"Este Gobierno priorizará el interés general al interés particular". Con esas palabras la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dejaba claro el domingo durante su intervención para explicar la paralización casi total de toda la actividad productiva del país que el Ejecutivo no va a ceder a las presiones en la lucha contra el coronavirus. Las llamadas se están produciendo sobre todo desde el ámbito empresarial, que ha trasladado a la Vicepresidencia económica su petición para que se suspendan las cargas tributarias en un momento en que las empresas están encadenadas a sus plantillas y en muchos casos abocadas a la quiebra. No tienen ingresos, no pueden despedir y deben seguir haciendo frente al pago de impuestos y soportando todos los costes laborales en los casos en los que no hayan tenido que optar por ajustes temporales de plantilla.
Pero el Gobierno no pretende ceder en una suspensión tributaria. Desde el Ministerio de Hacienda descartan cualquier tipo de medida dirigida a 'perdonar' determinados tributos. En este sentido, recuerdan que el Ejecutivo ya ha dado luz verde al aplazamiento de las deudas tributarias para pymes y autónomos, con un máximo de 30.000 euros y por un periodo de seis meses, los tres primeros sin intereses, así como al primer tramo de la línea de avales por importe de 20.000 millones de euros para garantizar liquidez a las empresas, de manera que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. El consejo de ministros sí estudiará este martes una moratoria parcial de cotizaciones de autónomos y pymes, pero en ningún caso suspensión. La medida, además, no afectaría a grandes empresas.
En el seno de la patronal se han tenido muchas discusiones al respecto del plan de choque económico desplegado por el Gobierno para afrontar esta crisis sanitaria. Determinadas organizaciones sectoriales y territoriales han criticado la "tibieza" de Antonio Garamendi frente a lo que consideran "ataques directos a la línea de flotación de las empresas". Pero tras la paralización de las actividades no esenciales, el presidente de la CEOE ha elevado el tono en declaraciones públicas, reprochando al Gobierno su "precipitación" en la medida, mientras en privado ha pedido la suspensión de las cargas tributarias y de las cotizaciones sociales, según informan fuentes conocedoras de estas conversaciones que se han mantenido con el área de Nadia Calviño.
Fuentes oficiales de la organización empresarial explican que la CEOE ha solicitado la suspensión de los impuestos desde el principio de esta crisis, si bien los comunicados que se han ido publicando han ido poniendo el foco en lo que se consideraba esencial en cada momento, empezando por la petición de avales públicos. Lo cierto es que el propio Garamendi comentaba en una entrevista en 'El Mundo' el pasado viernes -antes, por tanto, del cerrojazo casi total a la actividad- que las medidas aprobadas para dotar de oxígeno a las empresas eran suficientes y descartaba exigir al Gobierno la suspensión del pago de impuestos.
"Sería siempre aplazar, pero no exonerar, porque el Estado tiene que funcionar. Si no funciona el Estado, nos caemos todos", comentaba el empresario vasco. Fuentes de su entorno aclaran que lo que se ha trasladado al Ejecutivo, vía vicepresidencia económica, es la necesidad de la suspensión y/o aplazamiento de las cargas tributarias y cotizaciones sociales. En esa misma línea la patronal de las pymes (Cepyme) o las catalanas Foment del Treball y la madrileña CEIM han ido un paso más y ya han exigido la suspensión de las declaraciones y liquidaciones tributarias y de las cuotas a la Seguridad Social como medida extraordinaria y temporal para evitar el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo.
El calendario corre
La primera cita marcada en rojo en el calendario de muchas empresas era este 30 de marzo, cuando finalizaba el plazo para la declaración del IVA de febrero. Después, el próximo 30 de abril, se cumplirá el periodo para las declaraciones trimestrales de IVA, IRPF o Impuesto de Sociedades. En la web de la Agencia Tributaria aparecen los plazos y las obligaciones respecto al pago de estos impuestos, sobre los que no hay ninguna novedad. "Facilitaremos de todas las formas posibles el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales a través de soportes telemáticos para evitar que haya desplazamientos", dijo este domingo la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda María Jesús Montero.
Las asociaciones tributarias piden el aplazamiento
Diversas asociaciones tributarias y colegios profesionales integrantes del Foro Profesional Tributario han pedido al Gobierno un mayor plazo para la presentación de impuestos. En una carta remitida a la ministra de Hacienda señalan que en estos momentos no es posible recibir a los clientes en los despachos y que con los centros de trabajo cerrados es "tremendamente complicado" obtener la documentación para la preparación de las declaraciones trimestrales. "Sabemos que ahora más que nunca hay que contribuir con el erario público, no se está planteando ninguna exención ni rebaja fiscal, solamente, y apelando a la empatía del Gobierno, y para no crear más estrés del que estamos viviendo, reiteramos la petición de interrupción o un mayor plazo para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias y aduaneras, hasta que la situación se normalice", reza la misiva.
Fuentes de la patronal adelantan a La Información que CEOE y Cepyme están trabajando de manera conjunta en un documento que harán público en las próximas horas y que pondrá negro sobre blanco las reclamaciones que se hacen al Gobierno en esta nueva situación de parón económico sin precedentes. Este documento "va a partir de la suspensión de impuestos y va a plantear medidas similares a las que se han adoptado en el resto de países de la Unión Europea, sobre todo ante la mayor paralización de la actividad impuesta en España", adelantan las fuentes consultadas.
Por su parte, los trabajadores autónomos, en una iniciativa liderada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) están pidiendo a Pedro Sánchez la suspensión de las cuotas de marzo, abril y mayo y de "todos los trámites impositivos y obligaciones tributarias del primer trimestre que hay que presentar en abril y aplazar su presentación al mes de julio". También solicitan la reducción del umbral de pérdidas en el último semestre que establece la prestación de cese de actividad por causas económicas desde el 75% hasta el 30%. El Ejecutivo estudia algún tipo de moratoria para las cotizaciones de los autónomos, pero en ningún caso suspensión de sus obligaciones tributarias.
Desde las organizaciones empresariales también reclaman al Gobierno que elimine la obligatoriedad de mantener el empleo durante un plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad porque, según están percibiendo ya en numerosos sectores, va a ser muy complicado afrontar la recuperación con esta exigencia. Estas y otras cuestiones están ahora en discusión en la patronal y serán trasladadas al Ejecutivo, que lidia con estas presiones mientras intenta mantener la recaudación tributaria para hacer frente al importante esfuerzo de gasto público en coberturas a los colectivos más vulnerables y también en prestaciones por desempleo y en exoneraciones de cotizaciones a las empresas que han optado por los expedientes de regulación de empleo temporales.
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