Garantizar "una política de rentas progresista" para "acabar con la brecha salarial y todas las formas de discriminación", ésa era la principal referencia -más allá del Salario Mínimo- a la política salarial que se encontraba en el documento 'España Avanza', ese inventario de iniciativas lanzado por el Partido Socialista hace unas semanas a modo de 'hoja de ruta' para la constitución de un gobierno de cooperación de cara a la aún incierta próxima legislatura.
El discurso de casi dos horas de Pedro Sánchez como aspirante del PSOE a la investidura como presidente del Gobierno ha servido para dar más pistas sobre qué es eso de "una política de rentas progresista". Sánchez ha recuperado para la ocasión una vieja idea introducida por el equipo económico liderado por Manuel Escudero en el programa electoral del PSOE para las elecciones generales de 2016: la promoción de un 'Pacto de Rentas' que garantice que las empresas aplican una subida salarial media del 3% a los trabajadores de sus plantillas a lo largo de la legislatura.
El objetivo político que se mencionaba entonces era recuperar el peso de los salarios en la Renta Nacional, que antes de la crisis rondaba el 51% y que desde entonces ha caído hasta el 47%, lo que dicho así no parece mucho pero que implica que cerca de 50.000 millones de euros en salarios han desaparecido de la Renta Nacional de España.
En el PSOE sospechan que detrás de este fenómeno, además del evidente efecto de que haya un millón de personas menos trabajando que entonces, hay una apropiación de beneficios por parte de las empresas. Así se sugiere en el documento 'España Avanza': "Nuestro empeño es que su competitividad (la de las empresas) no descanse en ningún caso en salarios bajos ni empleos precarios sino en el enorme potencial existente para la mejora de su productividad".
La palanca del Salario Mínimo
El asunto es que el Gobierno, en principio, no dispone de herramienta alguna para obligar a las empresas a asumir una subida salarial de esa naturaleza. De hecho, la propuesta socialista señalaba en su día que "una posible senda para conseguirlo es que se fijen los incrementos salariales en los acuerdos anuales" entre empresarios y sindicatos, de modo que se establezca una horquilla para el conjunto de la legislatura de subidas de entre el 2,5% y el 3,5%. Algo, por cierto, que ya está sucediendo en realidad sin necesidad de mediación gubernamental alguna, ya que los nuevos convenios colectivos acordados en el ámbito empresarial ya plantean una subida media del 3,4%.
Otra posible vía para lograrlo, o para 'impulsarlo' al menos, es el Salario Mínimo Interprofesional, cuya evolución sí está en manos del Gobierno. Desde el ámbito empresarial, que cada vez menos oculta su temor a que Sánchez utilice el SMI para 'forzar' incrementos en las tablas salariales de los convenios, advierten de que llevar esa referencia hasta el entorno del 60% del salario medio como se plantea en el documento de gobierno alcanzaría a dos de cada tres convenios colectivos y forzaría una revisión 'en frío' de buena parte de las actuales tablas salariales de los convenios colectivos, ya que alcanzaría al tramo más bajo de la escala salarial. Se trataría de una revisión al alza de los sueldos de cientos de miles de trabajadores.
A día de hoy está vigente el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva para el periodo 2018-2020 que recomienda una subida salarial fija del 2% y una parte variable de un punto que puede llevar esos incrementos anuales hasta el 3%. En los próximos meses, empresarios y sindicatos volverán a sentarse para negociar el nuevo marco salarial y no parece que el Gobierno quiera permanecer al margen de esa negociación.
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