Sánchez vende el SMI como un acuerdo a la UE y oculta el control de alquileres

En la documentación oficial que el Gobierno de España ha remitido este viernes a Bruselas sobre la hoja de ruta presupuestaria para el próximo año la subida de 15 euros del Salario Mínimo decretada no sin polémica para este año y rechazada de plano por CEOE es fruto del "acuerdo con los agentes sociales", y la no menos controvertida limitación sobre los precios de las viviendas en alquiler en zonas especialmente tensionadas no existe como tal entre los objetivos de la futura Ley de Vivienda sino que se debe intuir tras las fórmulas "regulación de las políticas de vivienda como servicio público de interés general" o "refuerzo del derecho a una vivienda digna a precio asequible". Afeitado de las decisiones de política económica más polémicas de los últimos tiempos, el preceptivo Plan Presupuestario del Reino de España para 2022, con el que tradicionalmente se mantiene al día a la Comisión Europea sobre la orientación de la política presupuestaria doméstica, ni siquiera evalúa de forma explícita el impacto que la reforma de las pensiones tendrá sobre el devenir futuro de las cuentas públicas españolas y tampoco reporta las eventuales desviaciones que se podrían producir en la ejecución de los fondos europeos.

El texto, de 114 páginas y un sinfín de cifras e indicadores, sabe sin embargo muy bien a quién se dirige y es capaz de extraer un recorte de 1.800 millones de euros en el gasto estructural de las Administraciones Públicas españolas  de los que son los Presupuestos más expansivos y con mayor gasto público de la historia. Resulta que la Administración del Estado va a gastar como nunca en el año 2022, va a cubrir los gastos impropios de la Seguridad Social con una transferencia de 36.000 millones de euros y también va a transferir recursos extra a las comunidades autónomas y las corporaciones locales para que éstas cubran sus necesidades de financiación, y de esa manera, al parecer, no sólo va a conseguir defender el pabellón del Presupuesto con más gasto de la historia al tiempo que proporciona al resto de los sectores de la administración el colchón necesario para que reduzcan sus desequilibrios presupuestarios. Está por ver si la maniobra es eficiente desde el punto de vista económica, pero de momento para el relato oficial resulta útil.

Desde hace ya un par de años, el Plan Presupuestario del Gobierno no tiene que dar explicaciones sobre las incómodas y recalcitrantes desviaciones respecto a sus objetivos de déficit en las que incurre el Reino de España - este año 2021 volverá a pasar, por cierto, ya que el Ejecutivo estimó que cerraría el ejercicio con un déficit del 7,7% y ya en abril dijo que éste se iría al 8,4%- y sobre las medidas que va a poner en marcha al año siguiente para corregirles, y abre más el foco a lo que el país está haciendo para resolver estos desequilibrios a medio plazo. Y lo que el Ejecutivo ha vuelto a transmitir a Bruselas en el documento que le ha remitido este viernes es que su intención es abordar ese reequilibrio sin recortar partidas de gasto, confiando en que la recuperación económica haga su trabajo e intentando generar eso sí nuevos ingresos fiscales vía impuestos.

El Gobierno, ya lo advirtió, no ha incluido grandes reformas fiscales en su proyecto de Presupuestos para 2022, pero sí espera que este año las principales medidas tributarias adoptadas en los Presupuestos de 2021 desplieguen su mayor potencial recaudatorio. Así se lo ha trasladado a Bruselas, en parte también para justificar el crecimiento del 8,1% de los ingresos tributarios 'pintada' para 2022 que sucede al incremento del 13% que se previó para este año y que los propios avances de liquidación del Gobierno ya han avanzado que se incumplirá en más de 7.000 millones.

El Ministerio de Hacienda espera, por ejemplo, que la subida de dos puntos en el tipo del IRPF de las rentas del trabajo por encima de los 300.000 euros y de un punto en el tipo del IRPF de las rentas del ahorro por encima de 200.000 aprobada el año pasado genere el próximo año 346 millones de euros, frente a los 144 millones en retenciones que ha proporcionado este año. También espera ahorrarse 580 millones extra en el mismo impuesto por el recorte de 8.000 a 2.000 euros de la cuantía desgravable en las aportaciones a planes de pensiones individuales, una estimación que probablemente sea demasiado generosa a juzgar por el desplome que han experimentado las aportaciones a ese tipo de instrumentos de ahorro. Aunque si en algo confía el departamento de María Jesús Montero para generar ingresos extra es en los más de 1.300 millones de euros que generará la aplicación del tipo impositivo del 5% en el Impuesto de Sociedades sobre los dividendos recibidos de fuente extranjera.

El riesgo de los precios energéticos

La aportación extra de las medidas impositivas aprobadas en 2021, el incremento de las bases por la recuperación económica y otros efectos menos publicitados como los retornos derivados de los 26.000 millones de euros procedentes de Europa e inyectados en la economía o el efecto de la inflación, cuyo impacto positivo sobre los ingresos reconoce el Gobierno en el informe remitido este viernes a la Comisión Europea, deberían bastar a juicio de Moncloa para apuntalar las cuentas públicas del año que viene.

Pero el Gobierno también apunta la crisis por los precios de la energía como una de las principales amenazas a las que se enfrenta no sólo las cuentas públicas sino la propia economía española el año que viene. El análisis que ha realizado el área económica del Gobierno subraya que la espiral inflacionista en el mercado de la energía "viene introduciendo presiones sobre los precios en los últimos meses" y ha puesto de manifiesto "cuellos de botella o distorsiones en las cadenas de suministros que podrían llegar a suponer ajustes". La ministra de Hacienda ya se curó en salud en la presentación de Presupuestos y aseguró que las cuentas públicas disponían de holgura suficiente para digerir una persistencia de estas tensiones.