Jueves, 20.06.2019 - 05:31 h
Los retos del nuevo presidente del Gobierno

Sánchez se guarda la baza del FLA para gobernar la normalización en Cataluña

El PSOE confirma que no revertirá la intervención de las cuentas de la Generalitat, que condiciona su financiación al control estricto de lo que gasta

Quim Torra, presidente de la Generalitat.
El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez no atenderá la exigencia del president catalán, Quim Torra, de retirar el control estatal del gasto de la Generalitat / EFE

"Se mantendrá la aplicación de lo previsto en este acuerdo hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general en la Comunidad Autónoma de Cataluña o sea necesario para garantizar la prestación de los servicios públicos en la comunidad autónoma". La condicionalidad fijada el pasado mes de septiembre por Cristóbal Montoro para levantar las estrictas medidas de control de gasto impuestas a la Generalitat de Cataluña para evitar el desvío de fondos hacia "actividades contrarias a la ley" aún no se cumple a juicio del nuevo Gobierno socialista que este lunes, por boca del secretario de Organización del PSOE y hombre de confianza de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, se ha encargado de dejar claro que no revertirá - al menos de entrada - la intervención de las cuentas de la Generalitat. 

La aclaración no es irrelevante, ya que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su conseller de Economía, Pere Aragonés, habían dejado caer este fin de semana que las medidas de control financiero aplicadas antes de la entrada en vigor del artículo 155 decaerían este lunes coincidiendo con la llegada de Sánchez a La Moncloa. No será así. 

El Acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del pasado 15 de septiembre, en virtud del cual el Gobierno del Estado asumía el control total, entre otras cosas, del pago de las nóminas de los funcionarios de la Generalitat y de todos los gastos - hasta los menos relevantes- asociados a la ejecución de las políticas de Educación, Sanidad y Servicios Sociales, es decir, lo que se conoce como prestaciones sociales básicas, continuará en vigor en tanto el nuevo Ejecutivo no estime que la situación se ha normalizado.

El asunto no sólo tiene una indudable trascendencia operativa, ya que pone en manos del Estado a todos los efectos las llaves de la caja de la Generalitat, de forma que ésta no puede aprobar ni un solo pago ni operación financiera si la Hacienda Pública no da su visto bueno previo a la operación, sino también un tremendo fondo político, ya que pone en manos del Gobierno de Pedro Sánchez una poderoso arma de negociación con el nuevo Ejecutivo de Quim Torra.

La orden activada en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy vincula de forma directa la financiación a Cataluña a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) al respeto del Govern de la Generalitat a las disposiciones previstas en la misma. Hay que recordar que Cataluña recibirá este mismo año 2018 cerca de 10.000 millones de euros de financiación por este cauce y que éstos son absolutamente necesarios para que la Administración catalana atienda los compromisos con sus acreedores derivados de sus operaciones de endeudamiento.

De otro modo, el esquema de control ideado por el Gobierno del PP expone a la Generalitat a perder la financiación barata del FLA si no permite al Estado revisar factura a factura todos los gastos en que incurre el Govern para evitar que se destinan a cuestiones ajenas al actual marco jurídico. Una herramienta de control poderosísima y una baza política de primer orden para 'engrasar' el diálogo que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene la intención de abrir con el Govern de Quim Torra. 

Otro desafío para el nuevo equipo económico de Sánchez

La gestión de la reversión del control financiero del Gobierno de España sobre las cuentas de la Generalitat será uno de los principales desafíos que deberá afrontar el nuevo equipo económico de Pedro Sánchez. Al haberse habilitado la parte mollar del esquema de control de los gastos del Govern catalán a través de una orden ministerial no es necesaria ninguna tramitación parlamentaria para arbitrar su suspensión, simplemente basta con la decisión del Ejecutivo.

Una decisión política, pues, para afrontar el principal problema político que deberá solventar Pedro Sánchez en los meses que separan su entrada en La Moncloa de las próximas elecciones generales.

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