buenos datos económicos no han surtido el efecto esperado. El PSOE ha perdido los ayuntamientos de Barcelona y Valencia, quedado en tercera posición en Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso se ha hecho con la mayoría absoluta. Mientras que los barones territoriales de Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana -algunos de ellos especialmente críticos con el líder socialista- han perdido la llave del gobierno frente al PP. No obstante, en la mayoría de estos territorios el partido de centroderecha necesitará el apoyo o incluso los acuerdos de gobierno con Vox, algo que los socialistas esperan que movilice a sus votantes más descontentos, ante la amenaza de que algún integrante de este partido ocupe una cartera del Gobierno central.
Negociación contrarreloj entre Podemos y Sumar
El presidente del Gobierno ha dado un rápido golpe de efecto ante la pérdida de peso territorial de su formación, sin embargo, este giro ha pillado por sorpresa al ala izquierda de la Moncloa, que había puesto en pausa las conversaciones sobre la posible integración o no de Unidas Podemos en Sumar, la plataforma liderada por Yolanda Díaz. Estas fuerzas políticas tienen un plazo máximo de diez días para cerrar un acuerdo, ya que este es el plazo fijado por la ley electoral para comunicar a la Junta Electoral Central si concurren en coalición o no. A lo largo del día, tanto la ministra de Trabajo y Economía Social como la de Derechos Sociales y Agenda 2030 han manifestado que ya habían comenzado a trabajar por la unidad.
La formación morada también ha perdido fuerza en la última votación, al quedarse sin representación en plazas como Madrid o Valencia -tanto en la asamblea legislativa como en el parlamento municipal-, mientras que Ada Colau, con su marca Barcelona en Comú, es la única que tiene opciones de mantenerse en el gobierno municipal. Una candidata que se ha decantado por el liderazgo de Yolanda Díaz, frente a las apuestas por Ione Belarra o Irene Montero. En contraposición, Más Madrid ha reforzado su posición en la Comunidad de Madrid, aunque pierde representantes en el Ayuntamiento, al igual que Compromís que pierde un edil en Valencia, dos de las fuerzas políticas integradas en Sumar. El entorno de Díaz ha asegurado este lunes que las conversaciones ya están muy avanzadas, algo fundamental, dado que deben llegar a un acuerdo en un periodo récord.
La representación que consigan estas formaciones en el Congreso de los Diputados será clave para que exista la posibilidad de reeditar el Ejecutivo, dado que la marca de Sumar englobará a algunas formaciones como Más País, Compromís o En Comú Podem, quienes han sido fundamentales para la aprobación de los diferentes proyectos y proposiciones de ley. Así como las fuerzas soberanistas progresistas, EH Bildu y ERC, claves para sacar adelante la reforma de las pensiones y la Ley de Vivienda, la que ha terminado por ser la última norma de la legislatura. El actual sistema político, en el que el ciclo iniciado en el 15 ha terminado por dar lugar al 'bibloquismo', hace que el reparto entre la tercera y cuarta fuerza sea lo determinante. Es decir, las esperanzas de Sánchez pasan por conseguir que su partido y las fuerzas a su izquierda sumen más que PP y Vox.
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