Banco Santander mueve hilos en Bruselas mientras se plantea dar la batalla judicial al Gobierno por el nuevo impuesto que gravará sus beneficios de los ejercicios 2022 y 2023. Según ha podido saber La Información, la entidad que preside Ana Botín está manteniendo reuniones de alto nivel con representantes de la Comisión Europea e intensificando la labor de lobby en distintos ámbitos para presionar a las autoridades en defensa de los intereses del sector financiero patrio, particularmente preocupado en estos momentos por el gravamen que aprobó la semana pasada el Congreso de los Diputados y que ya está camino del Senado.
Representantes del banco mantuvieron una reunión en Bruselas a mediados del pasado mes de noviembre con Mirzha De Manuel, miembro del gabinete del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis. Según la información aportada por la entidad al registro comunitario en el que queda constancia de los contactos que mantienen los lobistas en instancias europeas, en el meeting se abordó desde la situación y las perspectivas económicas a las prioridades en materia de política económica y social o los planes de recuperación y resiliencia.
Botín intensifica así la actividad de lobby en la capital belga, donde su equipo ha mantenido una docena de reuniones en lo que va de año, la mayoría concentradas en este segundo semestre, coincidiendo con un momento en el que los servicios jurídicos de las principales entidades financieras están estudiando la posibilidad de recurrir el impuesto en los tribunales, también los del Santander. "En estos momentos están todas las opciones abiertas, no descartamos nada, pero, en cualquier caso, el recurso debe hacerse cuando se pague", indican fuentes del banco consultadas por este medio.
El sector en su conjunto, a través de la Asociación Española de Banca (AEB), está volcado en esta estrategia de presión para intentar frenar o suavizar el impuesto, que está todavía en tramitación. Y la primera que está empleando su influencia en Europa es la propia Botín, quien, como presidenta de la Federación Europea de Banca (EBF, por sus siglas en inglés), está usando su influencia en defensa de los intereses del sector financiero patrio para tratar de tumbar el gravamen.
Otras entidades como BBVA también han intensificado su agenda de reuniones con altos cargos de la Comisión Europea desde finales de verano, coincidiendo con el inicio de la tramitación parlamentaria del impuesto. En este sentido, desde el sector no ocultan que están llevando a cabo "una intensa actividad de lobby en Bruselas", aprovechando "todos los canales disponibles". La primera plataforma de la que hizo uso la AEB fue la CEOE y BusinessEurope, la patronal europea, que dirigió una carta a autoridades comunitarias en la que alertó del impacto sobre las empresas y la recuperación económica de las medidas extraordinarias adoptadas en distintos Estados miembros en materia impositiva, sobre las que los representantes de los empresarios europeos manifestaron su preocupación.
Tanto a través de la CEOE, como de la AEB y la EBF, así como de la propia Comisión Europea, los bancos están intensificando la labor de lobby para desactivar un gravamen que consideran que genera un problema de doble imposición, es contrario a los principios de igualdad y no discriminación y afectaría negativamente a la economía y el empleo. Y en paralelo, las entidades ya están preparando sus estrategias para recurrir en los tribunales el impuesto (la prestación patrimonial de carácter público de naturaleza no tributaria, nomen iuris que busca justificar que el gravamen nacional no supone un enmascaramiento de un supuesto de doble imposición).
"Genera un problema de doble imposición y es contrario a los principios de igualdad y no discriminación"
Hay que recordar que las patronales, más allá de presionar al Gobierno desde varios frentes para intentar que retire la medida, no pueden recurrirla en los tribunales por no ser un sujeto pasivo del impuesto, por ello, dependerá de la decisión que tomen los bancos. Y algunas entidades ya han anunciado de manera contundente que lo recurrirán, como es el caso de Bankinter. "Al día siguiente de pagarlo, lo vamos a recurrir", ha asegurado públicamente su consejera delegada, María Dolores Dancausa. "Si tiene elementos que en nuestra responsabilidad fiduciaria entendemos que no es conforme a derecho, nuestra obligación como gestores será recurrirlo", avanzó en el mismo foro el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.
Desde Banco Sabadell, su consejero delegado César González Bueno afirmó que "las razones contra el impuesto son objetivas" y defendió que "no se comprende muy bien la motivación" de un gravamen "construido mal y deprisa". Mientras, el director para España y Europa del Santander, António Simões, insistió en que la medida obligará a restringir el crédito en 50.000 millones de euros y es mala para la economía y las familias, para la competitividad y la confianza de los inversores en España. Y en términos similares se pronunció el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, quien advirtió de que el nuevo impuesto va a "dañar la capacidad de inversión del sistema bancario".
En mayor o menor medida, los bancos han venido avisando de que recurrirán el impuesto. La maquinaria jurídica está en marcha. Por ahora, los esfuerzos se concentran en intentar amortiguar su impacto, toda vez que la opción de frenarlo en la tramitación parlamentaria ya ha sido descartada por los lobistas del sector. La norma saldrá adelante, al igual que el tributo a las energéticas y el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. Y todo apunta a una ardua y duradera batalla en los tribunales.
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