Sánchez saca 20 millones de la caja para pagar a cargos y asesores en plena Covid

El Gobierno se ha visto obligado a sacar más de 15 millones de euros de otras partidas presupuestarias y a dotar un suplemento de crédito de 5,5 millones para poder pagar durante el pasado año 2020 las nóminas de la corte de altos cargos y asesores de la 'macroestructura' del Gobierno de coalición de 22 ministerios diseñado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La insólita dimensión del Ejecutivo ha reventado las ya de por sí estrechas costuras de los Presupuestos prorrogados del año 2018 y ha disparado hasta niveles nunca antes vistos la factura para las arcas públicas de los sueldos asociados a la cúpula gubernamental, que alcanzó el pasado año la cifra récord de 130,6 millones de euros, según la información del cierre presupuestario de 2020 proporcionada este lunes por el Ministerio de Hacienda.

La cifra supera holgadamente los 123 millones de euros que costó en 2019 la estructura de los dos primeros gobiernos de Pedro Sánchez y más aún los 108 millones de euros del último Gobierno de Mariano Rajoy en 2017. La ampliación de ministerios y el batallón de nuevos altos cargos y personal de confianza que trae consigo ha disparado el volumen de la cúpula del Gobierno y como consecuencia de ello la cuantía de las nóminas que el presupuesto público se ve obligado a pagar.

Lo que dicen los datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda es que el Gobierno de coalición le ha costado a los españoles siete millones de euros más que el último gobierno socialista y 22 millones de euros más que el último Gobierno Rajoy  y que el 80% de esa factura no se debe a que haya más ministros, secretarios de Estado, directores generales o altos comisionados para una cuestión u otra, sino al batallón de asesores que se han ido incorporando a Moncloa, las cuatro vicepresidencias y los ministerios, supuestamente para aportar su conocimiento especializado en determinadas materias. La Información ya dio cuenta en su día que la situación había llegado a tal punto que los funcionarios del Palacio de la Moncloa habían tenido que habilitar nuevas áreas hasta entonces vacías de la sede gubernamental para hacer sitio a estos cargos de confianza.

Uno de los mejores termómetros para medir hasta qué punto el Gobierno ha ganado tamaño es la evolución de los asesores de confianza, esa controvertida figura de la Administración Pública española que los altos cargos de turno pueden nombrar con total libertad sin tener que convocar proceso de selección alguno, que perciben generosos salarios y cuya identidad y funciones se esconden con celo pese a las recurrentes críticas de las organizaciones representativas de los empleados públicos y los requerimientos de los órganos de Transparencia y Buen Gobierno.

El Gobierno de coalición ha disparado su nómina de asesores de confianza hasta las 730 personas, muy por encima de los 670 que llegó a tener el último Gobierno en solitario de Sánchez y más aún del estándar de la era Rajoy que en su último año completo al frente del Ejecutivo funcionó con un equipo de menos de 600 asesores (599, más en concreto).

La intensiva necesidad de asesoramiento del nuevo Gobierno de coalición ha tenido importantes implicaciones presupuestarias. Entre 2009 y 2017 la partida presupuestaria destinada a pagar las nóminas del personal de asesoramiento al servicio de ministros, secretarios de estado y directores generales se movió entre los 30 y los 40 millones de euros sin llegar nunca a superar esta cifra, que sólo se rebasó a partir de 2018. Desde entonces ha experimentado un fuerte crecimiento que la llevó a 43 millones en el primer año de Sánchez, a 50 millones en el segundo ejercicio del Gobierno socialista y ahora por encima de los 55 millones de euros, un 10% más que hace solo, un año, un 40% más que en el año 2017.

Los Presupuestos de 2018, prorrogados también para el ejercicio de 2020, no estaban preparados para semejante incremento de los gastos de funcionamiento del Gobierno y al Ejecutivo no le ha quedado otra que extraer 10,5 millones de euros de otras partidas presupuestarias para hacer frente a este sobrecoste, y aún así ha tenido que habilitar un suplemento de crédito de cerca de 4,5 millones para poder pagar las nóminas del inventario de asesores del que se ha rodeado el Gobierno de coalición. Alrededor de 15 millones de euros extra para pagar nóminas de altos cargos en el año de la peor pandemia en un siglo, en el que las necesidades de gasto han tensionado las cuentas públicas hasta el límite y el déficit se ha disparado hasta el 10,97% del PIB.

La evolución ha sido menos llamativa en la factura derivado de los salarios de altos cargos. La congelación de los sueldos de los funcionarios públicos en un contexto general de ajustes presupuestarios hizo que durante la era Rajoy ese gasto se mantuviera anclado en el entorno de los 67 millones de euros. A partir de 2018, y también a lomos del acuerdo para subir los sueldos de los funcionarios, ese coste ha sido subiendo progresivamente según lo hacían los sueldos de los funcionarios. Este año 2020, a la subida prevista para los funcionarios se le ha sumado la ampliación del Ejecutivo a 22 ministerios hasta llevar el coste salarial de los altos cargos por encima de los 75 millones.

El Ministerio de Hacienda ha tenido que tirar también de operaciones extraordinarias para que ningún alto cargo se quedara sin cobrar, lo que le ha obligado a sacar 4,4 millones de euros de partidas ajenas y a ampliar en más de un millón los créditos presupuestarios habilitados al efecto para que los responsables del gobierno de coalición cobraran en tiempo y forma.