El PSOE que se presenta a las elecciones de 2019 tiene poco que ver con el que concurrió a los comicios de 2016. Al menos en lo que a las propuestas para las empresas del Ibex 35 se refiere. El candidato a la presidencia del Gobierno es el mismo -Pedro Sánchez- pero los programas son muy diferentes. Así, lo que hace tres años era un documento repleto de ataques a las grandes compañías ha cambiado y en el del 28 de abril no hay ninguna referencia comprometida hacia las mismas. La paz ha llegado, por tanto, tras los algo más de nueve meses de Gobierno.
Sánchez ha rectificado y ha dejado fuera de su programa electoral esa ofensiva contra el Ibex que le llevó a plantear en sus Presupuestos alternativos de 2018 un impuesto a la banca, que hoy ha sido olvidado. Ahora, el líder de los socialistas se codea con los grandes empresarios en Moncloa o en actos preparados 'ac hoc', como el de los cien días de Gobierno. Y eso agrada entre un establishment empresarial que ve con buenos ojos esta moderación del PSOE.
Solo tres años atrás, en el programa con el que el mismo PSOE se presentó al 26-J, la posición de los socialistas con las grandes empresas era netamente radical. En ese proyecto se podían leer afirmaciones como esta: "Nuestro tejido empresarial es demasiado desigual: hay un conjunto de grandes empresas con proyección internacional en sectores como banca, telecomunicaciones, energía y obra pública, que tienen mucha influencia en la vida económica del país; el resto es sobre todo empresa muy pequeña que produce poco valor añadido y que es muy sensible al ciclo económico, lo que explica en buena medida que la tasa de paro aumente tanto en los periodos recesivos frente a otros países de nuestro entorno".
El de 2016 fue un programa económico coordinado por Jordi Sevilla. Sobre los bancos, la conclusión del documento redactado por el hoy presidente de Red Eléctrica era que había que crear un "Banco Público de Inversiones que facilite el emprendimiento y los proyectos de expansión empresarial de las pequeñas empresas". Otra promesa electoral que iba dirigida directamente a la línea de flotación de las entidades financieras pasaba por "reforzar como Banco Público el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como instrumento de financiación de empresas y autónomos".
Las eléctricas eran otros enemigos del PSOE de esos años. Así, el mismo Sánchez planteaba en su programa "desplazar el centro de gravedad del sector eléctrico desde las grandes empresas suministradoras hacia los consumidores, que asumirán un papel mucho más activo tanto en la gestión de su consumo como en la generación de su energía". Es decir, planteaba potenciar el autoconsumo y la apuesta por "la electricidad limpia", algo que se ha potenciado este año pero desde otro punto de vista.
Los socialistas pretendían también fijar en 2016 una serie de obligaciones para las empresas cotizadas: reforzar el papel de la junta de accionistas ante decisiones relevantes de la empresa; fomentar la participación de los trabajadores en la gestión, incorporando una representación de los mismos en el consejo de administración; limitar las participaciones cruzadas entre grandes empresas; restringir el número de reelecciones posibles en los mandatos de los consejeros independientes; fijar una cuota mínima de un 40% de presencia de mujeres en los consejos de administración y revisar la remuneración de los altos directivos y consejeros.
Eran otros tiempos y el PSOE pretendía hace apenas tres años poner coto a los sueldos en las grandes empresas. Para ello planteaba modificar la regulación del Impuesto de Sociedades de modo que los gastos de personal sólo sean deducibles hasta un máximo por trabajador. También pretendía reformar la Ley de Sociedades de Capital para incluir la aprobación de las retribuciones de altos directivos y miembros del Consejo de Administración por la junta de accionistas, como punto independiente del orden del día, en votaciones individuales y con participación de los accionistas minoritarios; así como aprobar medidas fiscales y de transparencia sobre las retribuciones variables desproporcionadas en los salarios de los directivos y acabar con los blindajes de los altos ejecutivos.
Los socialistas no se quedaban ahí y prometían también establecer la obligación de publicar en las cuentas anuales de la empresa el nivel de dispersión salarial. Es decir, la diferencia entre la remuneración percibida por el primer ejecutivo, el salario mediano, el salario medio y el más bajo de la empresa.
La opinión sobre las llamadas 'puertas giratorias' también ha evolucionado en Sánchez. En 2016 planteaba fijar un periodo de incompatibilidad de cinco años para quienes pretendan incorporarse 'ex novo' a empresas del sector sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión. En el programa de este 2019 propone algo menos concreto: "Regular de manera más efectiva los conflictos de intereses ante el fenómeno de las puertas giratorias, fijando con precisión las condiciones de incompatibilidad para las personas interesadas y endureciendo las sanciones por su incumplimiento".
Grandes cambios, en definitiva, en apenas tres años y con una moción de censura ganada de por medio. Lo que antes era una especie de inquina hacia el Ibex ("una economía más democrática e inclusiva debe asegurar la participación de los consumidores, garantizando elevados índices de protección de los mismos frente a los abusos de las grandes empresas") ha tornado en indiferencia y en este proyecto solo hay una mención hacia estas compañías: "Reforzar la progresividad del sistema fiscal en línea con los países de nuestro entorno, convergiendo paulatinamente hacia el promedio de recaudación de la Unión Europea, incrementando la aportación de las grandes empresas". Nada más.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios