La subida de las cotizaciones para sufragar la jubilación del baby boom es solo la punta del iceberg. La agenda reformista del Gobierno de coalición contempla una escalada constante de los costes empresariales durante las próximas tres décadas. El Ejecutivo planea elevar la aportación de las empresas a las arcas públicas, tanto por el lado de los impuestos como por la vía de las cotizaciones sociales, sustento fundamental del sistema de las pensiones. Unos planes que han encendido todas las alarmas entre los empresarios y empresarias del país, que a través de la patronal aspiran a rebajar el previsible impacto que tendrá en sus balances un paquete de medidas de política económica que consideran 'antiempresa'.
La tensión más reciente la ha generado la última propuesta del ministro José Luis Escrivá de elevar la cotización que pagan empresas y trabajadores a la Seguridad Social en medio punto entre los años 2023 y 2032 para generar un colchón que permita sufragar las pensiones de los baby boomers. La patronal ha puesto pie en pared ante un planteamiento que no comparten ni en el fondo ni en la forma en la que ha sido trasladado a la mesa del diálogo social. Los empresarios consideran que la vía para apuntalar el sistema por el lado de los ingresos debe poner el foco en la reducción de la tasa de desempleo y, a su juicio, la mejora del empleo depende de que no se altere la esencia del marco legislativo vigente. De una forma u otra, las reformas laboral y de pensiones están interrelacionadas y así se palpa en la mesa de negociación.
Los empresarios basan su argumento en varios datos. Para empezar, esgrimen que antes de la reforma laboral de 2012 la economía española no era capaz de crear empleo con crecimientos del PIB inferiores al 2%, algo que se ha revertido en los últimos tiempos, como demuestra el hecho de que en plena pandemia se hayan podido crear puestos de trabajo incluso en periodos sin crecimiento económico. En este sentido, consideran un error plantear el saneamiento del sistema de las pensiones desde el punto de vista de cuadrar el escenario financiero cuando, en su opinión, el Gobierno está impulsando una reforma de la legislación laboral que trastocaría la capacidad estructural de crear empleo de la economía española.
La patronal considera que uno de los males endémicos del mercado laboral es la tasa de paro y entre su argumentario defiende que su reducción permitiría una incorporación masiva de trabajadores a la actividad que apuntalaría las maltrechas arcas de la Seguridad Social. En este sentido, un estudio reciente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) sobre competitividad fiscal afirma que si en España se alcanzase una tasa de desempleo similar a la media de la Unión Europea (alrededor del 7%) el incremento de ocupados generaría un aumento de las cotizaciones de unos 14.000 millones de euros. La cifra no es baladí, pues la medida planteada por Escrivá para costear las pensiones del baby boom 'solo' supondría un extra de unos 1.000 millones de euros anuales durante una década.
Pero el alza de medio punto en las cotizaciones sociales para rellenar la 'hucha de las pensiones' no es el único incremento de los costes laborales que tiene en agenda el Gobierno para los próximos años. En el componente 30 del Plan de Recuperación, de 'sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo', el Ejecutivo se ha comprometido con la Comisión Europea a llevar a cabo un incremento progresivo de las bases máximas durante las próximas tres décadas. Aunque esta reforma se aparcó temporalmente en la mesa de diálogo social a petición de la CEOE, donde se llegó a plantear un aumento de 20 puntos porcentuales en 30 años, el compromiso con Bruselas es tenerla aprobada antes de que finalice 2022.
Pero el ciclo alcista de los costes laborales ya se ha iniciado de manera silenciosa. El Gobierno ha introducido en los Presupuestos de 2022 una subida del 1,7% de la base máxima de cotización. Una medida que empujará al alza la factura empresarial -incluida la de los trabajadores autónomos, que también ven incrementadas sus cuotas-, que se incorporó a las cuentas públicas sin ser negociada con las organizaciones patronales, y gracias a la cual el Ejecutivo prevé ingresar 136.345 millones de euros en cotizaciones sociales en 2022, un 9% más de lo recaudado en 2021. Por otro lado, los empresarios están constatando que las cotizaciones están subiendo a consecuencia del impacto de la escalada de la inflación en la base nominal y lógicamente, en los últimos meses, se han venido incrementando con la reincorporación progresiva de los trabajadores de los ERTE.
Pero es que además, tras una fuerte presión de Yolanda Díaz a los socios del PSOE, el Gobierno aprobó en septiembre una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), de 15 euros mensuales, hasta los 965 euros, que se pretende ampliar en 2022 hasta una cuantía aún por definir. Hay que recordar que los aumentos del SMI llevan aparejados incrementos en igual proporción de las bases mínimas de cotización y que este movimiento tiene impacto en las bases medias. Y no se va a quedar ahí, pues en la agenda de la coalición está seguir impulsando el salario mínimo hasta situarlo al final de la legislatura, en 2023, en el 60% del sueldo medio, una proporción que los expertos han situado entre los 1.011 y los 1.049 euros al mes.
En paralelo, el Gobierno quiere implantar un sistema de cotización para los trabajadores autónomos acorde con sus rendimientos netos. La reforma formó parte en un momento dado del material que se negoció en el primer paquete de medidas relativas a las pensiones en la mesa del diálogo social, pero finalmente se paralizó por la presión de las asociaciones de trabajadores autónomos, que criticaron que con los tramos planteados, en muchos casos, tendrían que destinar una parte muy importante de sus ingresos a pagar la cuota. La reforma quedó aparcada pero Escrivá tiene previsto retomarla para su aprobación en el primer semestre de 2022 y su despliegue gradual desde 2023 hasta su implantación total en 2032, tal y como se ha pactado con las autoridades europeas.
Los empresarios sostienen que, mientras la remuneración de los asalariados prácticamente ha recuperado los niveles precrisis, los márgenes empresariales todavía están lejos de reponerse. En este contexto, piden cautela ante la incertidumbre futura y seguridad, certeza y prudencia en las medidas de acompañamiento en la salida de la crisis para que la recuperación no se vea truncada. "Procede evitar medidas tendentes a incrementar la presión de la tributación empresarial y a limitar la capacidad de adaptación de las empresas a los entornos globales y a las demandas que impone la digitalización y la ecologización, que podrían lastrar las decisiones empresariales e inversoras para impulsar la dinamización de la actividad económica y del empleo", clamaba la CEOE en una nota reciente. La patronal maniobra en las mesas de diálogo social para rebajar las intenciones del Gobierno.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios