La presión ejercida por los empresarios ha podido con las pretensiones de Pedro Sánchez de derogar el núcleo central de la reforma laboral de Mariano Rajoy y Fátima Báñez: la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa (artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores). Lo que en su día fue un ambicioso anuncio para contentar a los sindicatos ha sido rebajado de forma notable y se va a quedar finalmente en retoques puntuales. Según el proyecto de 'contrareforma laboral' que ultima el Gobierno, no todas las empresas tendrán que dar prioridad a la hora de aplicar el convenio del sector. Y es que el propio presidente del Gobierno ha reconocido que poner en marcha sus planes iniciales podría afectar negativamente a la creación de empleo.
Sánchez cumplirá solo en parte su promesa de acabar con la reforma laboral que tanto criticó durante su etapa en la oposición. Así, según explican a La Información fuentes cercanas a La Moncloa, el real decreto que prepara el Gobierno hará prevalecer la negociación sectorial sobre la de empresa pero, a su vez, contendrá una serie de excepciones a la norma general. La reforma prevé llevarse a Consejo de Ministros a corto plazo en una decisión que está siendo capitaneada desde Presidencia.
¿Quién no tendrá que aplicar, por tanto, como convenio de referencia el sectorial? A las empresas que todavía no hayan salido de la crisis y declaren números rojos no les será de obligado cumplimiento la nueva normativa laboral que prevé aprobar el Ejecutivo. Así se lo confesó el propio Sánchez a un selecto grupo de empresarios del Ibex e inversores que se reunieron con él en La Moncloa el pasado martes. De esta forma, según les adelantó en privado, solo se verán obligadas a aplicar el convenio de sector aquellas compañías que registren beneficios. Según cálculos de CEOE, en torno al 45% de las pymes todavía declaran pérdidas a día de hoy.
El Gobierno socialista busca con esta decisión salomónica contentar tanto a sindicatos como a patronal. Las centrales UGT y CCOO presionan con insistencia para acabar de una vez con la reforma laboral del PP, pero Moncloa y Trabajo no quieren que la decisión que se tome frene la creación de empleo. Desde CEOE ya han advertido que exigir a determinadas empresas de tamaño medio un sueldo obligatorio podría tener, efectivamente, incidencias negativas y destruir puestos de trabajo, más si cabe tras la entrada en vigor del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros el pasado 1 de enero.
El propio Sánchez, según afirman las mismas fuentes, reconoció a esos empresarios que su objetivo es que España siga creando empleo al ritmo que lo está haciendo (en los Presupuestos se calcula dejar la tasa de paro en el 14% en diciembre) y que una aplicación severa de la 'contrarreforma laboral'podría poner trabas. El mensaje que transmite Moncloa es que si ponen en marcha retoques importantes en la normativa algunos sectores empresariales podrían resentirse. La decisión del Ejecutivo, por tanto, no será tan ambiciosa como el hoy presidente prometió ni como ansían los sindicatos.
Además del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, otra reforma que está ultimando el Gobierno socialista afecta al artículo 42, aquel que regula la subcontratación de obras y servicios. Las fuentes consultadas indican que el debate continúa abierto entre Ejecutivo, sindicatos y patronal. Así, mientras UGT y CCOO reclaman acabar con la externalización, los empresarios están intentando hacer ver al Gobierno que este modelo de contratación aporta flexibilidad. La CEOE se muestra partidaria de mejorar los salarios pero pide al Gobierno también avances en competitividad, especialmente tras la reforma fiscal que les afectará de lleno por la subida de impuestos a las empresas.
El presidente toma la iniciativa
El desacuerdo en estos aspectos clave de la legislación laboral es tal que, a mediados de diciembre del año pasado, la falta de consenso en la negociación tripartita amenazó con romper el diálogo social. Desde CCOO llegaron a anunciar un preacuerdo con el Gobierno para derogar parte de la reforma laboral de 2012 sin contar con la patronal. El Ministerio de Trabajo se apresuró a aclarar, por su parte, que el diálogo seguía abierto y anunció la creación de una mesa de trabajo específica para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que ya está funcionando desde este mes de enero.
Fuentes cercanas a la ministra Magdalena Valerio insisten en que "se sigue trabajando" para ejecutar esa 'mini reforma' laboral y se están impulsando algunos aspectos por la vía parlamentaria, como los cambios en el artículo 42 del ET. Sin embargo, ante los escasos avances, el propio Sánchez ha tomado la iniciativa de mediar entre empresarios y sindicatos para desatascar las negociaciones. El presidente renuncia así a aplicar de forma global el proyecto estrella que promovió durante su etapa en la oposición y que fue una de sus principales banderas durante el proceso de primarias que ganó a Susana Díaz.
El jefe del Ejecutivo cumpliría, de esta forma, con algunas de las demandas de los empresarios, a la vez que contentaría a un flanco sindical que ya ha anunciado movilizaciones si no se complacen sus exigencias. Fuentes sindicales conocedoras de las negociaciones reconocen que esta medida "está sonando" en algunas reuniones de trabajo, pero indican que, de momento, "no consta una propuesta oficial" en este sentido e insisten en la necesidad de acelerar el calendario para ver, al fin, hacerse realidad sus aspiraciones de retornar al marco laboral anterior a 2012.
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