El Gobierno no dejará que termine el año sin acometer antes una revisión, aunque sea limitada, de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en el año 2012. Según fuentes de la negociación, el Ejecutivo ha intensificado los contactos con empresarios y sindicatos en las últimas semanas con el objetivo de aprobar este mismo año 2018 un decreto que sustancie la revisión parcial de la reforma laboral y cumpla así con uno de los principales compromisos adquiridos por el gabinete Sánchez en su acuerdo presupuestario con Podemos.
Aunque desde Podemos y otras fuerzas de la izquierda parlamentaria se sigue hablando de derogar la reforma laboral del PP, lo que el Ejecutivo está negociando con sindicatos y CEOE es una actuación mucho más modesta, una suerte de microcirugía regulatoria para remover aquellos aspectos de la reforma más incómodos para los sindicatos, pero que son asumibles por las empresas. El asunto se quiere resolver con acuerdo.
El primer aspecto que se abordará será la ultraactividad de los convenios, un principio que 'forzaba' a las partes a continuar negociando la renovación de los convenios colectivos hasta el fin de sus fuerzas garantizando la vigencia del convenio antiguo en tanto no hubiera uno nuevo y que la reforma laboral del PP desactivó estableciendo un periodo máximo de 12 meses para alcanzar un acuerdo, a partir del cual el convenio antiguo decaería, dejando a los trabajadores sin protección o bajo el paraguas de un convenio superior.
Los sindicatos señalaron este aspecto desde el primer momento como uno de los aspectos más lesivos de la reforma laboral porque entendían que creaba un incentivo muy fuerte para que los negociadores empresariales dejaran morir los convenios que no les convencieran.
CEOE no tiene mayor inconveniente a una modificación de este punto. De hecho, no había pasado ni un año de la reforma laboral del PP y la organización ya había pactado con los sindicatos la posible prórroga de las negociaciones más allá de un año en los casos en que no se alcanzara acuerdo. Según fuentes empresariales, con la perspectiva de seis años no se puede decir que este asunto haya generado más conflictividad.
Que vuelva a mandar el convenio sectorial
Otra de las reivindicaciones sindicales a las que atenderá el Gobierno será la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa con la que acabó la reforma laboral del PP. Lo que se está negociando, según las fuentes consultados, no es un ajuste general sino que se limitará a los salarios. El objetivo es impedir que un convenio de una empresa bajo el paraguas de un convenio de sector pueda establecer libremente una tabla salarial por debajo de la fijada en ese convenio.
El ajuste, y por eso será aceptable para CEOE, no impedirá que las empresas puedan desengancharse de las exigencias salariales del convenio sectorial cuando le vengan mal dadas, pero tendrá que hacerlo a través de los instrumentos que ya existen: las cláusulas de descuelgue.
La idea que el Gobierno ha trasladado a los agentes sociales es que también quiere incluir en ese Decreto otro asunto muy vinculado al anterior, la reforma de la legislación de las subcontratas para evitar que las empresas utilicen este mecanismo para reducir sus costes laborales y no como vía para obtener un servicio especializado cuando lo necesitan.
La nueva regulación obligará a las empresas contratantes y a las subcontratas a aplicar a sus trabajadores la tabla salarial de la empresa principal. ¿El fin? Evitar cualquier tentación de subcontratar servicios para reducir la cuenta de costes laborales.
La medida no solo cuenta con el respaldo sindical sino también de buena parte del tejido empresarial doméstico - especialmente del de menor valor añadido-, que durante la crisis ha visto emerger con fuerza a las llamadas 'empresas multiservicios' que han hecho fortuna ofreciendo servicios baratos a base de pagar el salario mínimo a sus trabajadores.
Los otros dos ejes que se está negociando incluir en el Decreto son el control sobre la contratación temporal y a tiempo parcial fraudulenta - donde encajaría la controvertida idea de establecer de forma obligatoria controles de entrada y salida en las empresas - algo que no comparten éstas - y la habilitación de nuevas soluciones legales que permitan a las empresas en problemas reducir la jornada de sus trabajadores antes de recurrir al socorrido despido barato que amparaba la reforma laboral.
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