Pedro Sánchez renuncia ahora a publicar quiénes son las 30.000 personas que en 2012 se acogieron a la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno del PP. Los socialistas no incluirán en el programa electoral del 28 de abril la que en 2016 fue una de sus grandes apuestas en materia de lucha contra el fraude fiscal y la evasión, según confirman a La Información fuentes del PSOE. En aquellos comicios Ferraz se manifestó en términos muy duros contra los "defraudadores" que se vieron beneficiados de esta medida de gracia que puso en marcha Cristóbal Montoro. Pero los tiempos han cambiado y ahora esa amnistía ha sido 'olvidada' por Sánchez y su equipo.
"La amnistía de la vergüenza y de Mariano Rajoy", como llamó el propio Sánchez a esa decisión excepcional, ha generado un debate en el seno del socialismo. En el equipo económico del sanchismo sigue habiendo partidarios de introducir cambios del artículo 95 de la Ley General Tributaria que permitan conocer el nombre de los acogidos a la amnistía fiscal. Pero también hay pesos pesados de ese gabinete económico que no están a favor de ello, empezando por la ministra de Hacienda y responsable del programa en su parte de cifras, María Jesús Montero, que nada más llegar al cargo renunció a difundir las identidades de los que el propio PSOE llamaba "defraudadores" en otro tiempo.
Entre quienes se oponen a dar a conocer el listado de la amnistía fiscal se encuentra también Pedro Saura, según las mismas fuentes socialistas. El secretario de Estado de Infraestructuras con José Luis Ábalos volverá al Congreso en la próxima legislatura para convertirse de nuevo en 'peso pesado' del equipo económico del PSOE en el Parlamento. El murciano fue, de hecho, uno de los dirigentes que se opuso a publicar la lista y que aceptó, en nombre de Ferraz, que se denegara el secreto fiscal para difundir la lista de morosos con Hacienda.
Los socialistas, por tanto, no llevan en su proyecto para los próximos cuatro años levantar el secreto fiscal para una amnistía que consiguió aflorar 225.507 bienes o derechos y que supuso una recaudación adicional para Hacienda de 1.191 millones gracias a la famosa Declaración Tributaria Especial (DTE), el modelo 750. Solo se conocen algunos beneficiados debido a filtraciones periodísticas: los Pujol, Rato, los Franco, Diego Torres, el exsocio de Urdangarín...
Fuentes cercanas a Hacienda añaden que publicar los nombres de los 30.000 amnistiados fiscales tendría, además, un dudoso encaje constitucional. Se vulneraría el principio de seguridad jurídica, que garantiza el carácter confidencial de los datos en ella incluidos. El Gobierno asume, por tanto, que no puede levantar sin más el velo de la información tributaria, de ahí que hayan descartado defender esta bandera en la campaña electoral. Solo Unidas Podemos es partidario en este momento de difundir estas identidades, aunque fuentes de la formación se remiten a la presentación de su programa a lo largo de esta semana.
En el Partido Popular, por su parte, aplauden la decisión de Sánchez de rectificar esas posturas extremas que mantuvo en el pasado. Fuentes del anterior equipo de Hacienda recuerdan que "el afloramiento de los bienes fue clave para la recuperación económica". "Ese dinero se mueve y se invierte, por lo que genera riqueza", afirman desde en entorno del antiguo ministro Cristóbal Montoro. La amnistía, asimismo, sirvió para que la Agencia Tributaria disponga de información detallada y ordenada de decenas de miles de contribuyentes que antes no tenía.
Entre los populares recuerdan las cifras que trajo aparejadas la amnistía. Se remiten a la Estrategia de Política Fiscal, un documento que el anterior Gobierno sí publicaba y que este Ejecutivo ha dejado de difundir públicamente. En el último informe se repasaba que el modelo 720 (Declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero) consiguió aflorar un patrimonio de 140.916 millones de euros, lo que supuso un saldo vivo de 96.878 millones de euros desde 2012.
Hay que recordar que el Tribunal Constitucional anuló la amnistía fiscal del PP al considerar que el Gobierno favoreció "la conducta de quienes incumplieron su deber de tributar". Esa decisión del alto tribunal, impulsada por el PSOE, provocó que el Congreso reprobara al ministro Montoro, pero los evasores respiraron tranquilos ya que en el mismo fallo se recogía que las declaraciones tributarias no podían ser revisadas a posteriori. Ese día Pedro Sánchez afirmó que el Ejecutivo popular debía "asumir responsabilidades". Lo que sí llevarán en su programa los socialistas será garantizar que no se aprobarán futuras amnistías fiscales.
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