Nada nuevo tras la reunión celebrada este martes entre los socios del Gobierno para redefinir su postura sobre la reforma laboral. El PSOE y Unidas Podemos se han limitado a cumplir con lo ya pactado en el acuerdo de coalición y con lo que se ha comprometido con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación: se retocarán algunos aspectos de la reforma laboral del PP, pero no se derogará esa legislación de forma íntegra. Así se extrae del comunicado remitido por Moncloa tras la reunión presidida por Pedro Sánchez, a la que han acudido las vicepresidentas Yolanda Díaz y Nadia Calviño, además de los titulares de Seguridad Social, Hacienda y Educación, también implicados en la negociación de esta reforma.
El jefe del Ejecutivo ha zanjado así el duelo abierto entre Calviño, como vicepresidenta económica e interlocutora principal con Bruselas, y Díaz, vicepresidenta segunda y responsable del área laboral. En la reunión "se ha constatado que el Gobierno está comprometido con la derogación de la reforma laboral de 2012 en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea", reza el comunicado de Moncloa. Es decir, que los socios reiteran su intención de retocar algunos aspectos de la legislación del PP, para "disponer de herramientas equilibradas en la negociación colectiva" y "establecer condiciones claras para la subcontratación", por ejemplo, pero sin entrar en asuntos más espinosos como la indemnización por despido, uno de los puntos que más precarizaron las relaciones laborales de la reforma de 2012.
En el comunicado, el Gobierno señala a la temporalidad y a la precariedad como "las principales anomalías" del mercado laboral, junto con el paro, y se compromete a "dejarlas atrás". Sin embargo, no especifica el contenido concreto de las reformas que permitirán cumplir ese objetivo. Hay que recordar que una de las medidas más polémicas incluidas en los borradores de Yolanda Díaz implica la limitación a un máximo del 15% de la plantilla temporal de las empresas, un porcentaje que no se cita en el comunicado de Moncloa. Tampoco se especifican otros aspectos del contenido de la reforma, como el modo en el que se va a "equilibrar" la negociación colectiva o las nuevas condiciones que se van a imponer a la subcontratación.
Nada nuevo, por tanto, tras la reunión mantenida este martes entre los departamentos implicados en la reforma, al menos en lo que se refiere al contenido. Yolanda Díaz quería arrancar un posicionamiento más claro de Pedro Sánchez al respecto y llevar a Calviño a su terreno, pero de la información que traslada Moncloa solo se deduce que el Gobierno va a cumplir con lo pactado a finales de 2019 y con lo que contempla el Plan de Recuperación, como ha venido defendiendo la vicepresidenta económica. El quid de la cuestión vuelve a estar en los términos. De nuevo, aparece el término "derogar", pero se especifica que lo que se van a modificar son los aspectos pactados en esos acuerdos, de modo que en ningún caso se está hablando de una derogación total de la norma -algo que, por otro lado, ya se daba por descartado desde hace meses-.
El Gobierno se compromete a aprobar, antes de que acabe el año, "una legislación moderna que revise los desequilibrios de la reforma de 2012 y deje atrás los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo, continuando la senda que ya hemos iniciado con la derogación del artículo 52.d que permitía el despido por baja médica -que, hay que aclarar, estaba en la legislación antes de la reforma del PP- , los reglamentos de igualdad, los ERTE, la Ley Rider o el trabajo a distancia". Pero esto debe producirse "sobre la base del trabajo realizado por los agentes sociales hasta el momento" y con "un acuerdo con todas las partes justo y equilibrado". De este modo, el Gobierno busca sumar al pacto a la patronal, porque esa voluntad "es la mejor garantía de obtener una reforma duradera" como pide Bruselas.
Así, los socios de la coalición condicionan la consecución de su contrarreforma laboral a un acuerdo tripartito en el que no solo estén los sindicatos, sino también los empresarios. Si bien la terminología vuelve a ser relevante en el comunicado gubernamental: se habla de "buscar" ese acuerdo, en definitiva, de una "voluntad". Esto es así porque la modificación del marco legislativo laboral debe estar aprobada sí o sí antes de que finalice el año, tal y como se ha comprometido con la Comisión Europea para poder acceder a los fondos de recuperación, de modo que el Gobierno está obligado a legislar en esta materia aunque no consiga el respaldo de todos los agentes sociales. Aunque no hay que olvidar que Bruselas ha reiterado en numerosas ocasiones la importancia de que reformas de este calado cuenten con consenso social para que sean duraderas en el tiempo.
Si puede achacarse una victoria a Yolanda Díaz tras la reunión de este martes, que se produce después de que Calviño pidiese entrar en la mesa de negociación de la reforma laboral -algo que, por cierto, ha conseguido- es el hecho de que el comunicado de Moncloa incluya el verbo "derogar". Este mismo lunes, el presidente Pedro Sánchez evitaba utilizar ese término y reiteraba su posición acerca de reconstruir "algunas cosas" de las que cree que se hicieron mal en la reforma aprobada en 2012 por el Gobierno del PP, una postura compartida por Calviño. El complejo juego de equilibrios en esta materia ha resuelto el conflicto entre los socios de la coalición a favor de la derogación, pero solo de los aspectos ya pactados entre PSOE y UP.
El contenido de los acuerdos
Se refieren, por tanto, a retocar el esquema de negociación colectiva para recuperar la ultraactividad de los convenios y la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa; a limitar la subcontratación a servicios ajenos a la actividad principal de la empresa y la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte del empresario; así como a revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves. Además, esos acuerdos contemplan la simplificación del menú de contratos de trabajo y la reducción de la temporalidad, favoreciendo el uso del contrato fijo-discontinuo, así como la revisión de las causas de despido.
Esos son los principales aspectos incluidos tanto en el acuerdo de coalición como en el Plan de Recuperación, si bien están pendientes de concretarse en la mesa de diálogo con la patronal y los sindicatos. De este modo, el objetivo continúa siendo la derogación de algunos aspectos de la reforma de 2012, pero no de su totalidad, al no entrar, por ejemplo, en temas como la indemnización por despido, que el PP redujo de manera considerable con esa reforma que aprobó de manera unilateral durante la crisis financiera. En paralelo, se pretenden introducir novedades en ese Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI, como el nuevo mecanismo de sostenibilidad del empleo que vendrá a acompañar a los ERTE en el marco legislativo para favorecer la flexibilidad interna en las empresas.
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