Sánchez se aferra a la Moncloa y llevará al Congreso sus PGE sin garantías de apoyo

Aunque parezca una incongruencia, una cosa es ser Pedro Sánchez y otra muy distina es ser presidente del Gobierno. El ahora jefe del Ejecutivo tiene una visión muy distinta de lo que es la estabilidad de España de la que tenía cuando era líder del PSOE en la oposición. Entonces, desde la bancada socialista, exigía a Mariano Rajoy elecciones si no lograba aprobar sus Presupuestos. Ahora se aferra a su escaño de presidente e insiste en que presentará las Cuentas a las Cortes antes de acabar el año, a pesar de no contar por el momento con garantías de apoyo suficiente de los grupos parlamentarios.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son el reflejo de la política económica de un Gobierno y, sin ellos, la estabilidad como país queda, cuando menos, en entredicho. No hace tanto –apenas nueve meses– Sánchez amenazaba al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con una cuestión de confianza si no lograba sacar adelante sus cuentas públicas. "Si la pierde, no tendrá excusa para no convocar elecciones", sentenciaba el líder socialista.

Esta mañana, el presidente ha insistido en que su Ejecutivo trabaja para remitir a las Cortes el proyecto de PGE para 2019 "antes de que termine el año". En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el líder del PP, Pablo Casado, le ha preguntado si se presentará a una cuestión de confianza en caso de que no sea capaz de aprobar unas nuevas cuentas, como exigía a Rajoy desde la oposición.

Pero Sánchez le ha replicado que a Rajoy le costó presentar los Presupuestos, que no remitió al Parlamento hasta el mes de abril de 2018, por lo que el actual Gobierno aún tiene "cuatro meses" por delante, según el "cronómetro" del PP, ha ironizado el presidente.

"No sé qué prisa tiene por perder unas elecciones", le ha dicho el presidente a Casado, sobre la posibilidad de un adelanto electoral si no logra sacar adelante el proyecto presupuestario que pactó con Pablo Iglesias. En este sentido, ha vuelto a tenderle la mano para negociar los Presupuestos "desde el diálogo". "Si no hace una oposición útil, con sentido de Estado, lo pagará en las urnas", le ha advertido.

El presidente del PP también ha querido remarcar cómo ahora el Gobierno no descarta prorrogar los Presupuestos vigentes que aprobó Rajoy, cuando en su día se opusieron frontalmente por considerarlos "antisociales".

Casado ha recordado que, en la reunión que mantuvo con Sánchez en La Moncloa el pasado mes de agosto, le propuso tres pactos de Estado, uno en materia de presupuestos, otro para aplicar juntos el 155 en Cataluña con el fin de "poner orden" y un tercero para desbloquear el pacto educativo.

En cambio, le ha reprochado el líder 'popular', Sánchez ha preferido pactar los Presupuestos con Podemos y "subir los impuestos, el déficit y arriesgar el empleo"; ofrecer 1.600 millones más para que Torra financie la construcción de estructuras catalanas de Estado y "cargarse la (educación) concertada".

"Si usted fuera responsable pactaría más con los partidos que defendemos España y menos con aquellos que quieren romperla", le ha afeado Casado, que ha terminado su intervención exigiendo al presidente que convoque elecciones.

Pero en los últimos días el Gobierno ha dejado entrever que ya tiene un Plan B en caso de no lograr el respaldo que necesita de los grupos independentistas en el Congreso para dar luz verde a su "agenda del cambio" y verse obligado a gobernar con la prórroga de los Presupuestos elaborados por el anterior Gobierno del PP. La idea de aprobar determinadas medidas por la vía del decreto legislativo ronda en varios departamentos.

No en vano, el Ejecutivo ya va a remitir al Congreso los anteproyectos de ley para la creación de los impuestos de servicios digitales y transacciones financieras, que están ya en consulta pública y seguirán su tramitación. También se ha adelantado que otras medidas de calado social, como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros, podrían aprobarse por real decreto antes de acabar el año, para su entrada en vigor el 1 de enero de 2019.